Un sonado escándalo de corrupción tuvo como detonador el hallazgo de una finca manejada por un cubano residente en México, pero las ramificaciones del caso comprometen seriamente a la dirección de Agricultura y la Empresa Eléctrica de Matanzas.
Las violaciones legales, desfalcos y desvíos de recursos estatales fueron detectados en torno a la finca Vista Hermosa -una extensión de 13 hectáreas en las afueras de la provincia de Matanzas- y apuntan a un hombre que desde el 2008 usó su residencia mexicana para organizar una portentosa operación de cría y venta de ganado y leche a las empresas estatales, según un reporte reciente de la prensa oficial.
La información del diario Granma no menciona el nombre del ciudadano implicado en los hechos, pero confirma su arresto y refiere que ya había sido procesado por conducta antisocial en el 2001 y falsificación de documentos públicos en el 2005.
Fuentes consultadas por CaféFuerte señalaron que el acusado se nombra Juan Carlos Rodríguez.
En la zona de Unión de Reyes
Aunque tampoco se precisa la ubicación geográfica de la finca, las referencias incluidas en el reporte y fuentes independientes consultadas por CaféFuerte coinciden en señalar que se encuentra a la salida de Matanzas, en la carretera de Unión de Reyes, poblado ubicado a 30 kilómetros de la capital provincial.
El caso está aún en proceso de investigación por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República. Los principales implicados permanecen bajo arresto desde mediados del pasado año.
“[Estas] violaciones reafirman hacia dónde nos conducen el descontrol, la negligencia y la inoperancia de algunos dirigentes, así como la falta de funcionamiento integral de no pocas instituciones”, indicó el periódico, que criticó la “vulnerabilidad de los mecanismos de control”.
La finca fue obtenida en herencia por la hermana del acusado en 1994, pero el dominio y los recursos estuvieron siempre en manos de él. La mujer se nombra Mireya Rodríguez. Los Rodríguez tienen una hermana que reside en Miami.
Siete empleados con sueldos altos
Con recursos mayormente robados al Estado, el acusado construyó un terraplén, una caballeriza y una vaquería donde tenía empleados a siete trabajadores, entre ellos tres custodios.
Cuatro de los empleados en la finca cobraban mensualmente 1,200 pesos cubanos (unos $50 dólares), lo cual duplica el salario mensual más elevado en Cuba. Los tres custodios tenían un salario mensual de 600 pesos cubanos.
Además, el dueño les proporcionaba ropa, calzado, celulares y en varios casos motos o bicicletas como medio de transporte.
“Resulta cuestionable que ningún funcionario de la Agricultura haya indagado sobre el desempeño de una finca que, a nombre de una mujer y sin tener trabajadores contratados, resurgió como una próspera vaquería, capaz de entregar en días alternos entre 70 y 80 litros de leche a la Empresa de Productos Lácteos de Matanzas”, consideró el reportaje.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos salpican a directivos a todas las instancias, desde la Cooperativa de Crédito y Servicios “17 de Mayo”, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el Centro de Control Pecuario (CENCOP), la Empresa Integral Matanzas y el delegado de Agricultura de la provincia, José Miguel Rodríguez.
Un comprador de la Empresa Integral Matanzas efectuaba las operaciones de compra y venta de ganado para la finca.
Maquinaria estatal
La Empresa Integral Matanzas le suministraba insumos. Los investigadores policiales ocuparon en el almacén de la finca nueve sacos de pienso norgol, 32 con distintos tipos de alimentos, 44 sacos de sal granulada y 20 de urea, entre otros.
Esa institución estatal también le habría proporcionado –según declaraciones del acusado- las máquinas forrajeras y hasta un sistema de riego para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
El CENCOP está bajo la mirilla de la Contraloría General de la República desde hace meses y numerosos de sus funcionarios están en tela de juicio por la inefectividad de las inspecciones que realizan.
La dirección de Agricultura en Matanzas alega que la finca fue objeto de dos inspecciones, pero admite que fueron superficiales.
La propiedad tiene un terraplén de unos 500 metros que conduce hasta la entrada del lugar y que –de acuerdo con el cálculo de las autoridades- el volumen de relleno utilizado para perfeccionar el camino supera los 400 viajes de camión.
El acusado declaró que posee los comprobantes del petróleo comprado como pago al trabajo, y aseguró que trajo de México materiales y equipamientos de los cuales no existen registros de entrada al país, según las autoridades.
Electrificación por todo lo alto
Entre los equipos presuntamente importados desde México figuran también llavines, arreos, monturas y una máquina de ordeño mecanizado.
Pero lo que más alarmó a las autoridades durante la inspección fue la electrificación de la finca, que cuenta con alumbrado público, postes de hormigón y un banco de transformadores de alto voltaje.
Según la información, cinco trabajadores de la Empresa Eléctrica de Matanzas le facilitaron los insumos, sembraron los postes con el empleo de la maquinaria y combustible estatales e hicieron las conexiones eléctricas, disponiendo de unos 400 metros de cable.
Para la construcción de un almacén y la vaquería se emplearon 16 carriles de vías de ferrocarril, que le fueron facilitados por el jefe de mecanización del CAI “Juan Ávila”, próximo al lugar.
Los raíles fueron tomados de un ramal próximo al domicilio del funcionario estatal. No es la primera vez que carriles de línea de ferrocarril son empleados en proyectos de construcción por particulares.
Se espera que el juicio contra los implicados tenga lugar a mediados de este año en el Tribunal Provincial de Matanzas.
