En una contundente derrota judicial para Donald Trump, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS) bloqueó definitivamente este lunes la propuesta del presidente para modificar de forma drástica la votación por correo de cara a las elecciones de medio término, fijadas para el próximo 3 de noviembre.
Se trata de un duro portazo a las pretensiones de Trump para rediseñar una modalidad de voto enraizada en la tradición estadounidense, con el argumento repetido, pero falaz, de que esta opción de sufragio está lastrada por el fraude generalizado.
El fallo marca una victoria rotunda para los estados gobernados por demócratas y para los defensores del derecho al voto, que consideraron inconstitucional el plan, calificándolo de amenaza para el proceso democrático en la nación.
La orden de la mayoría de los magistrados no aparece firmada, algo habitual en los fallos de emergencia, y no detallaba el recuento de votos.
El magistrado Brett M. Kavanaugh, uno de los miembros conservadores del tribunal, redactó la opinión concurrente de un solo párrafo para avalar la decisión.
Kavanaugh afirmó que existía «al menos una probabilidad razonable» de que las nuevas normas emitidas por el Servicio Postal (USPS) sobre el voto por correo entraran dentro de sus competencias según las leyes federales, pero consideró que permitir semejantes cambios tan cerca de las elecciones de mitad de mandato «sería arbitrario y caprichoso», ya que los funcionarios electorales estatales y locales «no dispondrían de tiempo suficiente para implementar razonablemente las modificaciones requeridas».
Los magistrados del máximo órgano judicial de la nación concluyeron que las medidas de la administración Trump generarían caos y confusión justo cuando la votación anticipada ha comenzado a ponerse en marcha en varios estados.
En un voto disidente de ocho páginas, el magistrado Samuel A. Alito Jr., secundado por su colega Clarence Thomas, escribió que habría permitido la entrada en vigor del plan de la administración Trump para las elecciones de mitad de mandato.
Alito calificó la impugnación legal como un intento desesperado —jugada de «último recurso» o *Hail Mary pass*— con pocas probabilidades de éxito, y expresó su convicción de que la administración acabaría ganando el caso, dado que el USPS cuenta con una «amplia autoridad para regular el servicio de correo».
La disputa en torno al plan de la administración Trump para modificar el voto por correo se ha desplegado intensamente en las últimas semanas en medio de una vertiginosa sucesión de acontecimientos jurídicos y los indicios de que Trump y sus partidarios podrían sufrir una costosa derrota en las urnas.
Los esfuerzos de la administración Trump por regular el voto por correo están alimentados por el hecho de que regularmente los electores registrados con el Partido Demócrata son más propensos a este tipo de modalidad que los electores republicanos.
Aproximadamente un 26% de los electores demócratas registrados en el país votaron por correo frente al 18% de los electores republicanos en las elecciones de 2024, según cifras oficiales. Encuestas nacionales sitúan la proporción favorable a los votantes demócratas en una cifra mayor.
Los sondeos preliminares indican que el Partido Republicano podría perder por amplio margen los comicios de medio término, lo que implicaría un cambio en el control de la Cámara de Representantes y en el balance del Senado, con serias consecuencias para los manejos políticos de la administración.
Los abogados de la administración Trump habían instado a los magistrados a intervenir y allanar el camino para que el USPS examine los sobres de las papeletas una vez que fueran entregados por los funcionarios electorales estatales.
Las nuevas normas exigirían a los estados presentar listas de votantes autorizados para recibir boletas por correo y únicamente los votantes que figuraran en las listas entregadas podrían obtenerlas.
El plan también exigiría a los estados utilizar un sobre aprobado por el Servicio Postal, que incluyera un código de barras único para cada votante. Algunos estados han argumentado que rediseñar las papeletas tan cerca de la fecha de las elecciones resultaría difícil o tal vez imposible, lo que redundaría en retrasos, incertidumbre y caos.
El bloque de opositores al plan de Trump alega que, en algunos estados, sería imposible cumplir con las nuevas normas del Servicio Postal a tiempo para las elecciones venideras, pues estados como Alabama, Delaware y Carolina del Norte ya han enviado las boletas a los votantes.
Asimismo, señalaron que el nuevo portal web que el plan del Servicio Postal exigiría utilizar a los estados para cargar los datos de los votantes aún estaba en fase de desarrollo. Funcionarios del USPS han declarado que esperan lanzarlo pronto y que esté disponible para aquellos estados que decidan utilizarlo.
Los principales funcionarios electorales de siete estados controlados por el Partido Republicano también habían presentado un escrito en el caso. Los secretarios de Estado republicanos de Kentucky, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Georgia, New Hampshire y Kansas, así como el vicegobernador de Utah, instaron al tribunal a no permitir cambios importantes tan cerca de las elecciones de mitad de mandato.
El origen de la disputa se remonta a una orden ejecutiva de Trump, firmada en marzo, en la que se ordenaba al Servicio Postal crear nuevas directrices para el voto por correo.
Fiscales generales estatales demócratas, grupos defensores del derecho al voto y líderes demócratas a nivel nacional presentaron una demanda para impugnar la orden, argumentando que violaba la Constitución, la cual otorga a los estados y al Congreso la responsabilidad de las elecciones.
La demanda de los estados y líderes demócratas desencadenó una serie de movidas jurídicas, incluidas dos solicitudes de emergencia presentadas ante la Corte Suprema. El 24 de agosto, la SCOTUS había permitido al Servicio Postal continuar con la planificación, al considerar prematura la suspensión temporal del plan ordenada por un juez de instancia inferior, con la renuencia de tres magistrados de tendencia liberal.
En ese fallo preliminar, los magistrados conservadores determinaron que los estados gobernados por demócratas y promotores de la demanda no se habían visto perjudicados por unas normas de votación que aún no habían entrado en vigor.
No obstante, la mayoría advirtió que ese fallo no constituía una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden del gobierno. «En ese aspecto, el tiempo lo dirá», escribieron los magistrados.
En efecto, el tiempo lo ha dicho, claramente.
Es posible que los funcionarios electorales, tanto demócratas como republicanos, celebren la decisión por proteger los comicios de mitad de mandato frente a un posible caos y confusión.
Sin embargo, el vaivén jurídico en torno a las normas de voto por correo ya ha desconcertado a los votantes y ha generado desconfianza en muchos de ellos tanto hacia el Servicio Postal como hacia esa modalidad electoral.
Se prevé que en las semanas venideras los funcionarios electorales amplíen sus esfuerzos educativos hacia el votante antes de las elecciones, con vistas a disipar la confusión reinante en muchas zonas del país.
Pero el escalón ganado en favor del voto por correo no parece ser suficiente para las garantías electorales y la transparencia del proceso que reclaman los opositores de Trump.
Justamente este lunes, filiales estatales del Partido Demócrata anunciaron una iniciativa denominada Proyecto Nuevo Campo de Batalla (*New Battlefield Project*), cuyo objetivo es reclutar a 10,000 voluntarios como vigilantes de los centros de votación ante la posible presencia de agentes federales armados.
Activistas planean organizar protestas masivas si la administración Trump intenta interferir en la votación o en el recuento de los votos, mientras que expertos jurídicos están difundiendo documentos informativos alertando a los jueces sobre cómo actuar en caso de que el gobierno intente incautar las boletas.
FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE EE.UU SOBRE EL VOTO POR CORREO/ SEPTIEMBRE 14, 2026
