Una jueza federal de Miami rechazó la petición del gobierno de desestimar una demanda presentada por cientos de cubanos que recibieron un documento I-220A al ingresar a Estados Unidos, y dio luz verde para que el caso continúe litigándose en los tribunales.
La decisión de la jueza cubanoamericana Jacqueline Becerra se produjo en una crucial audiencia que se extendió por alrededor de hora y media en una sala del edificio Wilkie D. Ferguson Jr, en el downtown de Miami, y que atrajo amplia atención por parte de personas afectadas, sus familiares y los medios locales.
“La jueza denegó la moción del gobierno para desestimar la demanda y determinó que sí tiene jurisdicción sobre el caso. Eso es lo más importante que ha sucedido hoy aquí”, dijo a la salida del tribunal el abogado Mark Prada, que lidera la representación legal de los demandantes.
Prada comentó a Café Fuerte que se ha conseguido “un resultado favorable”, pero dijo que queda aún mucho trabajo por delante.
“Hay mucho que hacer todavía pero el camino se está despejando para poder avanzar”, agregó el abogado. “Vamos a tener más audiencias pronto y la jueza va a emitir órdenes para que podamos argumentar la certificación de la demanda como una acción colectiva y para una protección legal que impida la deportación de las 992 personas involucradas en la demanda”.
Becerra debe emitir una orden por escrito en los días venideros en relación con temas pendientes en el proceso legal, y dio una semana a ambas partes para modificar algunos aspectos de procedimiento. Los representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrán que replantearse la solicitud de invalidar la demanda, algo que les fue negado en la audiencia.
La jueza fue incisiva en el interrogatorio a los representantes legales del gobierno, quienes trataron de demeritar los argumentos de la demanda y anular la facultad del tribunal para ventilar el caso y decidir acerca de las decisiones administrativas del DHS.
Por el momento, los demandantes han conseguido revitalizar su reclamo e impulsar el caso ante un tribunal, lo que constituye un significativo escalón legal a su favor. No hay decisiones finales, pero las compuertas se han entreabierto para litigar un posible alivio migratorio.
La litigación ha permanecido activa en el tribunal desde agosto de 2025, con un escabroso proceso de prórrogas y cambios de fecha.
La demanda fue presentada por un grupo de 992 cubanos que entraron a Estados Unidos y, tras entregarse a las autoridades, fueron liberados con un documento I-220A. Los demandantes argumentan que al ser detenidos y destinados a procedimientos regulares de deportación debieron quedar en detención obligatoria, por lo que el único criterio razonable para haberlos puesto en libertad en territorio estadounidense es el parole (I-94).
De aceptarse el I-220A como parole se estaría pavimentando legalmente el camino para que los beneficiarios obtuvieran residencia permanernte bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
“Nos enfocaremos en el punto de que todos son elegibles para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste “, reiteró Prada. “Hay muchos puntos que estarán en discusión en las próximas audiencias, pero creemos que tenemos una buena oportunidad para lograr una resolución beneficiosa del caso”.
Se estima que más de medio millón de cubanos con I-220A se encuentran actualmente atascados en un limbo legal en el país, sin poder procesar su petición de residencia permanente. Algunos casos de I-220A han sido deportados a Cuba y a terceros países en América Latina y Africa.
