El tribunal federal de Miami pospuso para el 2 de septiembre una crucial audiencia para ventilar las reclamaciones legales de cientos de cubanos que buscan regularizar su estatus legal tras ingresar a Estados Unidos con un documento I-220A.
La jueza Jacqueline Becerra, asignada al caso, informó el cambio de fecha. La vista oral debía celebrarse este miércoles 26 de agosto en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr, en el downtown de Miami.
La postergación es de solo una semana, posiblemente motivada por ajustes en el calendario de la jueza Becerra.
El abogado Mark Prada, que lidera la representación de los demandantes, restó importancia al cambio de fecha.
“Por alguna razón la jueza necesitaba un poco más tiempo, puede ser que otro caso se prolongó más de lo previsto, es algo que sucede con frecuencia en los tribunales a este nivel”, explicó Prada a CaféFuerte.
La demanda principal, presentada por 992 cubanos que recibieron un I-220A tras cruzar la frontera mexicana, se identifica como el caso Bello-Rubio vs Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y pudiera abrir las compuertas para destrabar la situación de alrededor de medio millón de personas que se encuentran actualmente atascados en un limbo legal en el país.
Pero la audiencia no se remite solo a esa demanda, sino que en realidad son tres casos con varias mociones pendientes, indicó Prada.
“La jueza quiere escuchar las mociones presentadas por el gobierno que pretenden desestimar las demandas y el gobierno está alegando que hay una falta de jurisdicción del tribunal para otorgar los remedios legales que estamos solicitando”, dijo el abogado.
Una de las mociones relacionadas con el caso Bello-Rubio pide la certificación para establecer una demanda colectiva (class action), de manera que la decisión pudiera favorecer a todos los cubanos beneficiarios del I-220A.
En esencia, la porfía en torno a las demandas de los cubanos estriba entre los intentos del gobierno de desestimar el litigio, y la petición de los demandantes para continuar con el caso y derivarlo en una acción colectiva. La litigación ha escalado en el tribunal desde agosto de 2025.
Para enfrentar a los representantes del gobierno, estarán junto a Prada, las abogadas Claudia Cañizares, de Canizares Law Group LLC, y Maitte Barrientos, de Servicios Legales de Caridades Católicas.
Un tema fundamental de la audiencia estará en la manera en que las autoridades decidieron procesar a los cubanos en el momento de au arribo a la frontera para pedir protección migratoria. Los demandantes alegan que al ser detenidos y destinados a procedimientos regulares de deportación debieron permanecer sometidos a una detención obligatoria, por lo que su liberación solo era razonable bajo el otorgamiento de un parole.
El debate sobre si el documento I-220A debe ser considerado un parole (formulario I-94) es clave, pues de validarse como tal daría luz verde para el procesamiento de todos los peticionarios bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
Los demandantes reclaman que el DHS debe modificar el criterio de que las personas con I-220A no fueron inspeccionadas, pues el otorgamiento del parole es la única razón legal para haberlos puesto en libertad en terrirtorio estadounidense.
Los argumentos de los representantes legales del gobierno cuestionan la falta de jurisdicción del trubunal para revisar decisiones relacionadas con la liberación de los detenidos en frontera, pues constituyen facultades discrecionales de los funcionarios encargados de aplicar la política migratoria en curso. El DHS también impugna que un documento I-220A pueda llegar a convertirse en parole de manera retroactiva por orden judicial.
El pasado octubre, la jueza Becerra rechazó la petición del Departamento de Justicia de suspender los casos mientras se resolvía otro litigio asociado los I-220A en el Tribunal de Apelaciones del Onceno Cuircuito, en Atlanta. En febrero, un panel de tres jueces del Onceno Circuito anuló los fallos de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) sobre dos ciudadanas cubanas con I-220A y devolvió ambos casos al organismo administrativo para que proceda a una nueva revisión legal.
En enero, también Prada encabezó una reclamación ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, pidiendo reconocer el I-220A como un registro de admisión en el país, La decisión está aun pendiente.
De cualquier manera, Prada considera que la audiencia ante Becerra debe verse como un capítulo más de una prolongado empeño por reivindicar los derechos migratorios de miles de cubanos, impedidos de solicitar su residencia permanente.
“Esta audiencia no será ni el principio ni el final de nada, simplemente hay que asumirlo como parte del proceso de lo que ya está ocurriendo”, opinó el abogado Willy Allen. “Pero es importante no crear una falsa expectativa de que todo va a solucionarse en esa jornada… No espero resultados finales, sino un buen paso intermedio para esclarecer el camino hacia la legalización de todos los cubanos con I-220A”.
La jueza Becerra a cargo de los casos es una cubanoamericana, hija de emigrantes cubanos. Creció y se formó en Hialeah. Obtuvo una maestría por la Universidad de Miami y, en 1994, se graduó de la Facultad de Leyes de la Universidad de Yale. Laboró como fiscal asociada en el Departamento de Justicia (1999-2002) y luego como magistrada en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida hasta su nombramiento como jueza federal en 2024, bajo la administración de Joe Biden.
DEMANDA DE CUBANOS CON I-220A/ CASO BELLO-RUBIO VS DHS
