La administración Trump envió este martes a un ciudadano cubano hacia el reino de Esuatini en el más reciente operativo de deportaciones forzosas a terceros países, avalado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El cubano deportado, cuya identidad no se dio a conocer de inmediato en el anuncio oficial, es Roberto Mosquera-Del Peral, de 58 años, y forma parte de un grupo de cinco hombres que incluye también a personas de Vietnam, Jamaica, Yemen y Laos, según confirmó la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en una publicación nocturna de X.
El mensaje de la funcionaria indicó que todos los deportados eran criminales convictos e «individuos tan singularmente brutales que sus países de origen se negaron a aceptarlos».
NEW: a safe third country deportation flight to Eswatini in Southern Africa has landed— This flight took individuals so uniquely barbaric that their home countries refused to take them back.
— Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) July 16, 2025
These depraved monsters have been terrorizing American communities but thanks to @POTUS… pic.twitter.com/TsanIX8H4T
Respecto a Mosquera-Del Peral, residente en Miami, la funcionaria reprodujo su prontuario de delitos cometidos, que incluyen homicidio en primer grado y agresión con agravantes a un agente de policía, hurto mayor de vehículo, fuga agravada por conducción temeraria y evasión de la policía. Se confirmó además que era miembro de la pandilla Latin Kings.
De acuerdo con información obtenida por Café Fuerte, Mosquera-Del Peral llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel, en el verano de 1980, cuando solo contaba con 13 años.
“Estos hombres han estado aterrorizando a las comunidades estadounidenses, pero ahora se encuentran fuera de suelo estadounidense», añadió McLaughlin.
Agregó que habían sido condenados por delitos como asesinato y violación infantil, y que uno de ellos era miembro «confirmado» de una pandilla.
Las publicaciones en redes sociales mostraron fotos policiales de los hombres, sus nacionalidades y sus antecedentes penales, pero sin identificarlos por sus nombres.
Pero en una publicación anterior del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se da cuenta de la detención de Mosquera-Del Peral por agentes de ICE en Miami, el pasado 16 de junio.

No está claro si los deportados encontraban recluidos en un centro de detención ni los planes del gobierno de Esuatini con los deportados.
Este operativo de deportación es el segundo acometido por ICE hacia un destino africano desde que se implementó la política de la administración Trump para expulsar a criminales convictos que no son admitidos en sus naciones de origen, como es el caso de Cuba. El pasado 20 de mayo, fue deportado un grupo de ocho personas, entre ellos los cubanos Enrique Arias Hierro, de 47 años, y José Manuel Rodríguez Quiñones, de 54, en un vuelo de ICE hacia Sudán del Sur.
En medio de una controversia entre el ejecutivo y el poder judicial, el grupo permaneció temporalmente en una base militar en Djibutí, confinado en un contenedor a altas temperaturas, mientras se esperaba por un fallo judicial definitivo. Un mes después, el 23 de junio, la Corte Suprema concedió la solicitud de emergencia del presidente Donald Trump para reanudar las deportaciones de inmigrantes a países distintos de su lugar de origen, lo que dio luz verde a la administración para trasladar finalmente al grupo hacia Sudán del Sur.
Esuatini, anteriormente conocida como Swazilandia, es un país situado entre Sudáfrica y Mozambique, considerado la última monarquía absoluta de África y uno de los pocos regímenes de sistema monárquico totalitario que quedan en el mundo.
El rey Mswati III gobierna por decreto desde 1986 a una población de 1.2 millones de habitantes. En 2019 realizó una visita oficial a Cuba y fue recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución en La Habana.
Las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Esuatini se mantienen a un máximo nivel de cooperación civil y diplomática. El reino de Esuatini ha respaldado reiteradamente todas las resoluciones de condena de Naciones Unidas contra el embargo a Cuba, mientras que la colaboración de brigadas médicas cubanas en el país africano se ha extendido sin interrupci[on desde 2005.
Actualmente 35 médicos y profesionales de la salud cubanos cumplen misión en Esuatini, según cifras oficiales. El gobieno cubano ofrece becas anuales a estudiantes esuatinis, que incluye las carreras universitarias de Medicina, Deporte y Cultura Física y Licenciatura en Educación Primaria.
El Departamento de Estado ha identificado a Esuatini entre los países con mayores violaciones de derechos humanos, según consta en los recientes reportes anuales del organismo federal.
Los partidos políticos están prohibidos en Esuatini y el rey Mswati III ha sido un represor de la disidencia política, regularmente de forma violenta, de acuerdo con denuncias de grupos prodemocráticos que exigen reformas políticas en el país.
En 2021, estallaron protestas prodemocráticas en Esuatini, con un saldo de decenas de personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad.
La monarquía esuatiniana han sido acusada de perpetrar asesinatos políticos de activistas y disidentes, y de mantener encarcelados a cientos de ellos.
Pero la monarquía de Eusuatini no es el único destino carcelario que la administración Trump ha concebido para sus ilelegibles. Trump está a la búsqueda de más acuerdos con países africanos para recibir a deportados de Estados Unidos.
La reunión con líderes de países de África Occidental con el presidente Trump en la Casa Blanca, la semana pasada, abordó el tema de la inmigración y la posibilidad de que esas naciones acepten a deportados desde Estados Unidos.
No todos los países africanos se han mostrado favorables a esta propuesta. Nigeria, por ejemplo, ha rechazado presiones de Washington para aceptar en su territorio a ciudadanos de otros países que no los reciben.
Pero ya hay un tercer país en negociaciones avanzadas con Estados Unidos para sumarse al mapa de los destinos africanos de los vuelos de ICE: Rwanda.
La administración Trump también ha enviado a cientos de venezolanos y centroamericanos a Costa Rica, El Salvador y Panamá, pero ha identificado a África como un lugar donde podría encontrar más gobiernos propensos a alcanzar acuerdos de deportación, especialmente aquellos países enfocados en evitar aranceles comerciales y restricciones de entrada a Estados Unidos para sus viajeros.