Por Wilfredo Cancio Isla
El gobierno cubano acordó abrir un diálogo con Estados Unidos sobre cooperación policial y legal que incluye conversaciones para la devolución de dos de los fugitivos más buscados por las autoridades federales: Joanne Chessimard y William Guillermo Morales.
«Cuba se ha comprometido a iniciar un diálogo con Estados Unidos acerca de la aplicación y el cumplimiento de la ley, y vamos a trabajar para resolver estos casos», afirmó este miércoles Jeff Rathke, portavoz del Departamento de Estado. «No puedo decir que tenemos un acuerdo para conseguir un resultado concreto de este diálogo, pero Cuba se ha comprometido a sentarse a conversar sobre asuntos de aplicación de la ley y cooperación policial, y el tema de los fugitivos va a ser parte de esa conversación».
El funcionario mencionó a Chessimard y Morales como dos nombres que han formado parte de los reclamos estadounidenses «en cada oportunidad apriopiada» ante los representantes cubanos, y enfatizó que el Departamento de Estado y el de Justicia están trabajando estrechamente con otros organismos para traer los fugitivos ante la justicia estadounidense.
Comprometer al gobierno cubano
«Vemos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de una embajada en La Habana como los medios mediante los cuales vamos a ser capaces, con mayor eficacia, de comprometer al gobierno cubano en cuestiones de aplicación de la ley, como es el caso de los fugitivos», explicó Rathke.
La noticia sobre la disposición de Cuba a conversar sobre los prófugos de la justicia estadounidense que permanecen bajo protección en la isla emerge un día después de que el presidente Barack Obama enviara al Congreso su aprobación para retirar a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo.
Rathke admitió que la decisión de la Casa Blanca posibilita el diálogo con Cuba sobre estos asuntos como parte del proceso de normalización de nexos bilaterales.
El portavoz agregó que desde el 2011 Cuba ha devuelto al menos cuatro fugitivos no cubanos, reclamados por la justicia estadounidense. Desde que el gobernante Raúl Castro asumió el poder, en el 2006, una docena de prófugos han sido entregados a las autoridades estadounidenses, incluyendo a Joseph Adjmi, buscado durante 40 años.
El tema de los fugitivos estadounidenses en Cuba, especialmente el caso de Joanne Chessimard, enlistada en la relación de Terroristas Más Buscados del FBI, constituye un tema de larga fricción entre ambos países y es esgrimido por las figuras políticas opuestas a una normalización de relaciones con el régimen de La Habana.
Cartas a Obama
Tanto el gobernador de Nueva Jersey y posible candidato a la presidencia de EEUU, Chris Christie, como legisladores de ese estado, han enviado cartas a Obama exigiendo la devolución de Chessimard como requisito para recomponer las relaciones diplomáticas con la isla.
También la gobernadora, Susana Martinez, de Nuevo México, esta pidiendo el retorno de Charlie Hill, un ex militante del New Afrika, acusado por el asesinato de un policía estatal y refugiado en Cuba. El abogado Jason Flores-Williams ha decidido asumir su defensa y viajó este mes a La Habana para reunirse con su cliente.
Hasta el momento Cuba había rechazado abordar el caso de Chessimard como parte de las negociaciones. Incluso Josefina Vidal, al frente de la parte cubana en las negociaciones con EEUU, declaró recientemente que no se discutiría sobre el caso de personas residentes en Cuba a las que su gobierno ha concedido legítimamente asilo político, como es el caso de Chessimard.
Chesimard, de 67 años, vive en La Habana con el nombre de Assata Shakur y es la figura más reclamada del grupo de alrededor de 70 fugitivos que las autoridades norteamericanas han mencionado como prófugos bajo protección del gobierno cubano.
Tres senadores republicanos, David Vitter y los cubanoamericanos Ted Cruz y Marco Rubio, están solicitando al Secretario de Justicia, Eric Holder, que entregue al Congreso una lista actualizada de todos los fugitivos que viven en Cuba y una copia de sus actas de acusación.
Ex integrante de las Panteras Negras y del Ejército Negro de Liberación en los años 70, Chessimard fue condenada por el asesinato del policía de carreteras Werner Foerster, ultimado a balazos en una parada rutinaria en una autopista rumbo a Nueva York, el 2 de mayo de 1973. Se encontraba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en el momento que se fugó de una prisión de alta seguridad, en noviembre de 1979, y permaneció escondida en una vivienda hasta que pudo escapar de Estados Unidos. En Cuba se le concedió refugio politico en 1984.
Dos millones de recompensa
La recompensa por su captura ascendió a $2 millones de dólares en el 2013, cuando el FBI la ubicó en la Lista de los Terroristas Más Buscados, convirtiéndose en la primera mujer que forma parte de esa relación delictiva.
En el caso del independentista puertorriqueño Guillermo William Morales, se trata de un un miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña (FALN) que está acusado de participar en atentados terroristas en Nueva York en los años 70. Perdió sus manos y un ojo confeccionando una bomba en 1978 y meses después logró escapar de un hospital y refugiarse en Cuba.
Pero la decisión sobre el diálogo en torno a los fugitivos de EEUU se enmarca en la eventual apertura de cooperación sobre otros delitos rutinarios, como fraudes al programa de Medicare, estafas a seguros y tarjetas de crédito, y falsificación de documentos migratorios. Numerosos ciudadanos cubanos han retornado a la isla huyendo de acusaciones en tribunales estadounidenses, lo cual es una preocupación para las agencias federales.
En el diálogo con la prensa el miércoles, Rathke señaló que el gobierno de Raúl Castro también dió garantías de que a los nacionalistas vascos de la banda ETA y a los integrantes de las FARC de Colombia nunca se les permitiría utilizar el territorio cubano para organizar acciones terroristas.
«Eso fue parte de este proceso de revisión para sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo», apuntó el funcionario.
Rathke mencionó a dos miembros de ETA que el gobierno de España ha reclamado en extradición a Cuba. Aunque no especificó sus nombres, se trata de José Ángel Urtiaga y José Ignacio Etxarte, ambos involucrados en un entrenamiento militar en Venezuela en contubernio con las FARC. Los dos etarras se encontraban residiendo en La Habana desde 1980.
«Cuba y España han acordado un proceso bilateral para resolver este asunto, el cual está actualmente en marcha», dijo el funcionario. «El gobierno español le ha asegurado a Estados Unidos que está satisfecho con el proceso».
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