La administración Trump se prepara para una masiva revocación de visas de negocios y turismo que podría impactar a unos 200 mil extrajeros en sus trámites de asilo en Estados Unidos durante la última década, informaron fuentes gubernamentales.
El Departamento de Estado anunciará en las próximas semanas la anulación de visados en las categorías B1 y B2, que hayan sido emitidos a personas peticionarias de asilo o estén en el proceso de solicitarlo, según información confirmada por funcionarios estadounidenses y descrita en documentos de la entidad federal.
La revocación de las visas cubriría el período 2016-2026 e impactaría directamente a los solicitantes de asilo que entraron legalmente al país y con posterioridad lograron o intentaron presentar una petición de asilo, un procedimiento que hasta el momento era un trámite común de los procedimientos migratorios.
En el caso de los cubanos, el impacto será menor, debido a que muchos de los que arribaron con visados B1-B2 consiguieron ajustar su estatus mayoritariamente bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA) antes de 2025. Trump ordenó congelar los visados de turismo y negocios para nacionales cubanos desde el 9 de junio del pasado año.
La revelación fue intencionadamente filtrada por el Departamento de Estado a varios medios estadounidenses, a la vez que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, abordó el asunto en redes sociales criticando a “aquellas personas que intentan utilizar visas de turista y de negocios para ingresar a Estados Unidos y posteriormente solicitar asilo”.
«La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas», escribió Landau en X. «El asilo no debe ser un subterfugio para eludir la ley de inmigración».
Landau citó el caso de un ciudadano colombiano que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo, algo que ha sido la práctica regular en miles de casos de distantas nacionalidades.
«Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para permanecer aquí permanentemente», declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.
Pigott declinó referirse al número de visas que podrían revocarse, señalando que «dado que el proceso estará en curso, la cifra de revocaciones es dinámica y se realizará de manera gradual».
La medida se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las revocaciones no conllevarían necesariamente una deportación inmediata, según dijeron los funcionarios consultados, pero lo que sí sucederá es que la mayoría de las personas con casos de asilo pendientes serán reclasificadas y perderían su estatus de viajeros de negocios o turistas.
La decisión es el más reciente peldaño escalado por Donald Trump para limitar al máximo los procesos de asilo y descarrilar las oportunidades de las personas que tratan de buscar protección en Estados Unidos bajo las normativas establecidas por la Ley de Inmigración (INA).
Desde que asumió su segundo mandato el año pasado, Trump ha intensificado progresivamente las restricciones para los solicitantes de visas y los requerimientos de asilo, y ha renovado toda la composición de los tribunales de inmigración, con jueces de poca experiencia pero dispuestos a cumplir la política dictada por el Departamento de Justicia.
El pasado mes, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) emitió una nueva regla que permitirá remitir a los solicitantes de asilo a procesos de deportación sin ofrecerles una entrevista o audiencia judicial, convirtiendo de hecho a la agencia en un brazo extendido de la maquinaria de deportaciones masivas de la administración.
Pero el plan de Trump va aún más lejos. Este lunes se conoció también que agentes de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) han sido reasignados a otros dos proyectos de inmigración, lo que perjudica la capacitación para el programa de asilo de la agencia, según revelaron funcionarios del DHS.
Mensajes internos enviados este lunes y difundidos por el diario The Guardian señalan que los agentes de inmigración han sido reasignados a dos iniciativas supuestamente de «alta prioridad»: la evaluación de refugiados sudafricanos y la investigación de votantes «ilegales», con lo que la FDNS queda atada de manos para asignar personal de capacitación de los funcionarios de asilo de USCIS.
«Todos los oficiales de inmigración de FDNS han sido reasignados a tiempo completo a una de dos iniciativas de alta prioridad de USCIS (la evaluación de refugiados sudafricanos y la verificación de votantes no autorizados)… Debido a esto, no tendremos capacidad para asignar oficiales de inmigración a las tareas de capacitación en el futuro próximo», señala un mensaje circulado entre funcionarios de USCIS.
Las funciones principales de la FDNS consisten en investigar fraudes relacionados con la inmigración, establecer directrices para la verificación y resolución de casos de asilo, e implementar políticas y procedimientos de evaluación.
Cualquier interrupción en la capacitación de los funcionarios de asilo ralentizará aún más la tramitación de las solicitudes, un proceso que ya se ha paralizado casi por completo bajo la administración Trump.
En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado también ha revocado unas 175 mil visas de personas condenadas o acusadas de delitos que van desde conducir en estado de ebriedad hasta violación y robo, así como de personas que se han pronunciado públicamente y en redes sociales contra las políticas de la administración Trump.
