Por Daniel Benítez
Las autoridades fiscales de La Habana tiene en marcha una ofensiva de investigaciones y verificaciones que arrojaron 66 violaciones de la legalidad y un faltante superior a los 260 mil pesos cubanos (CUP) en centros comerciales del territorio, lo que derivó en cuatro procesos penales por delitos de cohecho y malversación durante el presente año.
Un reporte de la Fiscalía General de la República -entregado a la prensa oficial- indica que su dependencia provincial en La Habana ha ejecutado esas acciones en lo que va del 2015 para asegurar el control y destino de recursos materiales y financieros asignados a entidades estatales.
«La Fiscalía General de la República continuará la exigencia por el restablecimiento de la legalidad y la adopción de las medidas jurídico-penales con los responsable», señala el informe, publicado en el periódico Tribuna de La Habana.
Violaciones y faltantes por todos lados
Los controles se han realizado a seis Mercados Artesanales Industriales (MAI) de los municipios Playa, Habana del Este, Centro Habana, Arroyo Naranjo y Boyeros, subordinados a las Unidades Básicas de la Empresa Provincial de Comercio de La Habana.
En los MAI se detectaron 41 violaciones de la legalidad y se comprobó un faltante total de recursos ascendente a 216,673 CUP, así como 58,357.58 CUP correspondientes a recursos sin control contable. «Se radicaron cuatro procesos penales en diferentes municipios, por conductas tipificadas como delitos de cohecho y malversación, de ellos, uno se remitió al Tribunal Provincial y el resto continúan para su pronta conclusión», expresa el informe.
A la vez, se ejecutó también la verificación fiscal a la producción y comercialización de cárnicos en cinco municipios capitalinos: Boyeros, Habana Vieja, Cerro, Centro Habana y Habana del Este, donde se produce el sacrificio de ganado porcino y vacuno con la finalidad de producir carnes y sus derivados para la comercialización.
En las empresas de producción cárnica se detectaron 25 violaciones, con 23 responsables, de ellos cuatro directivos, 12 ejecutivos y siete trabajadores.
No se explicó que tipo de violación cometieron, ni se ofrecieron datos sobre los procesos judiciales y los nombres de los encausados.
En su informe, la Fiscalía General señaló un larga listas de causas de estas ilegalidades, entre ellas ausencia de control interno, falta de supervisión, negligencia, y dualidad de funciones en las mismas personas, sin contrapartidas.
Millones en multas sin cobrar
Las multas sin cobrar en la provincia de Ciego de Ávila ascienden a cuatro millones 473 mil CUP, resultado de más de 21,600 infracciones que permanecen sin ser liquidadas por los supuestos violadores.
El territorio avileño presenta una crítica situación debido a que el 90 por ciento de los recargos han duplicado los 30 días hábiles para ser pagados, y algunos adeudan desde el 2009, según reportes de la prensa local.
A pesar de que los gestores de cobro ganan más en sus salarios si cobran más sanciones, lo cierto es que el propio jefe del Departamento de Multas de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios admitió la falta de personal y el mal trabajo en las oficinas.
Tan solo en julio, de 920 contravenciones que debían ser liquidadas en el municipio cabecera solo fueron pagadas 287, mientras en Morón, la segunda ciudad en importancia de esa provincia, solo se cobraron 35 de 360.
El actual mecanismo existente en Cuba para hacer efectivo el cobro de multas tampoco parece funcionar. El directivo explica que las multas cuando se aplican van directo al municipio de residencia de la persona y no adonde fue impuesta, con lo cual una persona que no vive en la dirección que aparece en su Carnet de Identidad puede fácilmente burlar la cuota impuesta.
A pesar de la millonaria deuda, que no parece disminuir, a los infractores tampoco se les han impuesto medidas como embargo de salario o prisión, ambas estipuladas en los leyes de la Isla.
El caso de Ciego de Ávila adquiere incluso ribetes más crónicos, pues los trabajadores encargados de cobrar las multas tienen que convivir en la oficina con decenas de murciélagos a causa de que el local presenta «pésimas condiciones constructivas» y el nuevo sitio que debía entregarse el pasado 26 de julio tiene vencidos todos los plazos de terminación.
