La controversia por un festival de música cubana en Miami -cancelado por la negativa del complejo Homestead Miami Speedway de acogerlo en su sede- está a punto de dirimirse en un proceso judicial, fijado para comenzar el próximo 13 de agosto.
En una audiencia celebrada este viernes en un tribunal de circuito de Miami-Dade, la jueza Sarah Zabel escuchó los argumentos de ambas partes involucradas en la disputa. El caso es objeto de una demanda civil por daños y perjuicios, interpuesta por los organizadores del concierto en febrero del 2011: las compañías MIA Resorts y Fuego Entertainment.
Los demandantes piden una compensación de $1 millón por las pérdidas ocasionadas tras la suspensión del evento. El autódromo, con capacidad para 65 mil espectadores, es propiedad privada y está ubicado en la municipalidad de Homestead.
La vista ante el tribunal se extendió por más de cuatro horas y tuvo como foco de intercambios una moción presentada por los abogados del autódromo, solicitando que la demanda sea desestimada.
¿Cubano o latino?
Los abogados de Homestead Miami Speedway insistieron en que MIA Resorts, propiedad del empresario cubanoamericano Luis Arias, contrató a Fuego Entertainment, del promotor musical Hugo Cancio, para realizar un festival que les fue presentado inicialmente como latinoamericano, sin la especificación que incluiría a artistas y grupos que residen en Cuba.
Existe amplia documentación sobre la correspondencia sostenida entre los promotores de la firma MIA Resorts y los directivos de la pista de Homestead acerca de los compromisos establecidos para la realización del festival.
El festival estaba programado para el 9 de abril del 2011 y planeaba reunir en el autódromo a unos 30 grupos musicales de Cuba y Estados Unidos, pero la convocatoria irritó a sectores de la comunidad exiliada que consideran las visitas de artistas de la isla como una provocación del régimen cubano.
Los organizadores negaron haber ocultado la información sobre el evento y mostraron como evidencia documentos y vallas publicitarias aprobadas por los directivos del autódromo, en las cuales se expresan las intenciones del evento, concebido con carácter internacional y enfocado en celebrar la cultura cubana.
Existe amplia documentación sobre la correspondencia sostenida entre los promotores de la firma MIA Resorts y los directivos de la pista de Homestead acerca de los compromisos establecidos para la realización del festival.
Pérdidas cuantiosas
La demanda argumenta que MIA Resorts y Fuego Entertainment perdieron miles de dólares en publicidad y en las cancelaciones de boletos reservados por turistas de Europa y América Latina. El precio de la entrada era de $40 dólares.
Los promotores del concierto afirman que el propósito era traer música a los residentes de Miami-Dade, y rechazaron la politización de un proyecto artístico que traería beneficios culturales y económicos para la comunidad.
Ambas partes reclaman violaciones en el contrato establecido para el concierto, apelando a tecnicismos legales que han retrasado el comienzo del proceso judicial.
La moción presentada por el autódromo es el último intento por anular la demanda tras infructuosas mediaciones para llegar a un acuerdo y evitar el juicio.
Desde mediados del pasado año, la jueza Zabel ha ordenado tomar declaraciones juradas a funcionarios políticos y activistas de la comunidad exiliada involucrados en la polémica del festival.
Uno de los puntos de fricción en el caso ha sido la comisionada de Homestead , Lynda Bell, quien declaró públicamente que desplegaría todos los esfuerzos a su alcance por cancelar el concierto. Bell fue llamada a brindar testimonio bajo juramento.
Bell asegura que ella levantó su voz en un foro público, pero niega que haya ejercido influencia política para obstaculizar el evento.
La jueza Zabel dará a conocer su dictamen sobre la moción en los próximos días. Una audiencia preliminar al comienzo del juicio está fijada para el 30 de julio a las 10 a.m.
