Ahora que tiene pie y tres cuartos en la tumba, los medios periodísticos están agitando versiones sobre que la justicia estadounidense presentará cargos contra Raúl Castro por el derribo alevoso de dos avionetas de Hermanos al Rescate, luego de que cinco administraciones pasaran por alto la resolución condenatoria del Congreso y de que las pruebas concluyentes estuvieran disponibles por completo desde agosto de 2006.
El diferendo que viene degenerando entre Cuba y Estados Unidos acaba de poner en escena otro esperpento al estilo de Valle Inclán: el dictadorzuelo Raúl Castro, quien cumplirá 95 años este 3 de junio, dizque será imputado por haber dado la orden que provocó el derribo a cohetazos, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas Cessna 337desarmadas en aguas internacionales.
Al parecer se prepara un acto a bombo y platillo el próximo 20 de mayo la Torre de la Libertad de Miami para anunciar el encausamiento, coincidiendo con la fecha patriótica del establecimiento de la República de Cuba, en 1902. La filtración sobre la inminente acusación por la fiscalía del Sur de Florida apareció coincidiendo ¿casualmente? con la sorpresiva visita del jefe de la CIA a La Habana para reunirse con miembros de la cúpula del Ministerio del Interior (MININT).
Si este Castro perviviera por entre las piruetas jurídicas para juzgarlo en rebeldía y condenarlo en ausencia, terminaría muriéndose por fin, pero de risa por un fallo que probablemente jamás se ejecutará. Ni Manuel Antonio Noriega ni Nicolás Maduro son plantillas con que pueda dibujarse la hora final del otro Castro.
Pero hay en este capítulo doloroso un asunto esencial de cumplir un mandato aunque sea simbólico ante la Historia.
Tres décadas de ocio
El 12 de marzo de 1996, el pleno del Congreso de Estados Unidos condenó resueltamente “el acto de terrorismo del régimen de [Fidel] Castro al derribar los aviones Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 [e] instó al Presidente a solicitar, ante la Corte Internacional de Justicia, la acusación por este acto”.
Esta condena e instancia quedaron codificadas junto con la calificación de los hechos: “El uso de la fuerza letal fue completamente inapropiado para la situación presentada al gobierno cubano, convirtiendo aquel alto en flagrante y bárbara violación del Derecho Internacional, equivalente al asesinato a sangre fría” [Public Law 104–114, Título I, §116, Marzo12, 1996, 110 Stat. 803-05].
Así quedó sentada la base legal para que, si no se acudía a la Corte Internacional, la Fiscalía General de Estados Unidos procediera con arreglo al Derecho Federal, pero la inercia presidencial cundió.
Y el proceso no solo se ralentizó, sino que se congeló en las gavetas de la burocracia, el cálculo político y, también, la cobardía ociosa, que son casi el mismo destino.
Premeditación y alevosía
Por informe pericial de 28 de junio de 1996, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó no sólo que ambas avionetas fueron derribadas “fuera del espacio aéreo territorial cubano”, sino también que Cuba incumplió con la regla del Derecho Internacional de que los Estados deben abstenerse de recurrir al uso de las armas contra de las aeronaves civiles: “No se hizo intento alguno de dirigir[las] más allá de los límites del espacio aéreo nacional, ni de guiarlas fuera de la zona prohibida, restringida o de peligro ni de darles instrucciones [por radio] de aterrizaje en un aeródromo designado”.
A las comunicaciones por radio—con la Torre de Control en La Habana— del MiG-29UB 900 y del MiG-23 que participaron en el derribo de las avionetas, se sumó la entrevista por Cubavisión —6 de marzo de 1996— del General Rubén Martínez Puente, Jefe de Defensa Anti-Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR).
Sin embargo, hubo que esperar al 22 de agosto de 2003 para que un fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, el abogado cubanoamericano Marcos Daniel Jiménez, largara que un gran jurado había formulado acusación formal contra aquel general y los hermanos Lorenzo Alberto y Francisco Pérez-Pérez, pilotos de MiG, al efecto de“garantizar que los responsables del asesinato premeditado de ciudadanos estadounidenses indefensos sean llevados ante la justicia”.
Esa acusación implicaba hasta pena de muerte por cuatro asesinatos de los pilotos de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario De La Peña y Armando Alejandre, destrucción de dos aeronaves y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, pero ahí quedó.
En entrevista con el periodista Wilfredo Cancio Isla el 25 febrero de 2021, CiberCuba concluyó: “La causa está momentáneamente congelada”.
Cabe entonces la hipótesis de que todo radique en descongelarla agregando a Raúl Castro.
Reina de las pruebas
Pero ni siquiera así se libra la justicia estadounidense de ser tarda. El propio Cancio Isla había reportado ya, a los diez años del crimen, que “Raúl ordenó el derribo de las avionetas” (El Nuevo Herald, 20 de agosto de 2006). Aquí se basó en grabación inédita de la confesión de Raúl, el 21 de junio de 1996, durante una charla con periodistas de Radio Rebelde en la sede provincial del PCC en Holguín.
En su momento, el audio con la voz de Raúl Castro le dio, literalmente, la vuelta al mundo. La pregunta que sigue gravitando sobre ese reportaje es por qué no apareció nunca en las páginas de The Miami Herald, la publicación hermana (o «prima», al decir del ejecutivo Tom Fielder), con la que compartía no solo edificio sino junta editorial y agenda informatica cotidiana. Ahora esta grabación circula, por ignorancia supina o estúpido recelo profesional, como si fuera la novísima evidencia del crimen.
Raúl Castro confesó haber ordenado: “Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades». Aclaró que la decisión “había que descentralizarla si queremos que jugara su papel, y a cinco generales se les dio las facultades». Todo parece indicar que la decisión se tomó al filo de que aviones de Hermanos al Rescate violaran el espacio aéreo cubano, el 13 de enero de 1996, para lanzar proclamas sobre La Habana.
Así, desde agosto de 2006 se sabe que Raúl Castro incurrió en asesinato premeditado. Y dista mucho de ser consuelo que ahora se arme un 20 de mayo simbólico con una acusación para la galería.
