La administración de Donald Trump dio este martes un rotundo portazo a la inmigración en Estados Unidos con la suspensión de las solicitudes presentadas por ciudadanos de 19 países, y el anuncio de que revisará todos los beneficios concedidos a extranjeros desde enero de 2021.
En un memorando emitido por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) se puntualiza que se congelan de inmediato todas las peticiones de ciudadanos de los llamados países en riesgo, entre los que se encuentran Cuba y Venezuela, incluyendo peticiones de asilo, residencia permanente, parole y documentos de viaje.
La pausa migratoria concierne también al procesamiento y las ceremonias de naturalización de los ciudadanos originarios de los 19 países considerados de riesgo, según la Proclama Presidencial del pasado 4 de junio. Las cancelaciones comenzaron esta semana a lo largo del país, y fueron confirmadas este martes por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“USCIS ha considerado que esta medida podría resultar en un retraso en la resolución de algunas solicitudes pendientes y ha sopesado esta consecuencia frente a la urgente necesidad de que la agencia garantice que los solicitantes sean investigados y evaluados al máximo nivel posible», indica el memorando de cuatro páginas.
Pero acaso lo más ambicioso y perturbador del documento es la propuesta de revisar todos los beneficios recibidos por ciudadanos de los países restringidos durante la administración de Joe Biden.
“Realizar una nueva revisión exhaustiva de las solicitudes de beneficios aprobadas para extranjeros de los países enumerados en la proclama presidencial 10949 que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021”, establece el memorando, que precisa la categoría de “arribados” a todas aquellas personas que fueron admitidas, inspeccionadas, recibieron permiso de entrada o entraron sin inspección.
Para unos 700 mil cubanos que se establecieron en Estados Unidos por vía del parole humanitario o se encuentran en la batalla por ajustar su estatus legal, ganar sus peticiones de asilo o conseguir la validación de su documento de entrada I-220A, la noticia cae como un balde de agua fría y abre un capítulo de incertidumbre sobre su futuro inmediato.
El documento exige que todos los extranjeros oriundos de los países restringidos se sometan a un proceso de revisión que incluye una posible entrevista y, de ser necesario, una segunda entrevista, para evaluar a fondo todas las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad.
Respecto a la entrevista, la normativa aclara que “no se eximirán bajo ninguna circunstancia”. Para las solicitudes de beneficios donde no se requiere una entrevista, la revisión y evaluación del caso determinarán si el extranjero debe comparecer en una oficina de USCIS.
El memorando señala que en un plazo de 90 días USCIS dará prioridad a una lista para su revisión, entrevista, nueva entrevista y remisión al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otros organismos encargados para hacer cumplir la ley según proceda, en coordinación con la Oficina de Política y Estrategia y la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional.
“Se realizará una revisión y evaluación individualizada, caso por caso, de toda la información y los hechos relevantes. USCIS también realizará una revisión exhaustiva de todas las políticas, procedimientos y directrices operativas relevantes para garantizar el cumplimiento, la precisión y las mejoras necesarias durante este período”, agrega el texto.
Se trata de una máxima restricción migratoria que ya no está enfocada solo en indocumentados y criminales, sino que ahora se vuelca sobre personas con estatus legal o envueltos en procesos para regularizar su situación en el país.
La clave de la política la marcó el pasado lunes la oficina del director del USCIS, Joseph Edlow, con una declaración en X: «Nada está descartado hasta que todos los extranjeros sean investigados y evaluados al máximo nivel posible».
USCIS is committed to safeguarding the American people from public safety and national security threats the Biden administration rubberstamped into the country.
— USCIS (@USCIS) December 2, 2025
Nothing is off the table until every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. pic.twitter.com/5XLF64HPDI
La decisión forma parte de la agresiva escalada contra la inmigración que el presidente puso en marcha tras el tiroteo en Washington DC, el pasado miércoles, perpetrado por un ciudadano afgano contra miembros de la Guardia Nacional.
Desde entonces Trump ordenó paralizar los procesos de asilo, someter a revisión exhaustiva los otorgamientos de residencia permanente y cancelar las solicitudes de inmigración provenientes de Afganistán.
El memorando es la estocada final que detiene el grueso de los procesos legales de beneficio migratorio en el país, algo que Trump adelantó el pasado jueves con su amenaza de “suspender de manera permanente la inmigración de todos los países del tercer mundo”.
De hecho, la inscripción para la Lotería de Visas de Diversidad (DV-2027), que debía comenzar en octubre, se encuentra postergada mientras se introducen cambios en el procedimiento, con una posible tarifa de participación y mayores controles en el formulario de registro.
Pero este lunes sonaron también otras alarmas por parte de la secretaria de DHS, Kristi Noem, quien recomendó al presidente Trump ampliar la lista de 19 países con restricciones de entrada a Estados Unidos.
Actualmente la lista de países de preocupación la conforman Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
MEMORANDO DE USCIS: SUSPENSIÓN Y REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO Y DE PRESTACIONES PRESENTADAS POR EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAÍSES DE ALTO RIESGO
