Este 28 de octubre se produjo la votación anual en Naciones Unidas de la declaración propuesta por el gobierno cubano pidiendo la condena de las sanciones económicas estadounidenses que ellos llaman «bloqueo».
Una vez más dejo clara mi posición frente a esto. Estoy en contra de las sanciones económicas contra el pueblo cubano y mucho más de su endurecimiento reciente por parte de la actual administración estadounidense.
Estoy en contra porque contribuyen a endurecer la vida de los cubanos, sobre todo del pueblo sencillo.
Estoy en contra porque le otorgan al régimen cubano un argumento para atribuirles a ellas la miseria de nuestro país intentando evadir sus propias responsabilidades sobre el desastre.
Estoy en contra porque han permitido a ciertos empresarios, dentro y fuera de Cuba, enriquecerse con la miseria del pueblo cubano.
Por eso y por mucho más.
Sin embargo, el gobierno cubano podría hacer mucho para dejar sin piso el argumento de las sanciones económicas.
Lo primero que podría hacer es liberar a todos los presos políticos, anular sus causas judiciales, poner fin a los procesos pendientes a quienes han ejercido con valentía su derecho a la protesta y al disenso. ¿Deben hacerlo porque lo pide Estados Unidos? No, deben hacerlo porque es una necesidad sentida de una inmensa parte de nuestro pueblo y no habrá paz civil ni entendimiento al interior de nuestra sociedad hasta que no se reconozcan los derechos civiles y políticos de todos nosotros como ciudadanos libres que somos.
No somos esclavos, no somos siervos, somos ciudadanos.
Otra cosa que resulta imprescindible es la democratización de nuestra sociedad. No estoy hablando solo de elecciones libres, aunque por supuesto, también. Estoy hablando del cumplimiento pleno de los derechos que la constitución reconoce en su articulado y que se violan cada vez que la fuerza pública detiene a alguien con un cartel pidiendo libertad para los presos políticos.
La democratización de nuestra sociedad no sería real mientras se mantenga el Artículo 5 de la Constitución, que define al Partido Comunista como único… y como fuerza superior y dirigente de la sociedad. Para que el Estado cubano sea realmente democrático se requiere que los ciudadanos, en ejercicio de nuestra soberanía, ejerzamos el derecho de decidir nuestro destino y ello implica la libertad de elegir, sin condicionamientos escritos en piedra ni camisas de fuerza que condenen a generaciones enteras a aceptar lo que otras decidieron.
No soy ingenuo, soy consciente de que la actual dirección del país difícilmente tenga el coraje y el desprendimiento necesarios para hacerlo y por eso nos toca a los cubanos reclamarlo, sin esperar que algún poder extranjero lo resuelva por nosotros. Es la sociedad civil cubana quien tiene que hacerse sentir como una sociedad formada por ciudadanos conscientes de sus derechos y sus responsabilidades.
Solo llamo la atención sobre lo siguiente: 130 países votaron a favor de condenar las sanciones económicas y es apenas lógico, pero muchos de ellos hicieron público su voto acompañándolo de reclamos al gobierno cubano para liberar a los presos políticos y respetar los derechos humanos. No se trata de un apoyo incondicional y la dirigencia cubana debería tomar nota en lugar de hacer esa propaganda triunfalista y sobre todo debería abandonar ese lamentable espectáculo ofrecido el día anterior en la Asamblea General de la ONU que parecía una pelea de barrio.
Por otra parte, el año pasado los apoyos a la declaración propuesta por Cuba fueron 165, frente a 187 de 2023 y 2024. Este año fueron 130.
A fin de cuentas, como todos sabemos, esta declaración carece de efectividad práctica. Es una de las muchas limitaciones que tiene la Asamblea General de la ONU.
Mientras tanto, más importante que esa votación y su simbolismo es la realidad de nuestra sociedad agotada por apagones interminables, acumulación de basuras, falta de luz, de transportes, de comida y de vida, empobrecida, envejecida por la migración sistemática de parte de la juventud carente de esperanzas.
Eso es mucho más importante y también más grave que la votación de la ONU.
