Con una agenda supercargada de acontecimientos cruciales alrededor del mundo, el Secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, tendrá que hacer espacio para declarar como testigo este martes en un tribunal federal de Miami.
La comparecencia de Rubio está fijada para este martes, a partir de las 9 am, en el juicio en marcha contra su amigo de larga data, el excongresista cubanoamericano David Rivera, quien enfrenta 11 cargos federales por lavado de dinero y por actuar como agente extranjero sin registrarse.
No está claro si Rubio pudiera rendir su declaración por escrito o buscar un aplazamiento por justificadas razones de fuerza mayor. En el calendario oficial del Departamento de Estado aparece fijado que este lunes el secretario Rubio asistirá a reuniones y sesiones informativas.
El juicio contra Rivera y su asistente Esther Nuhfer comenzó el pasado 16 de marzo con la selección del jurado y debe dar paso este lunes a los alegatos iniciales de ambas partes. El tribunal está presidido por la jueza Melissa Damian.
Rivera, de 60 años, representó al sur de la Florida en el Congreso entre 2011 y 2013, luego de fungir como legislador estatal en el período 2002-2010. Entre él y Rubio existe desde entonces una cercana amistad, al punto de compartir vivienda durante la etapa en que ambos eran representantes en Tallahassee.
La historia que implica a Rivera se remonta a 2017, cuando el excongresista recibió un contrato secreto por $50 millones de dólares de la filial estadounidense de la petrolera venezolana PDVSA, con el fin de expandir sus negocios en Estados Unidos.
Sin embargo, los fiscales federales alegan que los términos del contrato comprendían un pago del gobierno de Venezuela para intentar negociar el levantamiento de las sanciones de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro.
El presunto vínculo de Rubio en el caso está relacionado con el motivo de la contratación del gobierno venezolano a un excongresista de bajo perfil, que ya tenía antecedentes de escándalo en un caso civil por violar leyes de financiamiento y ocultar contribuciones de campañas electorales en Florida.
Rivera fue clave en conseguir acceso a Rubio, y en 2017 organizó dos reuniones con el entonces senador federal y otras personas para discutir el futuro de Venezuela.
Rivera niega haber cometido delito alguno y Rubio nunca ha sido acusado de conducta indebida.
En diciembre de 2022, la fiscalía federal de Miami acusó a Rivera de no haberse registrado como agente extranjero y de lavado de dinero. Luego que se revelaran las reuniones confidenciales de alto nivel en Washington, Rubio declaró que desconocía la existencia del contrato que Rivera tenía con Venezuela.
Según la acusación federal, entre 2019 y 2020 Rivera intentó influir a funcionarios del gobierno estadounidense para buscar el levantamiento de sanciones contra el empresario venezolano y magnate de Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, acusado en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, conspiración, soborno y violaciones de sanciones.
Rivera y Rubio se reunieron en la residencia del senador en Washington el 9 de julio de 2017, según consta en la acusación formal. El excongresista le confesó a Rubio que estaba colaborando con Gorrín, quien había persuadido a Maduro de aceptar un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.
Como parte de la presunta campaña de influencia extranjera, los fiscales afirman también que Rivera recibió la ayuda del representante republicano de Texas, Pete Sessions, y de un asociado del Cartel de Cali —ya condenado— mientras buscaba concertar reuniones con la Casa Blanca y con Exxon Mobil en nombre de Maduro.
Los fiscales alegan que para ocultar sus actividades, Rivera creó un grupo de chat encriptado llamado MIA —por Miami— junto a su principal enlace con el gobierno de Maduro: el magnate venezolano Gorrín. Los miembros del grupo utilizaban palabras clave en tono jocoso para discutir sus actividades, refiriéndose a Maduro como «El Guagüero», a Trump como «El Loco». a Rubio como «El Cubanito» y a los millones de dólares en juego como «melones».
Se espera que el juicio pueda extenderse por varias semanas. De ser hallado culpable, Rivera pudiera enfrentar entre 10 y 20 años de cárcel.
