En una vigorosa señal de conciencia estudiantil sobre la libertad de expresión, un grupo de alumnos de la Universidad Internacional de Florida (FIU) de Miami presentaron una demanda contra los directivos de la institución por presuntas violaciones de derechos consagrados en la Constitución de Estados Unidos.
Un importante resuello de vitalidad en la masa estudiantil de FIU, donde las tendencias predominantes no parecen inclinadas a discrepar de los discursos oficiales y de los designios de la administración Trump.
La demanda – de 13 páginas– fue presentada este martes ante un tribunal federal de Miami y está respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones cívicas como el Community Justice Project, que alegan irrespeto de la gerencia de FIU hacia la Primera Enmienda.
Cinco funcionarios universitarios —incluida la presidenta de FIU, Jeanette Nuñez— figuran como acusados en la demanda. La ejecutiva cubanoamericana Núñez, ex vicegobernadora de Florida y de perfil republicano, está en el foco de críticas por inclinar la balanza de FIU hacia posturas conservadoras.
Debe recordarse que FIU estuvo considerada entre las universidades para acoger el Donald J. Trump Presidential Library/Presidential Center, destinado a conservar documentos, objetos y exhibiciones relacionadas con las dos presidencias trumpistas, pero finalmente los rumbos del proyecto se enrumbaron hacia los terrenos del Miami-Dade College, aledaños a la Torre de la Libertad, en el downtown de la ciudad.
La acción legal representa la escalada más reciente en el conflicto planteado en el ámbito académico entre la universidad y un grupo de miembros de la organización estudiantil ICEbreakers, que se oponen a las políticas de cacería migratoria en el campus y a la cooperación de la policía universitaria con los agentes de ICE.
El grupo ICEbreakers es una coalición liderada por estudiantes que moviliza a alumnos, docentes y miembros de la comunidad para poner fin a la polémica colaboración entre FIU y ICE. El punto mayor de discrepancia es que el pasado año, FIU se adhirió voluntariamente al programa 287(g) de ICE, el cual faculta a la policía del campus para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
La población estudiantil de FIU es de más de 50,000 estudiantes, y aproximadamente 61% son hispanos, según datos oficiales. Es una de las universidades con mayor población hispana de Estados Unidos, y la de mayor volumen de estudiantes de origen cubano en toda la nación.
El pasado abril, las autoridades universitarias alegaron que siete estudiantes infringieron las normas de conducta al ponerse de pie en silencio —vistiendo camisetas con la consigna ICE Out — durante una charla informal en la que participaba la presidenta de la universidad.
Aunque las autoridades reconocieron que las acciones de los estudiantes no interrumpieron el evento, enviaron una carta a cada uno de ellos alegando que habían violado la política del campus que prohíbe «protestas, desfiles, marchas, piquetes, manifestaciones y otras actividades expresivas similares» dentro de los edificios universitarios.
Sin embargo, la propia política de comportamiento universitario define las «actividades expresivas» como acciones protegidas por la Primera Enmienda.
En junio, se determinó que los estudiantes eran «responsables» de sus actos y se les exigió presentar videos de «reflexión» grabados, detallando cómo habían violado la normativa universitaria y cómo cumplirían con ella en el futuro. Seguidamente, se rechazaron las apelaciones internas de los estudiantes ante la universidad.
En la demanda presentada este martes los estudiantes piden al tribunal que impida la aplicación de la política de FIU mientras el caso esté en curso, y solicitan un juicio con jurado.
Es un asunto de fondo que pone de relieve las crecientes tensiones entre la libertad de expresión que debe preservarse siguiendo preceptos constitucionales y las nuevas normas de los campus universitarios que restringen manifestaciones discrepantes con ciertos asuntos.
Y que revela a la vez las profundas contradicciones emergentes en un recinto universitario donde incluso se han dado manifestaciones de corte racista y fascista a través de un chat grupal de WhatsApp, creado por el secretario del Partido Republicano en Miami-Dade, el cubanoamericano Abel Carvajal.
El chat grupal se creó después del asesinato del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, y en apenas tres semanas se llenó de insultos racistas, con llamados a matar violentamente a personas negras, al punto que un miembro del grupo lo describió como “el paraíso nazi”.
En otras palabras, fascismo corriente en plena Calle Ocho.
Carvajal termino renunciando como secretario del Partido Republicano de Miami-Dade, el pasado 23 de marzo, y FIU lo sometió a un proceso disciplinario por su papel como administrador del grupo de WhatsApp. Fue sancionado a dos años de suspensión como estudiante, expulsado temporalmente del campus y de los eventos patrocinados por FIU hasta mayo de 2028.
Sin embargo, Carvajal apeló la decisión y su caso está en litigio en los tribunales federales.
