En los últimos días, algunas publicaciones del ecosistema mediático cubano han difundido la información de que los patrocinadores del parole humanitario están bajo la exigencia del gobierno federal de devolver fondos usados por los beneficiarios en programas de asistencia alimentaria y servicios médicos.
Los reportes sobre el controversial asunto surgen de un mensaje posteado en X por el subsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Jim O’Neill, el pasado 17 de diciembre, en el cual alerta que los patrocinadores de inmigrantes que hayan recibido asistencia social y otros beneficios financiados por los contribuyentes deberán devolver los gastos ocasionados por los patrocinados.
El mensaje del funcionario advirtió que los patrocinadores recibirán cartas del HHS exigiendo el rembolso de los gastos ocasionados.
If you are a sponsor of an immigrant who uses welfare or other taxpayer-funded benefits, you are responsible for the cost.
— Deputy Secretary Jim O'Neill (@HHS_Jim) December 17, 2025
This week, I sent letters to sponsors demanding repayment.@HHSGov pic.twitter.com/4119yzw474
La exigencia se basa en que al emitir el formulario de reclamación (affidavit of support), los patrocinadores realizaron un compromiso legal mediante un contrato firmado, responsabilizándose con el sustento del inmigrante patrocinado, sin depender de ayudas estatales o federales durante su estancia en Estados Unidos.
Todo hasta ahí es correcto, lo que sucede es que los medios han lanzado la pedrada noticiosa sin un contexto referencial ni otros elementos informativos pertinentes para los casos de cubanos y haitianos que llegaron por el parole humanitario y recibieron ayuda social.
Y, por supuesto, una información descontextualizada, sin incluir los datos de referencia que son públicos y al alcance de cualquier profesional del periodismo, es totalmente irresponsable y crea alarmas indeseables, al menos que se trate de ganar Likes y tráfico en las redes, como ya estamos acostumbrados.
Lo que falta por completar en las noticias derivadas del mensaje de Jim O’Neill y de las cartas de HHS es que, en el caso de los beneficiarios cubanos es, cuanto menos, cuestionable, y que cualquier exigencia de cobro de gastos por parte de los gobiernos estatales o la administración federal podría considerarse una transgresión legal, puesto que existen leyes y disposiciones de respaldo a las ayudas en favor de los cubanos y haitianos.
En total, 110,240 cubanos y 211,040 haitianos ingresaron a Estados Unidos bajo el parole humanitario, entre enero de 2023 hasta la cancelación del programa, el pasado enero.
Vale recordar que inmigrantes cubanos y haitianos cuentan con la protección de sendas legislaciones: Ley de Ayuda a la Educación de los Refugiados, vigente desde 1980, y Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, de 1996, las cuales permiten recibir asistencia financiera, servicios médicos, alimentación y capacitación para el empleo a personas de ambas nacionalidades, quienes son calificados como refugiados.
Pero además, al abrirse el parole para cubanos y haitianos, en enero de 2023, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Niños y Familias, con sede en Washington, aclaró en una carta pública que ambas nacionalidades eran elegibles para recibir ayuda financiera y servicios adicionales, como el SNAP. La asistencia alimentaria puede extenderse hasta 12 meses y los servicios médicos hasta por dos años, y solo se extinguen si la persona recibe una orden final de deportación.
En todo caso hay un asunto legal que dirimir. Por encima están las leyes y normativas legales, que permanecen vigentes y deben cumplirse, y frente a eso, en su conveniencia procesal, la administración puede alegar la existencia de un contrato de compromiso firmado por los patrocinadores.
Es decir, hay un dilema que pudiera incluso ascender a los tribunales y quedar en manos de fallos judiciales posteriores, con alternativas posibles de apelación.
El abogado Willy Allen recuerda que hay antecedentes sobre una situación similar con el Hospital Jackson Memorial de Miami, que se resolvió en favor de los refugiados cubanos y haitianos en los años 80.
“Aunque con la actual administración todo reto legal es posible, no se puede decir que la carta que se envíe a patrocinadores del parole para cubanos y haitianos va a ser efectiva”, dijo Allen. “Hay leyes establecidas y, en todo caso, si el gobierno federal insiste en cobrarles, podrá litigarse en las cortes”.
De manera que, a la hora de informar sobre este tema, los medios que tratan de orientar a su audiencia deben ser un poco más cuidadosos revisando incluso la información disponible y publicada en sus propios sitios en fechas anteriores.
El periodismo tiene una responsabilidad pública y su misión es informar con completitud. Lo demás es parte de la incompetencia y la toxicidad que ahora pululan en las redes con la mascarada de la improvisación.
CARTA DE LA OFICINA DE REFUGIADOS DEL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS/2023
