La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este jueves revisar la política de la Administración Trump para detener indefinidamente a inmigrantes que cruzaron la frontera de manera irregular, sin permitirles la opción de libertad bajo fianza.
La decisión marca una clara señal de que los magistrados planean pronunciarse sobre la agenda de arrestos y deportaciones del gobierno, poniéndola en foco al iniciarse el nuevo período del tribunal, esta semana.
El anuncio se produce después de que el martes, la Corte Suprema emitiera un polémico fallo avalando la política de la administración de deportaciones masivas, con carácter expedito, a terceros países sin vínculos con los expulsados. Aunque la orden es temporal mientras se litiga el caso, constituye una victoria para la agresiva estrategia de la administración.
Por lo pronto, estarán sometidos a revisión legal dos aspectos clave de lo que ha sido la cacería migratoria impulsada por el presidente Donald Trump bajo las promesas de arrestar y deportar a los ilegales y delincuentes convictos que permanecen en el país.
Ambas cuestiones afectan también a miles de cubanos, incluyendo a unos 42 mil que tienen orden final de deportación como inelegibles tras cumplir condena por delitos mayores en el país.
El tema de las detenciones es altamente controversial, pues ha significado un giro radical respecto a la prática respetada durante administraciones anteriores, que permitieron que los inmigrantes pudieran solicitar su liberación mediante una audiencia judicial.
El Tribunal Supremo debe escuchar ambos casos en diciembre y tener una decisión final antes del próximo junio.
El espinoso tema de las detenciones indefinidas involucra a personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, pero llevan años residiendo en el país. Durante décadas, estas personas podían ser puestas en libertad bajo fianza mientras continuaban los procedimientos judiciales de rigor, siempre que no representaran una amenaza para la seguridad pública ni existiera riesgo de fuga.
Más de dos tercios de los inmigrantes indocumentados han residido y trabajado en Estados Unidos durante al menos una década,
Sin embargo, la administración Trump le dio una vuelta a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante, establecida en 1996, aseverando que pueden mantenerse personas detenidas por tiempo indefinido sin derecho a fianza.
Se calcula que unas 70,000 personas se encuentran actualmente bajo detención migratoria en Estados Unidos, una cifra que supera los 40,000 registrados antes de enero de 2025, cuando Trump asumió su segundo mandato presidencial.
Como consecuencia de la arremetida contra los inmigrantes por parte de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, numerosos jueces de inmigración se han visto forzados a denegar audiencias a personas con un récord de permanencia, trabajo y cumplimiento de responsabilidades impositivas por largo tiempo.
La normativa para impedir la liberación bajo fianza y supervisión de los inmigrantes ha sido rechazada abrumadoramente en los tribunales federales de distrito y por nueve de los once circuitos de apelaciones de la nación, en abierta discordancia con los procedimientos del Departamento de Seguridad Nacional.
Un fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, el pasado abril, recordó que el Congreso nunca ha cuestionado la práctica consolidada de liberar bajo fianza a ciertos inmigrantes, a pesar de haberse introducido cambios importantes en la legislación de 1996, y advirtió sobre las graves cuestiones constitucionales asociadas a la norma administrativa.
Abogados y grupos defensores de los inmigrantes sostienen que la ley federal exige al gobierno garantizar a las personas el acceso a una audiencia para fijar una fianza, y alertan sobre la manera en que se está bloqueando el derecho de solicitar la liberación ante un juez.
Hasta el momento, cinco administraciones precedentes, incluso Trump en su primer mandanto, habían garantizado la realización de audiencias sobre la custodia.
Deportaciones expedidas a terceros países
En sintonía con el abordaje de temas migratorios de alto impacto para el país, la decisión del Tribunal Supremo sobre las deportaciones a terceros países tendrá que enfrentar tanto asuntos constitucionales como reclamos de derechos humanos de las personas afectadas y sus familias.
En su fallo de emergencia de este martes, los magistrados prometieron acelerar el caso y escuchar los argumentos orales en diciembre, lo que permitirá emitir un fallo definitivo sobre el tema el próximo año.
Sea cual sea el veredicto, el proceso de litigación será otro reto desafiante a la política de Trump ante el máximo órgano judicial de la nación.
En esencia, las audiencias previstas para diciembre, van a tener muchas aristas de discusión sobre la política de Trump de enviar personas a países con los que los deportados no tienen vínculos, incluyendo naciones que han enfrentado reiteradas acusaciones en foros internacionales por violaciones de derechos humanos.
Por lo pronto, este martes los tres magistrados liberales del tribunal señalaron que habrían denegado la solicitud del gobierno de reanudar las deportaciones luego que un tribunal de apelaciones había emitido un fallo suspendiéndolas, el pasada 18 de sepriembre.
Los magistrados pidieron a ambas partes que para la audiencia de diciembre centraran sus alegatos en si el juez de primera instancia que había suspendido las deportaciones rápidas tenía autoridad para hacerlo, y si la política de Trump violaba la Constitución y las protecciones internacionales contra la tortura.
El fallo de los magistrados significa que la administración puede, por ahora, continuar con su programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países donde se han reportado maltratos denigrantes a manos de policías encapuchados, como ocurrió el pasado agosto en Guinea Ecuatorial, de acuerdo con testimonios de los deportados y sus familiares.
El gobierno de Trump ha gestionado acuerdos con más de 50 países para enviar deportados a individuos que no son aceptados en sus naciones de origen. La mayoría de esos acuerdos no se hacen públicos.
