En días recientes, el primer ministro de Antigua y Barbuda reveló a su audiencia radiofónica que su gobierno tenía previsto apoyar la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de este año contra el embargo a Cuba, pero que cambió de postura tras recibir una llamada del Departamento de Estado en relación con unas negociaciones sobre visados. Cuando llegó el momento de la votación, el 28 de octubre, Antigua figuró como ausente.
No critico al Departamento de Estado por utilizar su capacidad de presión; para eso sirve, precisamente. Lo que cuestiono es el objetivo. Según la legislación estadounidense, una resolución de la Asamblea General sobre el embargo carece de validez jurídica. El embargo está codificado en la ley, y solo el Congreso de Estados Unidos puede levantarlo. Hemos desperdiciado nuestra capacidad de presión —en este caso, mediante la concesión de visados— en una votación que no puede cambiar ni una sola palabra de la ley, mientras que una disposición de esa misma normativa, que sí tiene un impacto real, permanece prácticamente sin aplicarse.
El Título IV de la Ley LIBERTAD (Helms-Burton) ordena al Secretario de Estado denegar visados a los extranjeros que trafiquen con propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, así como a los directivos, accionistas mayoritarios y familiares de esas personas. La ley utiliza el término «deberá» (obligación), no «podrá» (facultad). En treinta años, solo se ha aplicado a un puñado de empresas. La ley consta de cuatro partes, ya que cada una depende de las demás: el Título III ofrece a los reclamantes la posibilidad de acudir a los tribunales, mientras que el Título IV impone un costo al tráfico de bienes confiscados, incluso antes de llegar a esa instancia judicial. El mismo canal telefónico que se utilizó con Antigua podría emplearse con cualquier capital donde operen empresas que se benefician de propiedades estadounidenses confiscadas.
Luego está el silencio. Este año, Washington ha hablado mucho sobre el futuro económico de Cuba. Sin embargo, no he escuchado a ningún alto funcionario declarar públicamente que Cuba adeuda a familias y empresas estadounidenses cerca de $2,000 millones de dólares en reclamaciones certificadas —una cifra que, con los intereses, supera los $9,000 millones de dólares. Se habla, con razón, de los presos políticos cubanos; pero se habla mucho menos de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que permanecen retenidos en Cuba. Son nuestra gente, y deben ser la prioridad.
Hace dos semanas, en mi artículo «Sigue el rastro del dinero entre La Habana y Caracas», propuse que los fondos generados por la asociación entre ambos gobiernos fueran identificados, bloqueados y depositados en una cuenta específica destinada a los estadounidenses con reclamaciones contra Cuba, hasta que La Habana salde sus deudas. Desde entonces, The New York Times ha dado a conocer un informe confidencial de KPMG sobre la cuenta de custodia de Venezuela en el Departamento del Tesoro, mantenida en el Citibank de Nueva York.
Según el artículo del Times, Estados Unidos recibió más de $12,000 millones de dólares en ingresos por exportaciones venezolanas hasta septiembre, y funcionarios de los departamentos de Estado y del Tesoro autorizan cada desembolso. Alrededor de $130 millones de dólares se destinaron a cubrir obligaciones externas de Venezuela, principalmente deudas con otros gobiernos y organismos internacionales. Nada de ese dinero fue a parar a los reclamantes certificados, quienes no han recibido pago alguno en más de sesenta años. El programa no debería funcionar así. Estados Unidos debe corregirlo; no solo por los estadounidenses a quienes Cuba adeuda miles de millones, sino también para enviar un mensaje a quienes pretendan confiscar propiedades: tarde o temprano, pagarán por sus actos.
Existen diversas formas en las que Estados Unidos podría abordar la cuestión de las reclamaciones contra Cuba. Un mecanismo que propuse ya existe, aunque no bajo ese nombre: durante dos décadas, crudo venezolano fue procesado en refinerías cubanas que fueron confiscadas a Esso y Texaco; según la ley, esto constituye tráfico, y los traficantes deben responder ante los estadounidenses a quienes pertenecían esas propiedades. Cualquier pago realizado desde la cuenta de custodia al Estado cubano —o a una entidad controlada por La Habana— debería detenerse y reservarse para esos estadounidenses. El dinero de los venezolanos debe permanecer en manos de los venezolanos; la parte correspondiente a Cuba debe quedar a disposición de sus acreedores. Negarse a firmar una autorización no equivale a una confiscación.
Existen otras vías para alcanzar el mismo objetivo, pero ello requiere valentía política y moral. La administración Trump ha demostrado mayor determinación en ambos aspectos en lo que respecta a Cuba; sin embargo, en general, se habla más de los intereses cubanos que de los estadounidenses. Se trata de decidir qué intereses tienen prioridad, y este es un asunto en el que una Casa Blanca republicana y un Congreso demócrata tienen motivos de sobra para ponerse de acuerdo.
El futuro político de Cuba pertenece a los cubanos. Nosotros desde Estados Unidos no vamos a arreglar Cuba, y deberíamos dejar de intentarlo. Cuba ya era una nación políticamente fracturada en 1959, y la situación no ha hecho más que empeorar desde entonces; no a causa del embargo, sino porque la familia Castro ha convertido a Cuba en su patio de recreo personal y en su propia alcancía. En 2016, un presidente estadounidense voló a La Habana para abrir un nuevo capítulo. Raúl Castro no fue a recibirlo al aeropuerto, y su comparecencia conjunta culminó con Castro levantando el brazo —que lucía inerte— del presidente ante las cámaras y compartiendo sentados un partido de béisbol. En La Habana se respeta la capacidad de presión, no las buenas intenciones ni las oportunidades para la foto. Nuestra postura debería estar al servicio de las reivindicaciones estadounidenses, de los detenidos estadounidenses y de la ley estadounidense. Las votaciones en la ONU pueden esperar.
Jason I. Poblete es un abogado cubanoamericano, fundador de la organización The Global Liberty Alliance, en Washington DC.