En una decisión histórica, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves a favor de una empresa portuaria estadounidense que fue incautada por el régimen de Fidel Castro en 1960.
El dictamen del máximo órgano judicial de la nación pone fin a un prolongado litigio bajo el manto de la Ley Helms-Burton y podría abrir la puerta a reclamaciones similares por parte de otras empresas y particulares estadounidenses.
De hecho, el fallo pavimenta una posible decisión favorable en un caso aún pendiente en la Corte Suprema, el cual involucra como reclamante a la corporación Exxon-Mobil.
El veridicto de este jueves, aprobado por ocho votos contra uno en beneficio de Havana Docks Corporation, se produce en momentos cruciales de la relación de Estados Unidos con Cuba, con una negociación trabajosa entre ambas partes, y una galopante crisis económica en la isla.
Y horas después del encausamiento formal de Raúl Castro bajo cargos de asesinato en un tribunal federal del Sur de Florida, lo que agrava el escenario de tensiones.
La administración Trump había respaldado a Havana Docks en la audiencia del caso ante la Corte Suprema, a comienzos de año. La compañía expropiada por el régimen cubano demandó a importantes líneas de cruceros que habían estado utilizando los muelles incautados en La Habana.
Representantes del Departamento de Justicia comunicaron a los magistrados que las demandas destinadas a permitir tales compensaciones —autorizadas por primera vez por el Congreso en 1996— constituían una herramienta de política exterior importante para desalentar la inversión en Cuba.
El magistrado Clarence Thomas, redactando la opinión de la mayoría, afirmó que quienes utilizan propiedades «contaminadas por una incautación pasada» son responsables ante «cualquier ciudadano estadounidense que posea un derecho de reclamación sobre dicha propiedad».
La magistrada Elena Kagan emitió un voto disidente, argumentando que los muelles habían pertenecido al gobierno cubano desde el principio y que el interés de la empresa en la propiedad había caducado antes de que las líneas de cruceros llegaran siquiera a utilizarlos.
El veredicto de la Corte Suprema pone punto final al litigio y valida la decisión inicial de la jueza federal Beth Bloom, de un tribunal federal de Miami, quien había ordenado a las compañías Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian pagar $439 millones de dólares por considerar que incurrieron en acciones ilegales durante sus viajes a Cuba, entre 2015 y 2019.
El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, con sede en Atlanta, revirtió la multa a las líneas de cruceros a fines de 2024, pero dejó abierta la puerta para que los representantes de Havana Docks acudiera a la máxima instancia judicial de la nación, lo cual se formalizó en una petición en marzo de 2025.
La petición de los demandantes fue aceptada por el Tribunal Supremo, que escucho los argumentos de ambas partes el pasado febrero.
Las demandas protegidas por la Ley Helms-Burton comenzaron a registrarse en los tribunales estadounidenses a partir de mayo de 2009, cuando el presidente Trump activó el hasta entonces congelado Título III de la legislación.
La reclamación de Havana Docks está avalada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, que en 1971 validó la solicitud de la compañía portuaria por $9.1 millones de dólares (casi $100 millones ajustados a la inflación). La entidad del Departamento de Justicia certificó entonces reclamaciones de más de cinco mil empresas estadounidenses confiscadas valor de $1,900 millones de dólares, lo que equivale a unos $9,300 millones de dólares en valor actual.
En 1996, tras el derribo de dos avionetas de las organización Hermanos al Rescate y la muerte de cuatro tripulantes, el Congreso aprobó la llamada Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como Ley Helms-Burton, que establecía la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses expropiados pudieran presentar demandas ante tribunales federales por el uso indebido de bienes confiscados por el gobierno cubano.
Sin embargo, la ley otorgaba a los presidentes la facultad de suspender la disposición y bloquear las demandas, y así quedó congelado el Título IIi hasta el primer mandato de Trump.
Fue así que Havana Docks pudo demandar a las líneas de cruceros por atracar en los muelles y traer a casi un millón de personas a La Habana, pues la compañía construyó y operó las instalaciones portuarias desde principios del siglo XX como parte de un acuerdo de 99 años con el gobierno de la república cubana.
El contrato estaría vigente al menos hasta 2004, pero la revolución de Castro no lo respetó y procedió a nacionalizar las propiedades estadounidenses en el país.
La industria de cruceros considera en su defenda que actuó legalmente al utilizar los muelles para formentar los viajes a Cuba como parte de la política de deshielo del presidente Barack Obama.
El Tribunal Supremo no se han pronunciado aún sobre el segundo caso pendiente al amparo de la Ley Helms-Burton, en el cual Exxon Mobil aspira a una compensación por activos de petróleo y gas incautados en la isla.
