En una lucrativa conspiración internacional contra el sistema migratorio de Estados Unidos, 12 ciudadanos cubanos fueron acusados por su participación en una red de tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero para introducir a miles de extranjeros ilegalmente en el país.
Desde enero de 2021 hasta junio de 2025, los acusados –radicados mayormente en Hialeah y Tampa– promovieron servicios de visas fraudulentas mediante el uso del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), solicitando la entrada a Estados Unidos con declaraciones falsas de ciudadanía española, según indican documentos judiciales.
Las solicitudes para tramitar los visados de excepción (waiver) incluían direcciones falsas y documentos falsificados, y permitieron consolidar una empresa delictiva que facturó más de $18 millones de dólares en las actividades de conspiración.
El escándalo fue expuesto este jueves durante una conferencia de prensa en la ciudad de Tampa, con la presencia de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros altos funcionarios de las agencias involucradas en la investigación.
Lo que comenzó como una pequeña operación de trámites migratorios se convirtió en una empresa comercial. Los acusados cobraban a sus clientes entre $1,500 y $40,000 dólares, e incluso alquilaban aviones privados para trasladar a grupos de extranjeros, señaló un comunicado oficial.
Las personas eran traídas desde Cuba por diversas vías –en vuelos directos o a través de México– y recibían instrucciones previas de que alegaran su condición de turistas, disimularan o no introdujeran sus pasaportes cubanos al llegar a los puertos de entrada, y «mantuvieran un perfil bajo» durante un tiempo antes de reconocer su ciudadanía cubana y solicitar beneficios migratorios para permanecer en Estados Unidos, indica la acusación federal.
Los primeros indicios parecen haber aflorado en la revisión de un caso por parte de las autoridades de Departamento de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero las pistas iniciales condujeron a revelaciones de gran magnitud, que reclamaron la cooperación de otras agencias federales. La investigación sigue en curso.
«Esta acusación es solo la punta del iceberg de la investigación», dijo a Café Fuerte un funcionario gubernamental. «Es un proceso complejo, porque la red es amplia y hay mucha gente involucrada a diferentes niveles en la actividad criminal».
Los registros muestran que los implicados gastaron más de $2.5 millones de dólares solo en vuelos y canalizaron más de $7 millones a través de aplicaciones de pago como Zelle. De acuerdo con un análisis financiero realizado a 27 cuentas asociadas con los acusados y sus cómplices, el total superaba los $18 millones.
“Esta acusación expone a una organización criminal que introdujo ilegalmente personas a Estados Unidos a gran escala y luego obtuvo fraudulentamente beneficios migratorios para ellas”, declaró Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia. “Haciéndose pasar por un servicio de inmigración legítimo, los acusados utilizaron promociones en redes sociales y documentos legales falsos para atraer nuevos clientes y perpetuar su fraude”.
Los acusados relacionados en los documentos judiciales son los siguientes:
- Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 27 años, radicado en Hialeah, Florida, y quien reside ilegalmente en Estados Unidos.
- Yuniel Lima Santos, de 30 años, de Tampa, Florida.
- Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 26 años, quien reside ilegalmente en Lebanon, Tennessee.
- Marianny Lucía López-Torres, de 25 años y residente en Cuba (anteriormente en Hialeah);
- Frandy Aragón-Díaz, 33 años, de Cuba (anteriormente residía ilegalmente en Tampa, FL).
- Erik Ventura-Castro, de 23 años y residente en Hialeah.
- Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, de 30 años, de Tampa.
- Walbis Pozo-Dutel, de 30 años y residente en Katy, Texas.
- Emanuel Martínez González, de 28 años, qiuen reside ilegalmente en Hialeah.
- Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 31 años y vecino de Tampa.
- Layra Libertad Treto Santos, de 31 años, de Tampa.
- Gisleivy Peralta Consuegra, de 40 años, de Tampa.
De acuerdo con la acusación, que se mantuvo sellada hasta el jueves:
- Todos los relacionados en la acusación, exceptuando a Gisleivy Peralta Consuegra, están acusados de conspiración para cometer contrabando de extranjeros con fines de lucro.
- Yuniel Lima Santos y Frandy Aragón Díaz también están acusados de tráfico de extranjeros para obtener ganancias financieras.
- Yuniel Lima Santos, Liannys Yaiselys Vega Pérez, Frandy Aragón Díaz, Layra Libertad Treto Santos y Gisleivy Peralta Consuerga están acusados de conspiración para cometer fraude de asilo.
- Lázaro Alain Cabrera Rodríguez, Yuniel Lima Santos, Liannys Yaiselys Vega Pérez, Frandy Aragón Díaz, Erik Ventura Castro, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona Marrero y Layra Libertad Treto Santos están acusados de conspiración para lavar dinero.
“El Departamento de Justicia está investigando y procesando el tráfico de personas con mayor agresividad que nunca”, dijo Bondi. “No descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables, incluidos muchos niños no acompañados, enfrenten una justicia severa e integral”.
Bondi mencionó como un hecho grave que los acusados también traficaban con menores no acompañados. En un caso, a una adolescente se le pidió que al cruzar la frontera se hiciera pasar por la amiga de toda la vida de un hombre adulto sin parentesco con ella.
La red promocionaba sus servicios en redes sociales y plataformas de mensajería cifrada, incluyendo un grupo de WhatsApp titulado TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A EE.UU. PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES. Un video promocional publicitaba la estafa mostrando montones de pasaportes, billetes de avión y aprobaciones de visas.
Para realizar sus acciones fraudulentas, los acusados operaban una empresa de inmigración llamada ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC, que prometía solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencia permanente en el país.
Entre el 1 de agosto de 2022 y hasta aproximadamente el 1 de agosto de 2024 los acusados presentaron más de 400 solicitudes ESTA a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).
La acusación muestra que, en realidad, la empresa producía solicitudes de asilo prefabricadas sin el conocimiento ni el consentimiento de los clientes, e incluso les impedía acceder a sus propias cuentas online establecidas con USCIS.
La firma ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS se anunciaba en Instagram con anuncios llamativos de servicios de inmigración, a la vez que publicaba videos de extranjeros siendo introducidos al país.
Este caso forma parte de la Operación «Recuperemos América», iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para enfrentar la inmigración ilegal y combatir las organizaciones criminales transnacionales.
La investigación y la acusación criminal fueron coordinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), que es un órgano aliado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el mandato de combatir a los cárteles, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico de personas.
La Patrulla Fronteriza en el Sector Miami y la Sección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS lideraron las investigaciones en Estados Unidos, con la importante asistencia de la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington, D.C. y el Centro Nacional de Identificación de CBP. Las autoridades de las Islas Caimán brindaron una valiosa asistencia en el proceso investigativo.
ACUSACION CRIMINAL CONTRA CUBANOS IMPLICADOS EN RED DE TRAFICO HUMANO, FRAUDE Y LAVADO DE DINERO
