La cacería
El combate de la tarde del 12 de julio de 2021 en las calles de La Güinera duró más de media hora. La protesta, en total, alrededor de dos o tres. Cuando los policías tomaron control de la avenida, comenzó una persecución desesperada. Cada vez se veían más camiones con refuerzos que llegaban para acompañar a los boinas negras que peinaban de cabo a rabo La Güinera en busca de fugitivos. Había policías de uniforme. Había muchos de civil, posiblemente miembros de la policía política. Había perros y drones. Los rebeldes dados a la fuga confiaban su carrera al conocimiento de las casitas que se acumulaban a ambos lados de las calles. Siguiéndoles los pasos, los policías pateaban portones de planchas de metal, trepaban a azoteas, echaban abajo puertas y sacaban a rastras y golpes a los fugitivos, entre gritos de mujeres y las quejas de los vecinos. En algunos vídeos, los de civil todavía van con piedras en la mano mientras extraen a un joven.
Por casa de Elizabeth la negra, allá abajo en El Pulguero, llegaron tirando tiros detrás de todo el mundo. A ella también le dieron tonfazos por asomarse a la puerta, según relata. Uno de sus hijos “se tiró de la azotea para un tendido eléctrico (por suerte no había corriente) y de ahí lo bajaron y cuando cayó se fracturó el pie en tres”.
A los otros, que salieron a defender a la madre, “los esposaron y les fueron dando golpes hasta que los montaron en el carro”.
La familia de Carlos Alberto observaba el movimiento de los antimotines desde el segundo piso de su casa, que quedaba casi llegando al triángulo, al final de la Avenida Güinera. Todos eran jóvenes veinteañeros, a los que se habían sumado algunos adolescentes que habían corrido a refugiarse allí. Filmaban lo que veían: las hileras de boinas negras con rifles que parecían de película, ocupando la avenida mientras dejaban un metro de distancia entre uno y otro. Filmaban los perros, también al odiado jefe de sector de la zona, apodado “El chiquitico”.
Carlos Alberto estaba sentado con los pies para afuera en un muro sin terminar que tení z la placa al lado de la escalera. De pronto ven a un policía que se acerca y su concuño, Jesús Ramón Rodríguez Pérez, le grita: “¿Buenas tardes, van a repartir comida?”. El policía no responde. Después, fueron los pasos precipitados en la escalera. Los puñetazos en la puerta. El vómito de la cuñada de Carlos que estaba embarazada y finalmente los golpes. Le dieron tanto a Carlos, cuenta su madre, Livia Pérez, que tuvo convulsiones y sangró tanto por la boca, que parecía que le habían sacado los dientes. Después fue la cárcel.
A Amalio lo cogieron en la calle C. Esperanza, su hermana, no estaba ahí, pero le contaron eso. Durante un mes, Esperanza lo buscó por estaciones de policías y hospitales sin que nadie le dijera a ciencia cierta adónde se lo habían llevado. Finalmente supo que lo habían trasladado primero al correccional “Ivanov”, en el Cotorro, adonde habían conducido también, provisionalmente, a muchos manifestantes del 11 y 12 de julio. Como recuerdo de los golpes, Cachimba tuvo por bastante tiempo la marca de una bota en su frente.
El centro de detención “Ivanov”, llamada Jóvenes del Cotorro, fue célebre por las denuncias de tortura y tratos degradantes que, de manera independiente, hicieran varios manifestantes del 11 y 12J conducidos allí (el testimonio escrito del activista Leonardo Romero Negrín por ejemplo, es muy elocuente). Uno de los suplicios recibe el nombre de “Somatón” y consiste en hacer pasar al detenido entre dos hileras de policías que te van golpeando con tonfas, cables enrollados o lo que encuentren. Eso ocurre, independientemente de las golpizas de recibimiento, solo para “ablandar” a los cautivos. Refieren también las víctimas que los carceleros arrodillaban o maniataban a los presos y, bajo golpes y amenazas, les obligaban a gritar “Viva la Revolución” o “Viva Fidel”. A Elier Padrón Romero, me contó llorando su madre, Noraidys Romero, en 2022, después de desmayarlo a golpes en El Capri, lo llevaron para la Ivanov, donde le suministraron el mismo tratamiento que declaran otros encarcelados, en su caso, poniéndole una pistola en la cabeza y amenazando con desaparecerlo si no gritaba aquello que es correcto decir. No fue sino hasta después de tres meses que pudieron verlo.
Fredy Beirut, de 64 años, también conoció el “somatón” de la Ivanov, mientras a su hijo en Guantánamo le rompían una costilla y a su nieto de 18 años lo hacían vomitar de los golpes en la cabeza. De la niña de 16 años, también arrestada en Guantánamo, no supieron nada por tres días. “Si es menor de edad, ¿quién la mandó a estar allí?”, me contó ella –acompañada de su abuela– que le preguntó una policía en la estación adonde los llevaron. En esa unidad de la policía del oriente, me dijo la muchacha, habían obligado a los hombres a desnudarse y a pasar por delante de las mujeres (incluido su padre) mientras un policía los filmaba. Cuando hablé con ella en 2022, la joven ya había intentado suicidarse dos veces: la primera cortándose las venas, la segunda tomando carbamacepina. Todavía su padre y hermano estaban presos. Ella y su abuela Zoila Rodríguez tenían a casi todo el mundo preso en ese momento.
Esas madres, hijas, padres, gente de pueblo, sin ninguna relación con la política, sin ninguna preparación para lidiar con el aparato de inteligencia que se les vino encima, y con poca ayuda, tuvieron que asumir la defensa de sus hijos en la única dimensión social que les queda a quienes desafían el poder autoritario de un Estado policial: el espacio público.
La justicia
El poder judicial en Cuba no está desligado del político. Para quienes defienden la democracia, este es uno de los principales obstáculos en el camino hacia ella: la voluntad de la clase política dominante se consuma no solo en la creación e implementación de leyes, sino, principalmente, en la inobservancia inmune de las mismas. Cuando les conviene (nos consta de primera mano), leyes son inventadas y acusaciones sostenidas por el simple hecho, digamos, de poner un girasol en la ventana de un amigo en huelga de hambre. Cuando responde a sus intereses, pasan por alto cualquier infracción de un correligionario.
No nos sorprenderá, entonces, la parcialidad de los tribunales hacia la Fiscalía. Sí la manera tosca y confiada en que esto ocurrió. De este aplomo tendencioso dan cuenta las parrafadas que escriben los jueces en las sentencias, donde, al igual que en los informes de la Fiscalía, evocan el compromiso revolucionario como premisa.
En verdad, el primer obstáculo para dilucidar los hechos según la narración de la Justicia es el lenguaje. Una sintaxis agotadora hilvana conceptos y hasta acciones que son difíciles de seguir porque tienen una colocación y un significado muy impreciso. El gerundio es la forma verbal de preferencia para enturbiar todo lo que está pasando, ya sea con una referencia al pasado que se confunde con un móvil, o con un encadenamiento de hechos desfasados.
Esto, se pensará erróneamente, se debe solo a la impericia verbal de quienes escriben. Pero lo cierto es que el estilo nunca es falaz. Un misionero del lenguaje como George Orwell, diría que mienten solo por su estilo. Prueba de que sí tienen una inclinación verbal, sea o no consciente, fue la prohibición de una jueza a la costumbre de los testigos de La Güinera de referir los acontecimientos dividiendo los bandos en “la policía” y “el pueblo”. Errónea expresión, determinaría la jueza, porque “la policía es parte del pueblo”. También, curiosamente, los acusadores encontraron delatora la expresión de Odet Hernández y tantos otros para referirse a los funcionarios del Estado y demás representantes del Poder, como “los comunistas”. Encontraron despectivo, no descriptivo, este calificador nominalizado.
Seis grupos armaron con los más de 100 acusados de La Güinera. En las seis conclusiones de la Fiscalía correspondientes a cada grupo, los hechos son inexactos, a veces irreales, siempre incomprensibles. Abundan las discordancias cronológicas. Por ejemplo: el episodio de los Carmelos o, también llamado “de los comunistas”, ocurre siempre después del lanzamiento de cocteles Molotov o piedras. Solo en uno de los seis grupos se mencionará el uso de la fuerza letal por parte de la policía y se justificará lacónicamente: “Se vieron obligados a disparar para proteger su integridad física,” (Expediente Fiscal Preparatorio/ EFP 145D-21). Los convencidos jueces aceptaron tanto el relato de los policías sobre el asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, como el hecho de que los funcionarios y vecinos oficialistas se hubieran presentado en la Loma para “intentar de manera infructuosa persuadir [a los manifestantes] y convencerlos de buscar otro espacio para dialogar”.
Pero el interés político no solo predispone el voto de los jueces, sino que determina el curso de la investigación a seguir. Más empeñados en adaptarse a la narrativa oficial que en descubrir la verdad, los fiscales y jueces justificaron el estallido social según las exigencias de la propaganda.
En el relato oficialista, el pueblo de Cuba resiste y apoya casi completamente la Revolución. Por tanto, el espectáculo de miles de cubanos en las calles pidiendo espontáneamente su fin, simplemente, no puede existir. Desde los medios oficiales se ha tratado de disminuir la cifra, pero sobre todo se ha tratado de anular la voluntad de ese pueblo. Al ser inconcebible la oposición espontánea en el esquema político, se echa mano del viejo recurso de la acusación de mercenarismo que se utiliza para los disidentes. Este ardid no sólo despoja de fuerza moral y determinación a la persona, sino que sobre todo sitúa la adversidad fuera de Cuba: en la narrativa oficialista, el deseo contrarrevolucionario, las ganas de que se acabe el comunismo y rija la democracia en la isla, pertenecen solo al exterior. Es Estados Unidos quien se opone a la Revolución, no un cubano con derechos. Desde luego que aplicar esta fórmula a una multitud de cubanos sin lazos entre ellos, ni actividad política cotidiana, ni relación con un gobierno extranjero, es tentar la lógica. Mal que mal, los de la oficialidad han hecho lo posible.
El 13 de julio de 2021, el gobierno de Cuba habló largamente por primera vez sobre los acontecimientos en la voz del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. En una conferencia de prensa llamada «Sobre la situación actual y la agresión incrementada del gobierno de los Estados Unidos», el ministro aclaró que «el 11 de julio hubo disturbios, hubo desórdenes, en una escala muy limitada”, no un estallido social. Aún así, el comportamiento de esos cubanos desordenados no había sido idea de ellos: “Acuso al gobierno de Estados Unidos de estar implicado directamente y de tener grave responsabilidad en los incidentes que ocurrieron el 11 de julio”.
Según el canciller cubano, el enemigo arreglaba campañas mediáticas desde el exterior que penetraron la mente de los débiles. Un grupo pequeño de medios de comunicación de Florida “manejan la narrativa, engañan a la gente, confunden, mueven a los ingenuos, influyen en quienes no tienen la capacidad de confirmar esa información o de obtener esa información independiente y veraz, aprovechan la ingenuidad y la juventud, aprovechan la empatía emocional con que las personas acceden a las redes digitales”. Es decir, los cubanos que habían salido a la calle el 11 y 12 de julio ni fueron tantos, ni fueron pacíficos, ni mucho menos lo hicieron conscientemente, sino que, aunque ellos no lo supieran en ese momento, estaban afectados por su confundido inconsciente expuesto a la internet (más adelante, el régimen lanzará un documental psicológico-propagandístico al respecto).
“Causa asombro y repugnancia escuchar a políticos y medios de prensa repetir sin recato que en Cuba tiene lugar un estallido popular: es una operación política; es un agresión del gobierno de Estados Unidos, que hoy no necesita misiles (…) [porque] ha creado un comando especial para la guerra cibernética” –reveló el canciller en la conferencia de prensa -.
Los responsables de impartir justicia, se dieron a la tarea, entonces, de aplicar esta narrativa a la realidad.
Todas las peticiones fiscales repiten lo mismo: “En horas de la tarde del 12 de julio de 2021, [los acusados] decidieron seguir las reiteradas exhortaciones divulgadas por las redes sociales, que incitaban al pueblo de Cuba a manifestarse violenta y simultáneamente en diferentes localidades y desconocer la autoridad de instituciones estatales cubanas, con el propósito de alterar el orden socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba”. (EPF 145D-21)
Puestos a la tarea de encontrar al amo extranjero, los investigadores se enfrascaron también en la revisión minuciosa de teléfonos celulares que ofrecieran cualquier pista. Así, los sms que Katia Beirut o Roberto Pérez Ortega enviaron a alguna amistad en el exterior hablando de la situación y de la reacción del gobierno de Estados Unidos, fueron encontrados como elementos de culpabilidad. De entre todos, el caso de Wilmer Moreno (Mistr Will) es el más alarmante. Esto es lo que cuenta la Fiscalía:
“El acusado asegurado WILMER MORENO SUAREZ, quien reside en el reparto Güinera, Municipio Arroyo Naranjo, recibía en los Estudios Odisea, para promover su trabajo de cantante, arreglista musical y compositor independiente, de parte del ciudadano cubano residente en los Estados Unidos, Rolando Regata, la suma de 240 USD mensuales. Entre los días 8 y 9 de julio de 2021, este contactó vía WhatsApp con el acusado MORENO SUAREZ, informándole que ese fin de semana se iban a suscitar disturbios en toda La Habana, le exigió que debía asumir el liderazgo de la que ocurriría en la barriada de La Güinera, que formara un grupo que replicara la convocatoria, y para ello le mencionó toda la inversión que él había hecho en su carrera y la condición que tenía de productor musical, con lo que el acusado estuvo de acuerdo y ofreció su consentimiento para formar parte en lo que se estaba gestando.
“Por ello, el 12 de julio en horas del mediodía, el acusado WILMER MORENO SUAREZ, contactó con el también acusado asegurado ROBERTO PEREZ ORTEGA, quien reside en la propia barriada y le contó todos los pormenores a los que había llegado con Rolando Regata y lo convidó a participar en los actos que se ejecutarían, con lo que este último mostró igualmente su conformidad para participar”.
Como debemos esperar, esa conversación que describe la Fiscalía, nunca fue presentada en el juicio. Apenas se echó mano de un audio entusiasmado por la rebelión popular que Regata manda a Mistr Will, después del 11 de julio, donde lo conmina a salir a la calle. No arriesgamos mucho al concluir que la comunicación de un plan previo nunca existió. No solo porque así nos lo han jurado el propio Regata, Wilmer y sus familiares, sino porque, de existir, sería la prueba vibrante de que el estallido popular del 11 y 12 de julio de 2021 fue un complot controlado directamente desde Estados Unidos. No podríamos imaginar cuántos “Programas especiales de la Televisión Cubana” con música de suspense, cuántas comparecencias de oficiales investigadores, cuántos discursos y protestas en la arena internacional, hubiera generado el menor indicio de que las protestas del 11J fueron, como afirma la propaganda, un plan curado desde el exterior y no la muestra elocuente y espontánea del descontento popular.
Rolando Regata (aka Reggal) nos ofrece su versión: él, como Wilmer y Robbie, es simplemente un joven que sueña con el éxito del reguetón, allá en Estados Unidos. Colaboraban en temas, cantaban juntos cuando él venía a Cuba. Los estudios Odisea, dirigidos por “Abdel la esencia”, no son otra cosa que uno de los centros que conforman El Paquete Semanal (el grupo de materiales audiovisuales que los cubanos compramos y vemos offline). Como sabemos, en El Paquete se promueven muchos exponentes del género urbano que pagan por la publicidad. Ese era el propósito del dinero que les enviaba Reggal, de vez en cuando: para promover sus temas y los de Will. El mensaje del día 11 fue simplemente una comunicación efusiva de alguien que se entusiasmó con el estallido popular. Los días 8 y 9 de julio no imaginaba lo que iba a ocurrir.
Por ser considerados líderes de la manifestación en La Güinera, Wilmer Moreno y Roberto Pérez Ortega extinguen una sanción de 18 y 17 años, respectivamente, en el Combinado del Este de La Habana. También se les culpó de tirar piedras a la policía, aunque no parece haber pruebas definitivas al respecto.
Solo un encausado de La Güinera habla con un amigo del exterior sobre una posible intervención militar de Estados Unidos y lo hace después de la experiencia de represión violenta que ha vivido: “Necesitamos intervención militar —escribe— porque esto es un genocidio, porque nos están tirando a nosotros que estamos desarmados…”.
Las irregularidades de los procesos penales son numerosas: en no pocos casos (como el de Brusnelvis Cabrera) la participación de los acusados en la protesta solo se pudo establecer como “probable”, según los rasgos fisiológicos estudiados en las imágenes. No obstante, fueron condenados. Hubo largos castigos de cárcel para personas con condiciones neurológicas que afectan el comportamiento, como Walnier Aguilar Rivera y Dayron Martín Rodriguez, o enfermos como Amalio.
Pero el proceso más exorbitante quizás haya sido el de Roberto Ferrer Gener.
Desde hace unos 12 años Roberto Ferrer es opositor. Ha pertenecido a varios grupos y en la actualidad es miembro del llamado Partido Neo-Católico Cubano. Desde luego, es víctima del acoso de la policía política. Hay vídeos con sus denuncias en las redes donde se comprueba, sobre todo, la precariedad de sus condiciones de vida. Aunque tiene su dirección en La Güinera, hace bastante que no paraba allí, sino en casa de su esposa en La Palma.
Bien hubiera querido, seguramente, Roberto, incorporarse a la protesta del día 12 de julio en su barrio. Pero se lo impidió algo que, después de todo, constituye la mejor coartada que puede desear un sospechoso: el 12 de julio de 2021, Roberto Ferrer Gener estaba preso. Lo habían encarcelado bajo la acusación de haber participado en las protestas del día anterior en el municipio 10 de Octubre. No amedrentó este hecho, sin embargo, a sus fiscales, para inculparlo por las manifestaciones del 12. En un movimiento rocambolesco, lo exoneran de la acusación del 11 y pasan a culparlo de algo peor.
Así dice la Fiscalía y los jueces aceptan como “hecho probado”:
El acusado ROBERTO FERRER TAMAYO [sic], en pos de alcanzar la desestabilización del orden social y político establecido en la nación cubana dado su manifiesto desacuerdo con el proceso revolucionario, el día 10 de julio de 2021, pasadas las 7 de la noche, en ocasión de discurrir por la calle Atlanta, localidad La Palma, municipio capitalino de Arroyo Naranjo, divisó e interceptó al coacusado [nombre] a quien le propuso (…) participar de una concentración de personas que se llevaría a cabo en la localidad de la Güinera, enclavada en el propio municipio de Arroyo Naranjo, en la que, y a cambio de recibir la cantidad de 1500 pesos como pago, tenía que gritar consignas en detrimento de la revolución cubana y lanzar piedras a efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria, así como arengar para que otras personas se sumaran a la misma“ (sentencia 6 de 2022).
El mentado “coacusado” (cuyo nombre omitimos) era un muchacho de 18 años, residente en Víbora Park, quien, supuestamente, y también por escrito en la sentencia, supo de los sucesos de La Güinera a las 5 pm del 12 de julio. A esa hora consiguió un transporte de Víbora Park a La Güinera, llegó a tiempo para tirar piedras y, pese a que no lo capturaron, se presentó en la policía el día siguiente para inculpar a Roberto y a sí mismo. El opositor Roberto Ferrer, en cambio, alega no conocerlo de nada. Nunca lo ha visto en su vida.
Comencemos a deslindar entuertos. Tenemos, en primer lugar, que un tribunal ha dado como bueno el solo testimonio de una persona contra otra: un adolescente de Víbora Park de 18 años que se presenta voluntariamente en una estación de la policía, dice que tiró piedras el día 12 en La Güinera y que lo hizo porque el opositor Roberto Ferrer Gener le ofreció dinero el día 10 de julio para que participara en el levantamiento que ocurría dos días después en un barrio que no era el suyo. El tribunal considera muy creíble todo lo que dice el adolescente, lo exonera a él de cumplir una condena en prisión (“con internamiento”) debido a su honestidad y condena a Ferrer a 15 años de cárcel por el cargo de “Otros actos contra la Seguridad del Estado en relación con el delito de sedición”.
Vale la pena copiar cómo justifican los jueces su decisión (es necesario aclarar que el apellido de Ferrer Gener es transformado distraídamente en esta sentencia al de “Ferrer Tamayo”, pero sus señas, hechos y familiares, coinciden con el resto de los documentos que lo nombran correctamente “Ferrer Gener”):
Las declaraciones del muchacho “se sostienen –razonan los jueces– no solo porque no minimiza su actuar criminal o se vislumbran razones para perjudicarlo, sino porque reveló detalles específicos y únicos de cómo fue contactado por FERRER TAMAYO [sic], al que ya conocía con anterioridad, lugar, día y qué le propuso específicamente realizar a cambio de compensación dineraria” (sentencia 6 de 2022, causa 14 de 2021).
“Al ser contrastado —continúan los jueces— con la información que de este reo [Roberto] se aporta (…) y ficha bibliográfica de persona contraria al proceso revolucionario, se verifica que ciertamente se trata de un sujeto que militó en la organización contrarrevolucionaria “UNPACU” y que se mantiene como persona desafecta al régimen político, económico y social vigente en el país que continúa en su vivienda realizando reuniones a la que acuden sujetos con iguales posiciones, de ahí que lo dicho por [nombre del muchacho] se soporte (…) Además, y reiteramos, no se aprecian razones para que lo inculpe atribuyéndole un actuar que no realizó, ni siquiera ello fue alegado por el FERRER TAMAYO. Es así que se ha demostrado con amplios reportajes en los medios de comunicación nacionales, que este es un modo de actuar clásico de los que integran la mal llamada oposición cubana, el reclutamiento de jóvenes de barrios humildes como el [nombre del muchacho] para realizar eventos violentos contra nuestras autoridades y así pretender fracturar el orden constitucional vigente”.
Es decir, el tribunal justifica su credulidad porque el muchacho no tenía razones visibles para presentarse voluntariamente a declarar y, sobre todo, porque el acusado es miembro de la “mal llamada oposición”, grupo que suele reclutar jóvenes para hacer sabotajes como dice la televisión.
No se consideró la posibilidad de que este adolescente, atrapado quizás en La Güinera, haya sido coaccionado por sus verdugos para acusar falsamente a Ferrer. Tampoco se ha abrazado el enjundioso contenido que este hallazgo aporta a los medios masivos de comunicación: con esta sentencia se habría probado una vez más la hipótesis lanzada por el Canciller de que los “desórdenes” del 11 y 12-J fueron un plan urdido por contrarrevolucionarios relacionados con el exterior. Por lo pronto tendríamos que un reguetonero de Miami y un miembro del Partido Neo-Católico Cubano eran parte del complot que provocó el 11-J.
Pero el infortunado proceso de Roberto Ferrer Gener no termina aquí. Unos meses más tarde, cuando se realiza el juicio de casación (que es otra oportunidad que la ley otorga a los inculpados para revisar su causa), el adolescente de 18 años que acusó a Roberto se retracta en su alegato final, dice que ha mentido y le pide perdón. Este acontecimiento, sin embargo, dejó impasibles a los convencidos jueces, quienes ratificaron la condena.
La redacción de esta sentencia es especialmente opaca. En una parrafada sin puntos, donde el sujeto de la acción va cambiando sin previo aviso, así lo justifican:
Las apelaciones de casación “no pueden prosperar pues (…) las propias declaraciones de los acusados corroboran su participación en los hechos (…) incluyendo … la declaración del no recurrente [nombre del muchacho] que acertadamente tuvo en cuenta el tribunal sentenciador pues no puede obviar el valor probatorio de la declaración que había brindado y ratificado en juicio oral detallando los pormenores de su participación y la implicación de FERRER GENER en los hechos por retractarse de su dicho” (sentencia número 5-2022-0575-2715).
Arreglada la oración: el tribunal de la casación considera acertada la sentencia anterior de Ferrer porque no puede obviar el “valor probatorio” de la declaración primera del adolescente por el simple hecho de que éste se haya retractado de su dicho. Este mentado “valor probatorio” sería que el joven no tendría motivos para inculparlo falsamente e inculparse a sí mismo y que ofreció “detalles” de la conversación que sostuviera el 10 de julio con Ferre.
En una apelación final, el desesperado abogado de Ferrer escribe: “El único elemento de prueba interesado por la fiscalía contra mi representado era la declaración del coacusado [nombre], quien (…) en su derecho de última palabra se retractó de lo dicho, exculpando a FERRER —como reconoce el Tribunal de Casación —. ¡Punto!”, sin recibir otra respuesta. Hoy Roberto Ferrer Gener extingue una pena de 15 años en el Combinado del Este por “Otros actos contra la Seguridad del Estado en relación con el delito de sedición”.
La figura de “Sedición”, definida en el Código Penal del momento (y que reproduce el actual), apuntaba a “los que, tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia [o sin ella], perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes”, y contempla penas desde 10 años de privación de libertad hasta la pena de muerte. Según la asociación de abogados independiente Cubalex, el objetivo fue y es “criminalizar el descontento social”.
Iniciativas como Justicia 11J y Prisoners Defenders se dedican a contabilizar y dar seguimiento a los presos políticos cubanos. Según esta última, en La Güinera hubo al menos 107 condenados por sedición. Voceros oficiales del gobierno de Cuba suelen caracterizarlos como “elementos antisociales y delincuenciales”, pero lo cierto es que menos del 20 % tenía antecedentes penales.
Por razones de protección y seguridad, el nombre de un participante citado en este reportaje ha sido cambiado.
LISTA DE CONDENADOS POR SEDICIÓN A RAÍZ DE LOS SUCESOS DEL 12 DE JULIO DE 2021 EN LA GUINERA (Actualización: noviembre 2025)
1- ADAN KIUBEL CASTILLO ECHEVARRÍA (detenido a los 18 años). Condenado a 7 años de prisión. Condición actual: libertad bajo amenazas. Excarcelado el 19 de enero de 2025 por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
2- ADONAY LÓPEZ LÓPEZ, condenado a 13 años. Combinado del Este. La Habana.
3- ADONIS ÁLVARO NUÑEZ VALDÉS. Condena: prisión provisional. Combinado del Este, La Habana.
4- AGUSTÍN JONATHAN VARGAS DÍAZ. Edad en el momento del arresto: 17 años. Condena: 5 años. Trabajo correccional sin internamiento bajo amenazas.
5- ALDO DELGADO ROMERO, condenado a 5 años. Prisión de trabajo correccional La Lima. Guanabacoa, La Habana.
6- ALEJANDRO BECQUER ARIAS, condenado a 7 años. Subsidio de pena bajo amenaza de revocación. Excarcelado el 20 de enero de 2025 por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
7- ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAVEZ: 5 años, limitación de libertad bajo amenazas.
8- ALEJAIME LAMBERT REYES: 12 años. Prisión de trabajo correccional La Lima. Guanabacoa, La Habana.
9- ALEXANDER GUILLERMO MARTÍNEZ AMOROSO, 17 años. Desnutrición.
10- ALEXIS SOSA RUIZ, 12 años. Combinado del Este, La Habana.
11- AMALIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 15 años. Combinado del Este. Discapacidad cognitiva. Alcoholismo. Perdida de visión. Autoagresión.
12- AMAURY FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 14 años. Combinado del Este, La Habana.
13- AMAURY LEYVA PRIETO, 17 años. Combinado del Este, La Habana.
14- ANGEL SERRANO HERNANDEZ, 14 años. Combinado del Este, La Habana.
15- ANDRIUS LÓPEZ FRAGOSA, 14 años. Combinado del Este, La Habana.
16- ARIELVIS RILL BARÓ, 7 años. Libertad condicional bajo amenazas. Excarcelado el 19 de enero de 2025 por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
17- BRUSNELVIS ADRIÁN CABRERA GUTIÉRREZ, 10 años. Libertad condicional bajo amenazas. Excarcelado el 27 de febrero de 2025 por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
18- CAMILO SUÁREZ CASTILLO, detenido a los 19 años. Bajo auto fiscal de medida cautelar de fianza y amenazas. Pendiente de juicio/sentencia/ejecución.
19- CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, 5 años. Libertad condicional bajo amenazas. Excarcelado el 17 de enero de 2025 por por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
20- CARLOS LUIS AGUILA SOCARRÁS, 13 años. Combinado del Este, La Habana.
21- CARLOS PAUL MICHELENA VALDÉS, 10 años. Prisión 1580. San Miguel del Padrón, La Habana.
22- DARIEL BORDATTO PENALBA, 2 años. Prisión de Jóvenes de Occidente. El Guatao, La Habana.
23- DARIEL CRUZ GARCÍA, 5 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 15 de enero de 2025 fue por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
24- DAYAN JESÚS RAMÍREZ RONDÓN, 10 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
25- DAYRON MARTÍN RODRÍGUEZ, 22 años. Combinado del Este, La Habana. (trastorno siquiátrico esquizofrenia. Ha intentado suicidarse).
26- DENIS OJEDA ALVAREZ, 14 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
27- DIANY LIRIANO FUENTES,10 años. Prisión Combinado del Este. La Habana.
28- FRANK ALDAMA RODRÍGUEZ, 16 años. Prisión Combinado del Este. La Habana.
29- EDUARDO ALVAREZ RIGAL, 13 años. Prisión Combinado el Este, La Habana
30- ELIAN SEGUI CRUZ, 10 años. Prisión de trabajo correccional, aledaña a la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
31- ELIESER GORDIN ROJAS, 18 años. Prisión Combinado del Este, La Habana
32- ELIER PADRÓN ROMERO, 10 años. Prisión de trabajo correccional, aledaña a la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
33- ELOY BÁRBARO CARDOSO PEDROSO, 5 años. Trabajo correccional sin internamiento. Edad de la detención: 18 años.
34- EMIYOSLAN ROMAN RODRÍGUEZ, 5 años. Libertad condicional bajo amenazas. Edad de detención: 17 años. Excarcelado el 16 de enero de 2025 por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
35- ERIS DIÓGENES MEJÍAS VINENT, 10 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
36- FELIPE ALMIRALL, 9 años. Prisión de trabajos forzosos La Lima. Guanabacoa, La Habana.
37- FÉLIX JESÚS ARMADA GARCÍA, 6 años. Prisión Valle Grande, La Habana.
38- FRANK DANIEL ROY SOTOLONGO, 5 años. Subsidio de pena no privativa bajo amenazas. Pendiente de confirmar. El 16 de enero de 2025 fue liberado mediante un acuerdo con la administración Biden para cual sirvió de mediadora la Iglesia Católica.
39- FRANDY GONZÁLEZ LEÓN. Sin información.
40- FRANYER ABAD DUMET, 10 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
41- FREDY BEIRUT MATOS, 9 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 19 de enero de 2025 fue liberado como parte de un acuerdo con la administración Biden del cual sirvió de mediadora la Iglesia Católica.
42- FREIDEL RAMÍREZ CASTILLO, 10 años. Prisión de trabajo correccional aledaño a la Prisión 1580. San Miguel del Padrón.
43- GERMÁN BARRENECHEA ECHEVARRÍA, 5 años. Trabajo correccional sin internamiento, bajo amenazas.
44- HAROLD MICHEL MENA NUVIOLA, 15 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
45- IDAEL NARANJO PÉREZ, 10 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
46- IHAZMELL HERNÁNDEZ MONTOTO, 11años. Prisión Combinado del Este de La Habana. Adición en septiembre de 2022 a la petición relativa al EPF 145/2021.
47- JAIMEL ALCIDE FIRDÓ RODRÍGUEZ, 7 años. Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana. El 18 de enero de 2025 fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
48- JAROLKIS SUÁREZ ROJAS, 10 años. Prisión de trabajo correccional La Conchita, Pinar del Río.
49- JESÚS ENRIQUE VÁZQUEZ CABRERA, 8 años. Libertad condicional bajo amenazas. Fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
50- JESÚS RAMÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, 10 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
51- JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GUERRERO, 5 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 18 de enero de 2025 fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
52- JOSÉ LUIS CASTILLO BOLAÑOS, 10 años. Combinado del Este, La Habana.
53- JOSÉ LUIS CASTILLO DE LA TORRE, 11 años. Combinado del Este, La Habana.
54- JOSÉ LUIS SÁNCHEZ TITO, 16 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
55- JUAN CARLOS MORALES HERRERA, 14 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
56- JUAN PILOTO FERRO. Sin información.
57- JUAN WALBERTO VERDECIA RODRÍGUEZ, 14 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
58- JUAN YANIER ANTOMARCHI NÚÑEZ, 5 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 16 de enero de 2025 fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
59- JULIAN YASMANY DÍAZ MENA, 13 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
60- KATIA BEIRUT RODRIGUEZ, 10 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 15 de enero de 2026 fue excarcelada por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
61- KAREN VALDEZ PÉREZ, 7 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 19 de enero de 2025 fue excarcelada por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
62- LÁZARO DANIEL CREMÉ BUENO, 10 años. Prisión Toledo 2. Marianao, La Habana.
63- LÁZARO ZAMORA GONZÁLEZ, 16 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
64- LEOALYS DE LA CARIDAD VALERA VÁZQUEZ, 5 años. Limitación de libertad bajo amenazas.
65- LILIANA OROPESA FERRER, 5 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 15 de enero de 2025 fue excarcelada por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
66- LUIS ALBERTO LÓPEZ MARRERO, 12 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
67- LUIS FROMETA COMPTE, 15 años. Licencia extrapenal bajo amenazas. El 3 de marzo de 2025 fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
68- LUIS MIGUEL OÑA JIMÉNEZ, 12 años. Prisión Combinado de Este, La Habana. Falleció el 12 de febrero de 2026 tras ser excarcelado bajo una licencia extrapenal solo días antes de su muerte, afectado por una isquemia que lo dejó en condiciones precarias en la cárcel.
69- MARCOS ANTONIO ALFONSO BRETO, 5 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
70- MARLON BRANDO DÍAZ OLIVA, 5 años. Estado actual no disponible. El 16 de enero de 2025 fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante. Pero el 31 de julio de 2025 le fue revocada de forma arbitraria la libertad condicional.
71- MACKYANI YOSNEY ROMÁN RODRÍGUEZ, 10 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 19 de enero de 2025 fue excarcelada por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
72- MIGUEL PÁEZ ESTIVEN, 22 años. Combinado del Este, La Habana.
73- NELSON NESTOR RIVERO GARZÓN, 4 años. Prisión 1580. San Miguel del Padrón,. La Habana
74- ODET HERNANDEZ CRUZATA, 10 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 19 de enero de 2025 fue excarcelada por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
75- ORLANDO CARVAJAL CABRERA, 12 años. Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
76- OSCAR LUIS ARROVSMETH, 10 años. Unidad Policial, La Habana.
77- OSVALDO LUGO PITA, 12 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
78- RAUDEL SABORIN GONZÁLEZ, 10 años. Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
79- RAYNEL MAYET FRÓMETA, 6 años. Prisión Toledo 2, La Habana.
80- REYNIER REYNOSA CABRERA, 10 años. Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
81- ROLIER SALAZAR GONZÁLEZ, 12 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
82- ROBERT ORLANDO CAIRO DIAZ, 14 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
83- ROBERTO FERRER GENER, 15 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
84- ROBERTO PEREZ ORTEGA, 17 años. Prisión Ivanov, El Cotorro, La Habana.
85- ROLANDO VAZQUEZ FLEITA, 12 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
86- RUBIS CARLOS VICET PADILLA. Sin información.
87- SANTIAGO VÁZQUEZ LEÓN, 7 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 18 de enero de 2025 fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
88- WALNIER LUIS AGUILAR RIVERA, 12 años. Prisión de Agüica, Matanzas.
89- WILFREDO LIMONTA MESA, 5 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 17 de enero de 2025 fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
90- WILMER MORENO SUAREZ, 18 años. Prisión Zona 0, Combinado del Este, La Habana.
91- YAN CARLOS MARTÍNEZ BONNE, 8 años. Libertad condicional bajo amenazas. El 18 de enero de 2025 fue excarcelado por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
92- YAQUELIN CASTILLO GARCÍA, 11 años. Licencia extrapenal bajo amenazas. El 27 de febrero de 2025 fue excarcelada por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
93- YASIEL ARNALDO CORDOVA RODRÍGUEZ, 10 años. Prisión 1580, San Miguel de Padrón, La Habana.
94- YASSELL GUERRA CAMPOS, 5 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
95- YEINIER IBAÑEZ BOUDE, 5 años. Prisión Toledo 2, Marianao, La Habana.
96- YERANDIS RILLO PAO, 14 años. Prisión Combinado del Este, La Habana.
97- YENSi JORGE MACHADO GONZÁLEZ, 7 años de privación de libertad. Sin información.
98- YEMNI YAK MENA NUVIOLA, 7 años. Libertad condicional bajo amenazas. Fue excarcelado el 20 de enero de 2025 por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
99- YOANDRY REINIER SAYU SILVA, 8 años. Licencia extrapenal bajo amenazas. El 16 de enero de 2025 fue por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante.
100- YOILAN LIMONTA MOJENA, 5 años. Prisión La Oca, El Guatao, La Habana. Encarcelado con 18 años.
101- YOSANDRI MULET ALMARALES, 10 años. Sin información del penal.
102- YOSNEL DANIEL CASTRO FERNÁNDEZ, 5 años. Prisión Jóvenes de Occidente. El Guatao, La Habana.
103- YOSNEY EMILIO ROMÁN RODRÍGUEZ, 10 años. Prisión Toledo1. Marianao, La Habana.
104- YUNAN GONZÁLEZ TERRY, 10 años. Libertad condicional bajo amenazas.
105- YUREMA RAMOS ABAD, 12 años. Subsidio de pena no privativa bajo amenazas. El 18 de enero de 2025 fue excarcelada por un acuerdo que habría existido entre la administración Biden y el gobierno de Cuba, teniendo a la Iglesia Católica como garante. Esta medida le habría sido revocada. Pendiente de confirmar.
106- YURIEN ROGELIO MENDEZ HERRERA, 11 años. Prisión Toledo 1, Marianao, La Habana.
107- YURILEYDIS SOLER ABAD, 5 años. Trabajo correccional sin internamiento.
Primera Parte: Sedición: La historia oculta del estallido popular del 12-J en La Güinera
