El Instituto San Carlos de Cayo Hueso, joya patrimonial de la emigración cubana desde el siglo XIX, está a punto de ser despojado a sus legítimos propietarios por una acción legal promovida, paradójicamente, por exiliados cubanos.
El edificio de la más antigua y emblemática institución cubana en Estados Unidos es objeto de una demanda civil en Miami sobre el derecho de su propiedad, y pudiera ser puesto a la venta en breve para compensar un fallo judicial de $63.6 millones de dólares contra la República de Cuba.
Las próximas horas serán cruciales para la suerte de la instalación, cuya propiedad de mantiene bajo un fideicomiso del Instituto San Carlos.
Esta semana, la jueza cubanoamericana Mavel Ruiz, de un tribunal de circuito en Miami-Dade, celebró una audiencia sobre el caso para determinar si procedía la autorización de la venta del edificio, solicitada por los abogados de la demandante, Marilyn Wiederspan.
La base de la reclamación de Wiedespan es el fallo judicial obtenido en 2012 en un tribunal estatal de Florida, que decretó la compensación de $63.6 millones de dólares, con un interés anual del 4.75%, por el asesinato de su padre, el primer teniente José Velázquez Fernández, a manos del régimen de Fidel Castro en 1959. El gobierno cubano decidió no litigar la demanda ante los tribunales estadounidenses.
Los abogados William Sánchez y Milton Fuentes, que representan a Wiedespan, han impulsado acciones legales para obtener la propiedad del San Carlos y recibir parte del dinero de la eventual venta del edificio, valorado en unos $4 millones, pues alegan que pertenece a la República de Cuba.
Pero el abogado Rafael Peñalver, presidente de la junta directiva del Instituto San Carlos, se opone a la transacción, argumentando que sería “un insólito despojo al patrimonio y a la historia de la nación cubana”.
La jueza Ruiz dio de plazo hasta el próximo miércoles para que ambas partes presenten sus propuestas de legitimación de la propiedad, lo que pudiera desembocar en un posible juicio para determinar si el Estado cubano tiene alguna jurisdicción sobre el edificio o si su dueño es la junta fideicomisaria del Instituto San Carlos.
De no concretarse la necesidad de un juicio, el tribunal pudiera ordenar la venta inmediata de la edificación y delegar la encomienda de la operación a Rick Ramsay, sheriff del condado de Monroe, lo que tomaría entre dos y tres semanas.
“Es algo inaudito”, dijo Peñalver a Café Fuerte. “Estamos en peligro de perder la institución más sagrada del patriotismo y la cultura cubana en Estados Unidos, y lo más desconcertante es que sean los propios cubanos quienes se presten para este despojo”.
Peñalver, quien ha liderado la batalla por la preservación de la entidad durante los últimos 40 años, insiste en que el único dueño de la propiedad es el Instituto San Carlos, fundado el 11 de noviembre de 1871 por exiliados cubanos que se establecieron en Cayo Hueso para promover la independencia de Cuba contra la dominación colonial de España.
Fue allí donde el prócer independentista José Martí hizo la proclamación del Partido Revolucionario Cubano, el 10 de abril de 1892, con la misión de unir a los cubanos para emprender la última guerra por la independencia de su patria.
Martí definió al San Carlos como «la Casa Cuba», luego de su primera visita en 1891. Por el lugar pasaron también figuras fundacionales de la historia cubana como Máximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García, Flor Crombet y Salvador Cisneros Betancourt, entre otros.
“La tierra donde está el San Carlos fue comprada por tabaqueros cubanos exiliados y su existencia es anterior a la de la República de Cuba”, explicó Peñalver. “El título de propiedad especifica que Cuba es trustee (fideicomisario), pero no dueña”.
Según él, la confusión proviene de que, tras la devastación del edificio por el paso de un huracán, en 1919, el gobierno cubano concedió la entonces significativa suma de $80,000 dólares para reconstruirlo.
El edificio moderno, en la céntrica calle Duval, se inauguró el 10 de octubre de 1924 y el gobierno cubano se mantuvo proporcionando ayuda a la institución hasta la llegada de Fidel Castro al poder.
Peñalver considera que el proceso seguido con la demanda no ha tenido la suficiente transparencia desde su arrancada. La demandante interpuso la acción legal sin intercambio previo con la junta de fideicomiso del Instituto y el caso se ha visto afectado por la salida del juez Joseph Perkins, quien solicitó retirarse del litigio a comienzos de año, sin ofrecer un motivo de recusación.
Los abogados litigantes del caso han intentado obtener por diferentes vías la compensación otorgada a Wiederspan, pero sus esfuerzos han resultado infructuosos. En 2015 trataron de intervenir y reclamar los $63.6 millones en un caso federal contra el banco francés BNP Paribas, que fue multado con $8,900 millones por violar las sanciones estadounidenses a Sudán, Irán y Cuba.
Las millonarias indemnizaciones decretadas por tribunales estadounidenses contra el régimen cubano han enfrentado dificultades para ser cobradas por los beneficiarios. Inicialmente, algunas compensaciones se obtuvieron del dinero de cuentas congeladas al Estado cubano en bancos estadounidenses y de los pagos por servicio de compañías telefónicas, como ocurrió con el fallo de $187 millones a favor de los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate, derribados por Migs cubanos en 1996.
La venta del San Carlos representaría solo una porción menor de la compensación concedida a Wiederspan como víctima del régimen cubano, aunque Peñalver considera que el valor patrimonial del Instituto no puede establecerse en términos monetarios.
“No hay precio para un santuario de patriotismo e identidad cubana”, opinó el abogado. “Perderlo como símbolo sería desmoralizante para la nación cubana y para nuestra comunidad exiliada”.
POSCAST DE CAFÉ FUERTE ALERTANDO SOBRE EL CASO/ MAYO DE 2024
