En un potente golpe contra la política migratoria de la administración Trump, una jueza federal ordenó este jueves que no se envíen más inmigrantes al polémico centro de detención Alligator Alcatraz, y que gran parte de sus instalaciones sean desmanteladas de inmediato.
El fallo de 82 páginas de la jueza federal Kathleen M. Williams, del tribunal de distrito de Miami, lanzó una dura reprimenda contra el gobierno Ron DeSantis y contra el ejecutivo federal por no considerar los posibles daños ambientales antes de construir la instalación, ubicada en los pantanos de los Everglades.
La jueza lo estableció claro y directo al blanco: los gobiernos estatal y federal violaron Ley Nacional de Política Ambiental, la cual exige una revisión medioambiental antes de ejecutar cualquier proyecto de construcción de gran envergadura.
El dictamen dio a ambos poderes gubernamentales 60 días para desalojar a los detenidos en el lugar y comenzar a retirar las cercas, el alumbrado, los generadores de energía, los contenedores de residuos y otros equipos desplegados allí.
La decisión judicial también prohíbe cualquier nueva construcción en el sitio, en lo que constituye un costoso revés para el gobierno de Florida y la administración Trump. La instalación fue inaugurada a bombo y platillo con la presencia de Donald Trump, el pasado 1 de julio, pero desde entonces figura en el vórtice de severos cuestionamientos políticos, legales y medioambientales a nivel nacional.
La orden formalizó una suspensión temporal que la jueza Williams había ordenado hace dos semanas, mientras los testigos continuaban declarando en una audiencia de varios días para determinar si la construcción debía detenerse hasta la resolución definitiva del caso. Grupos de ambientalistas y la tribu Miccosukee, cuyos miembros viven en la zona, alegan que el centro fue establecido en tierras protegidas y forman parte del sistema ecológico de los Everglades.
Williams concluyó que el centro de detención presenta riesgos para los humedales y las comunidades que dependen de los Everglades para su suministro de agua, incluyendo a los Miccosukee.
“El proyecto genera daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”, escribió la jueza, que fue nombrada por el presidente Barack Obama en 2010 y confirmada unánimemente por el Senado.
El fallo coincidió con un incontrolado incendio en los Everglades, con 43 mil acres consumidos por las llamas, ardiendo a ritmo acelerado y con altas columnas de humo cubriendo parte del territorio del condado de Broward. Es el mayor incendio forestal en el estado de Florida en lo que va de año.
Pero la valoración judicial no se quedó en los argumentos ambientalistas y se extendió en las motivaciones de política migratoria que impulsaron el proyecto del centro. No hay una cifra oficial sobre la cantidad de detenidas en la instalación, pero el gobernador DeSantis dijo que tiene capacidad para unos 4,000 personas en procesos de deportación.
Williams dijo entender que la inmigración está en la vanguardia de la política nacional y estatal, por lo que la administración Trump y el estado de Florida se encuentren bajo la correspondiente presión para regularla, pero apuntó que ninguno de los dos gobiernos, ni el estatal ni el federal, ofrecieron suficiente evidencia para justificar la construcción de un centro de detención en los Everglades.
“Lo que es evidente, sin embargo, es que, en su prisa por construir el campo de detención, el estado no consideró ubicaciones alternativas”, opinó la jueza.
La misma noche del jueves, el gobierno estatal presentó una notificación indicando su intención de apelar el fallo. El principal funcionario de gestión de emergencias de Florida, Kevin Guthrie, formalizó ya la apelación.
No se descarta la intervención del Departamento de Justicia en la reclamación. La administración Trump considera que una revisión bajo la Ley Nacional de Política Ambiental no era aplicable en este caso, porque el centro es administrado por el estado.
De cualquier manera, el fallo de la jueza Williams, fue saludado por los demandantes y defensores de los inmigrantes.
“Esta es una victoria histórica para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que esta área silvestre en peligro debe ser protegida, no explotada”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva del grupo Amigos de los Everglades. “Envía un mensaje claro: los líderes al más alto nivel de nuestro gobierno deben respetar las leyes ambientales, pues ignorarlas conlleva consecuencias”.
Amigos de los Everglades figura entre los grupos que interpusieron la demanda. Samples comparó la victoria con la obtenida por los activistas que frustraron los planes para un importante aeropuerto en el lugar hace 56 años.
La orden judicial no pasó por alto que la abandonada propuesta del aeropuerto y cómo la preservación de los Everglades ha sido primordial para los legisladores republicanos y demócratas. En su fallo, la jueza Williams citó la dedicación del Parque Nacional Everglades por parte del presidente Harry Truman en 1947, en la que lo calificó como una «zona primitiva irremplazable».
“Todos los gobernadores y senadores de Florida, e innumerables figuras políticas locales y nacionales, incluyendo presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades”, escribió la jueza. “Esta orden no hace más que cumplir con los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”.
Alligator Alcatraz enfrenta además otra demanda en curso que alega que los detenidos no han tenido acceso adecuado a sus abogados. Esta semana un juez federal trasladó el caso al Distrito Central de Florida, lo que podría retrasar la decisión sobre el asunto.
