Un tribunal federal de apelaciones rechazó este viernes la política de deportaciones expeditas de la administración Trump que permite expulsar a inmigrantes hacia terceros países sin permitirles escuchar previamente sus objeciones basadas en su seguridad personal.
«La política entra en conflicto con las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las alegaciones de temor a persecución, en la medida en que autoriza deportaciones a terceros países sin una notificación efectiva y una oportunidad significativa de presentar esas alegaciones”, determinó un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, radicado en Boston.
Los jueces concluyeron que “la política es, por tanto, ilegal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo».
En un fallo de 55 páginas, el tribunal ratificó una decisión anterior, emitida el pasado febrero por el juez federal de distrito, Brian Murphy, quien declaró ilegal la política de deportaciones implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
«El derecho de un individuo a impugnar su deportación a un país por miedo a persecución en ese país tiene poco valor si no recibe aviso previo del destino de deportación previsto y una oportunidad significativa de cuestionar ese destino», escribió el juez Seth R. Aframe en el veredicto de este viernes, aprobado por unanimidad.

De los miembros del panel judicial, Aframe y la jueza Lara Montecalvo fueron nombrados por Joe Biden, mientras que el tercer integrante, Jeffrey Howard, fue designado por George W. Bush.
El caso ha tenido un largo peregrinaje por tribunales federales desde comienzos de 2025, cuando comenzaron las llamadas deportaciones express a terceros países, y desde entonces ha escalado a la Corte Suprema en dos ocasiones previas.
En junio de 2025, el Tribunal Supremo había anulado por votación de 6-3 un primer fallo del juez Murphy, lo que permitió al DHS proseguir con las deportaciones. El pasado febrero, el magistrado volvió a bloquear la política del gobierno, pero el Primer Circuito había paralizado el veridicto mientras procedía el proceso de apelación.
El pronóstico es que el caso regrese a la Corte Suprema probablemente la próxima semana.
La orden del Tribunal de Apelaciones no elimina las deportaciones ni obliga al gobierno a priorizar el país de origen del inmigrante deportable o su primera elección de destino, pero sí establece dos reglas antes de proceder con la expulsión: advertirle adónde va a ser enviado y concederle el derecho a exponer sus preocupaciones si teme sufrir maltratos degradantes o persecución allí.
La política de deportaciones a terceros países, incluyendo a numerosos inmigrantes cubanos que no son admitidos en Cuba, es una de las estrategias puestas en marcha por la administración Trump para alcanzar sus metas de expulsar del país a millones de indocumentados.
La Administración Trump ha buscando insistentemente acuerdos con gobiernos extranjeros en Latinoamérica y África para la recepción de inmigrantes deportados desde Estados Unidos.
El gobierno de Trump ha gestionado acuerdos con más de 50 países para enviar deportados a individuos que no son aceptados en sus naciones de origen. A cambio de aceptar a ciudadanos extranjeros, los países firmantes han recibido fondos, el levantamiento de restricciones de visado y otros tratos favorables por parte de Washington. La mayoría de esos acuerdos no se hacen públicos.
Recientemente se conocieron los planes de incorporar a Guyana como un destino de deportables, mientras que el canciller costarricense Manuel Tovar Rivera confirmó que su país está recibiendo unas 25 personas semanales como parte del acuerdo de «tercer país seguro» que promueve Estados Unidos. Desde abril, que se iniciaron discretamente los vuelos de deportación a Costa Rica, han sido enviadas 149 personas.
Organizaciones independientes como el proyecto Third Country Deportation Watch, cifran en más de 25,000 las personas que han sido expulsadas por la administración Trump con destino a unos 29 países países desde febrero de 2025.
FALLO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL PRIMER CIRCUITO/ SEPTIEMBRE 2026