El reciente fallecimiento de un inmigrante cubano en un centro de detención de El Paso, Texas, ocurrió por homicidio, según revela el informe de autopsia publicado este miércoles.
La causa de la muerte del detenido Geraldo Lunas Campos, de 55 años, fue «asfixia por compresión del cuello y el torso», documenta el informe de la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso.
De acuerdo con el reporte, el detenido perdió el conocimiento mientras era inmovilizado por agentes del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro llamado Camp East Montana, el pasasado 3 de enero.
El documento refleja que los paramédicos intentaron reanimarlo, pero Lunas fue declarado muerto en el lugar.
El informe también describe las lesiones que sufrió Lunas en la cabeza y el cuello, incluyendo vasos sanguíneos rotos en la parte frontal y lateral del cuello, así como en los párpados.
La determinación de la Oficina del Médico Forense es solo una clasificación de cómo murió una persona, pero no implica una determinación legal de culpabilidad.
Sin embargo, la muerte del cubano Lunas ha generado un nuevo escrutinio sobre el centro de detención este mes, después de que el diario The Washington Post informara sobre el incidente la semana pasada.
Su familia insiste en que fue asesinado por los guardias del centro, citando a un testigo que dijo haber visto que fue estrangulado hasta morir.
Un testigo llamado Santos Jesús Flores, inmigrante salvadoreño y detenido también en El Paso, dijo que presenció el incidente a través de la ventana de su celda en la unidad de alojamiento especial, donde se encontraba en aislamiento por infracciones disciplinarias.
Esta semana, la familia de Lunas solicitó a un juez federal que detuviera la deportación de dos personas que, según ellos, presenciaron la muerte del detenido o los momentos previos al desenlace.
La familia está preparando una demanda por homicidio culposo, según su abogado, Will Horowitz. Por tal motivo, los hijos mayores de Lunas han pedido a un juez federal que detenga la deportación de los dos potenciales testigos, que están bajo custodia y pudieran declarar en la demanda en proceso.
Funcionarios federales han ofrecido una versión diferente sobre la muerte de Lunas. En un comunicado, el ICE señaló que murió el 3 de enero después de sufrir una emergencia médica, pero tras publicarse el artículo de The Washington Post, la versión oficial cambió la causa de muerte a un presunto suicidio.
Al hacer pública la autopsia este miércoles, la Oficina del Médico Forense de El Paso difundió también un informe toxicológico que indicaba que Lunas tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad, y confirmó la presencia de trazodona e hidroxicina, medicamentos recetados para tratar depresión y ansiedad.
Lunas fue arrestado el pasado julio en Rochester, Nueva York, y trasladado al centro de detención de El Paso en septiembre.
Los récords oficiales divulgados por ICE registran que Lunas había sido condenado por al menos 10 delitos, incluyendo posesión ilegal de armas, abuso sexual de un menor, conducción temeraria y hurto menor, desde que ingresó a Estados Unidos en 1996.
Debido a que fue declarado culpable de contacto sexual con una persona menor de 11 años, en 2003, estaba enlistado en el registro de delincuentes sexuales del estado de Nueva York.
Fue oficialmente admitido en Estados Unidos luego de abandonar Cuba durante la crisis de los balseros del verano de 1994.
Lunas es una de las tres personas fallecidas en Camp East Montana desde que se inauguró el centro en agosto en la base militar de Fort Bliss, en El Paso.
Con anterioridad murieron Francisco Gaspar-Andrés, de 48 años y originario de Guatemala, el 3 de diciembre, por complicaciones de una enfermedad hepática relacionada con alcoholismo; y el 14 de enero, el nicaragüense Víctor Manuel Díaz, de 36 años por un «presunto suicidio», según funcionarios federales.
Las denuncias de inmigrantes detenidos en el campamento no han cesado desde su inauguración. Algunos testimoniantes dicen haber sido coaccionados por agentes de ICE para cruzar la frontera hacia el desierto mexicano, incluso si no tienen ninguna conexión con México, o de lo contrario serían enviados a prisión en terceros países.
Las denuncias aparecieron en una carta enviada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y grupos de derechos humanos a ICE y la dirección del campamento, a comienzos del pasado diciembre.
«Las instalaciones se han convertido en una catástrofe de derechos humanos y civiles», señaló la carta, que exigió el cierre del campamento, alegando que los inmigrantes detenidos son víctimas de palizas, abusos sexuales, negligencia médica, falta de alimentos suficientes y negación del acceso a abogados.
