El tribunal federal de Miami confirmó el 10 de septiembre como la nueva fecha fijada para abordar las demandas de cientos de cubanos que buscan legalizar su estatus migratorio tras ingresar a Estados Unidis con un documento I-220A.
La oficina de la jueza Jacqueline Becerra, quien tiene a su cargo al menos tres litigios vinculados a casos de I-220A, informó el cambio de fecha, causado por una moción interpuesta a última hora el bufete del abogado Eduardo Soto, que representa a una de las partes demandantes.
La postergación será de solo ocho días por ajustes en el calendario de la jueza Becerra. La vista oral que debía celebrarse este miércoles se traslada ahora para el 10 de septiembre, a las 8:30 am, en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr, en el downtown de Miami.
El abogado Mark Prada, que lidera la representación de cientos de demandantes en dos de los litigios, señaló que el cambio no debe ser motivo de preocupación.
“Por favor, no deben preocuparse demasiado por el aplazamiento de la audiencia. Es solo un asunto de gestión del calendario”, dijo Prada en un mensaje enviado a Café Fuerte.
Las tres demandas pendientes para ser ventiladas ante la jueza Becerra son:
- Bello-Rubio vs. Noem: Presentada por 992 cubanos que recibieron un I-220A tras cruzar la frontera mexicana.
- Morejón vs. Noem: Presentada para personas con órdenes de remoción expedita y otros asuntos.
- Echazábal-Verdecia vs Noem: Caso de I-220A representado por Eduardo Soto. Pospuesto hasta octubre.
Prada dijo que respecto a las dos primeras demandas no debería haber motivos para nuevos aplazamientos de la audiencia, a menos que se presente alguna emergencia.
Para enfrentar a los representantes del gobierno, estarán junto a Prada, las abogadas Claudia Cañizares, de Canizares Law Group LLC, y Maitte Barrientos, de Servicios Legales de Caridades Católicas.
Como reclamo fundamental, los demandantes buscan demostrar que a su arribo a la frontera para pedir protección migratoria y recibir un documento I-220A, el proceso debe ser considerado como una admisión, equivalente al otorgamiento de un parole. La demanda argumenta que al ser detenidos y destinados a procedimientos regulares de deportación debieron quedar en detención obligatoria, por lo que el único criterio razonable para haberlos puesto en libertad en territorio estadounidense es el parole (I-94).
El debate sobre este asunto es clave pues de validarse el I-220A como un parole se estaría pavimentando legalmente el camino para que los beneficiarios obtuvieran residencia permanernte bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
El gobierno ha solicitado desestimar las demandas y cuestiona la jurisdicción del tribunal federal para determinar la validez de un procedimiento administrativo.
La petición de los demandantes ante la jueza Becerra es continuar con el caso y derivarlo en una acción colectiva. La litigación ha permanecido activa en el tribunal desde agosto de 2025.
El pasado octubre, la jueza Becerra rechazó la petición del Departamento de Justicia de suspender los casos mientras se resolvía otro litigio asociado los I-220A en el Tribunal de Apelaciones del Onceno Cuircuito, en Atlanta. En febrero, un panel de tres jueces del Onceno Circuito anuló los fallos de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) sobre dos ciudadanas cubanas con I-220A y devolvió ambos casos al organismo administrativo para que proceda a una nueva revisión legal.
En enero, también Prada encabezó una reclamación ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, pidiendo reconocer el I-220A como un registro de admisión en el país, La decisión está aun pendiente.
Los abogados de los cubanos han insistido en que la audiencia pendiente ante Becerra debe asumirse como un escalón más de una prolongada batalla por reivindicar los derechos migratorios de miles de cubanos, impedidos de solicitar su residencia permanente.
Se calcula que alrededor de medio millón de cubanos con I-220A se encuentran actualmente atascados en un limbo legal en el país, sin poder procesar su petición de residencia permanente. Algunos casos de I-220A han sido deportados a Cuba y a terceros países en América Latina y Africa.
