Por Miguel Fernández Díaz
El gobierno de Raúl Castro prosigue su ajuste al Derecho Internacional con otro Decreto-Ley antiterrorista, que complementa la reciente modificación de las leyes penales con nuevas bases legales, estructuras y medidas para «dar respuesta a los compromisos” en la lucha global contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos.
Así lo dispone el reciente Decreto-Ley 317 del Consejo de Estado, que entró en vigor el 23 de enero al publicarse en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 8, junto con el Decreto 322 del Consejo de Ministros, que reglamenta las funciones y estructura de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF), creada por esa legislación.
La ley fue publicada el pasado 23 de enero, pero está firmada por Raúl Castro desde el 7 de diciembre del 2013.
La DGIOF se subordina directamente al Superintendente del Banco Central de Cuba (BCC) con la misión de proponer y controlar el cumplimiento de los principios y estrategias de prevención contra el uso de los bancos e instituciones financieras cubanas «como vía para la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas». DGIOF es el centro nacional de recepción y análisis de informes sobre operaciones sospechosas de ilicitud, con facultad legal para solicitar información adicional y comunicar los casos, por vías protegidas”, a las autoridades competentes.
Alharaca mediática
Las agencias de noticias halaron el Decreto-Ley 317 por la única línea que refiere “Al-Qaeda y el Talibán” (Artículo 14.1) y -como era de esperarse- la noticia fue replicada en numerosos sitios dedicados a la producción informativa sobre Cuba.
Curiosamente, la versión noticiosa sobre el decreto-ley sacó el sable de que ahora, al cabo de más de una década del 9/11 es que Cuba viene a disponer la congelación de fondos y activos de personas o entidades vinculadas a esos frentes terroristas. Ese sable tiene doble filo, porque han pasado más de 12 años sin que ninguna agencia noticiosa, sitio digital o blog advirtiera que Cuba NO había dispuesto congelar tales fondos y activos.
El Decreto-Ley 317 simplemente ajusta la letra de la ley cubana a la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU, que se enfiló contra “Al-Qaeda y el Talibán” antes de Septiembre 11, así como a la Resolución 1373 (2001). Cuba había dado ya respuestas consonantes al codificar los delitos Lavado de Dinero (Ley 87-1999) y Financiación al Terrorismo (Ley 93-2001). De haberse dado el caso, estas leyes penales autorizaban ya a congelar fondos y activos de Al-Qaeda, el Talibán y demás frentes terroristas tal y como se dispone ahora: “sin dilación [ni] previa notificación».
Al dar esta otra vuelta a la tuerca de ajuste al Derecho Internacional, el gobierno de Raúl Castro persigue estrechar aún más el margen de argumentación que usa Estados Unidos para mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo desde 1982.
Noticia al margen
El revuelo (des) informativo sobre la legislación no dejó ver que, en virtud de la precitada Resolución 1373 (2001) y de sus resoluciones sucesoras, el Decreto-Ley 317 ordena que las personas o entidades designadas “nacionalmente [o] por solicitud de cooperación de terceros países” como terroristas se incluirán en listas que “se publican en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para conocimiento general y consulta obligatoria” (Artículos 15-16).
Estas listas -similares a las que publica el Departamento del Tesoro de EEUU- pudieran volverse contra grupos que Cuba tradicionalmente consideró aliados o simpáticos, como las FARC o la ETA. Se columbra que el gobierno de Raúl Castro proceda a sacrificarlos “por solicitud de cooperación de terceros países”, como Colombia o España, porque la tendencia apunta a más pasos de consolidación de la legitimidad en el orden internacional.
No fue nada casual que la legislación apareciera publicada apenas días antes de la celebración en La Habana de la II Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la visita del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.
Para sintonizar con las nuevas circunstancias cubanas, la delegación de las FARC se apresuró este lunes a agradecer a la Cumbre de la CELAC por su apoyo al proceso de paz que desarrollan con el gobierno de Juan Manuel Santos. La declaración se produjo al comenzar en La Habana una nueva ronda de conversaciones entre los representantes de la guerrilla y el gobierno colombiano.
La mesa está servida para el nuevo episodio de sintonías cubanas en la arena internacional.
Decreto-Ley 317 del Consejo de Estado:
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