Un cubano residente en Tampa que lideró una lucrativa conspiración para ingresar ilegalmente a centenares de personas en Estados Unidos, se declaró este jueves culpable de los delitos de tráfico humano, fraude en solicitudes de asilo y lavado de dinero.
Yuniel Lima-Santos, de 31 años, es el octavo de los miembros de su red internacional de contrabando de personas que acepta su culpabilidad en un proceso que se inició en septiembre de 2025 con el arresto y encausamiento de los involucrados.
Los documentos judiciales señalan que Lima-Santos conspiró con otros 11 de sus compatriotas para operar una organización de tráfico de personas que alentaba o inducía a miles de ciudadanos cubanos a ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur, utilizando solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) y exenciones de visa.
Desde enero de 2021 hasta junio de 2025, los acusados, radicados mayormente en Hialeah y Tampa, promovieron servicios de visas fraudulentas mediante el uso del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), solicitando la entrada a Estados Unidos con declaraciones falsas de ciudadanía española.
Los acusados promocionaban servicios de visas falsas en diversas plataformas de redes sociales para captar a ciudadanos cubanos y otros extranjeros con la promesa de obtener fraudulentamente un estatus legal en el país.
Entre los servicios anunciados por la organización figuraba la asistencia a cubanos para que, alegando falsamente poseer ciudadanía europea, viajaran a Estados Unidos acogiéndose a la exención de visa de turista para europeos o al programa ESTA, señaló la información del Departamento de Justicia.
La organización presentó cientos de solicitudes ESTA fraudulentas ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizando direcciones falsas y documentos fabricados. Las operaciones permitieron consolidar una empresa delictiva que facturó más de $18 millones de dólares en las actividades de conspiración.
Los ciudadanos cubanos no son elegibles para el programa ESTA, y los acusados declararon falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011. Los acusados sabían que los cubanos no cumplían los requisitos para ese programa selectivo y que, en realidad, los solicitantes se encontraban en Cuba en el momento en que se presentaron sus peticiones.
Lima-Santos impulsó la conspiración ayudando a trasladar a extranjeros desde sus países de origen —incluida Cuba— hasta Estados Unidos, lo que incluía la compra de vuelos internacionales y nacionales para transportar a las personas hacia y dentro del territorio estadounidense.
Junto al coacusado Frandy Aragón Díaz, Lima-Santos introdujo ilegalmente a cinco personas en Estados Unidos y admitió haberlo ayudado a traer a mujeres cubanas, quienes trabajaban como strippers en clubes de adultos para saldar la deuda contraída por el tráfico de personas.
En el marco de los delitos de lavado de dinero de la conspiración, Lima-Santos registró en Florida una empresa fantasma —sin empleados, nómina ni ingresos declarados— que se utilizaba para mover el dinero obtenido mediante el tráfico de personas y ocultar el verdadero origen y la naturaleza de los fondos ilícitos.
Por el operativo de tráfico se cobraba a los extranjeros entre $1,500 y $40,000 dólares, y se procedía incluso a fletar aviones privados para trasladar a grupos de personas.
Lima-Santos y otros siete acusados en esta causa conspiraron para transferir fondos regularmente a empresas y destinos fuera de Estados Unidos, por ejemplo, mediante la compra de vuelos internacionales para que extranjeros viajaran a Estados Unidos. Los documentos incautados indican que entre 2021 y 2024, Lima-Santos transfirió internacionalmente más de $600 mil dólares desde Estados Unidos para comprar vuelos destinados a que extranjeros ingresaran ilegalmente al país.
Este jueves Lima-Santos se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer tráfico de extranjeros con fines de lucro, cinco cargos de tráfico de extranjeros con fines de lucro, un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para ocultar instrumentos de lavado de dinero.
Por la magnitud de los delitos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La audiencia de sentencia se programará para una fecha posterior.
Este figura como uno de los mayores escándalos migratorios que vincula a ciudadanos cubanos. De los 12 acusados como miembros de la banda criminal se han declarado también culpables y están pendientes de sentencia:
- Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 27 años, quien reside ilegalmente en Lebanon, Tennessee.
- Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, de 31 años, de Tampa.
- Walbis Pozo-Dutel, de 31 años y residente en Katy, Texas.
- Emanuel Martínez González, de 29 años, quien reside ilegalmente en Hialeah.
- Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 32 años y vecino de Tampa.
- Layra Libertad Treto Santos, de 32 años, de Tampa.
El acusado Erik Ventura-Castro, de 24 años y residente en Hialeah, se declaró culpable el 7 de mayo y recibió una sentencia de 30 meses de prisión el pasado 29 de julio.
Otros dos acusados, Gisleivy Peralta Consuegra, de 41 años y residente en Tampa, y Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 28 años y radicado en Hialeah, no han aceptado la culpabilidad por los cargos imputados y se someterán a un juicio fijado para el próximo 21 de septiembre.
Marianny Lucía López-Torres, de 25 años, quien antes vivió en Hialeah; y Frandy Aragón-Díaz, 33 años, con previa presencia ilegal en Tampa, son parte de la acusación pero los documentos judiciales no ofrecen información adicional sobre si permanecen en Estados Unidos o se encuentran en Cuba.
La investigación y la acusación formal contaron con el apoyo y el procesamiento judicial de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA), la iniciativa principal del Departamento de Justicia para combatir el tráfico y la trata de personas de alto impacto, cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
El HSI Tampa, el Sector de Miami de la Patrulla Fronteriza y la División de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) encabezaron las labores de investigación estadounidenses, contando con una colaboración sustancial de la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington D. C. y del Grupo de Trabajo de Interdicción Internacional del Centro Nacional de Selección de Objetivos (NTC) de CBP. Las autoridades de Islas Caimán prestaron una valiosa colaboración a los investigadores del caso.
