La batalla legal de miles de inmigrantes cubanos por regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos sufrió este martes un duro revés en un tribunal de apelaciones, que rechazó el formulario I-220A como un documento de admisión en el país y, por lo tanto, inválido para solicitar la residencia permanente.
En un fallo de 16 páginas, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito determinó que el I-220A es una orden de libertad condicional, no un parole humanitario o simplemente un parole, por lo que sus beneficiarios no pueden utilizarlo para obtener su residencia al amparo de la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
La decisión constituye un duro golpe para más de medio millón de cubanos que tienen sus casos pendientes en tribunales de inmigración, muchos de ellos con orden de deportación, a la espera de solucionar su situación migratoria por vía de varias demandas interpuestas en las cortes federales.
En efecto, la demanda en curso en un tribunal federal de Miami (caso Bello-Rubio vs Noem) queda ahora supeditada al fallo de este jueves, el cual establece un precedente jurídico obligatorio para los territorios de Florida, Georgia y Alabama.
“Es una mala noticia para los casos de I-220A”, dijo el abogado Willy Allen tras conocer el fallo del Onceno Circuito. “La batalla se torna ahora mucho más dura”.
El rechazo emitido por el panel de tres jueces de Atlanta no es el portazo final para los casos de I-220A, pues la decisión no descarta las opciones de asilo y posible ajuste de estatus de otros solicitantes, admitiendo la peculiaridad del expediente de cada persona. Pero incluso el dictamen podria apelarse ante el pleno de jueces del tribunal.
La determinación del Onceno Circuito fue hecha a partir del caso Aguiar-Fernández vs US Attorney General, interpuesto por la familia de Yoan Aguiar Fernández, su esposa Yenisley González Sanabria, y su hija Essined Yoana Aguiar González, quienes ingresaron a Estados Unidos por la frontera mexicana en junio de 2021.
Tras ingresar por la zona de San Luis, Arizona, los tres miembros de la familia Aguiar-Fernández se entregaron a la Patrulla Fronteriza y fueron liberados con I-220A. Con posterioridad pidieron ajustar su estatus bajo la CAA y, por separado, pidieron el parole humanitario, que les fue negado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El tribunal también rechazó las solicitudes de asilo, retención de deportación y protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT) presentadas en el caso alegando persecución política en Cuba.
La familia abandonó una misión oficial en Venezuela, realizada entre 2010 a 2013. En el fallo, el juez Andrew Brasher se cuestiona la validez de la solicitud de asilo, apuntando datos de la vida de los Aguiar-Fernández a su regreso a Cuba.
“El [Aguiar Fernández] declaró que vivió en Venezuela de 2010 a 2013 mientras cumplía una misión de servicio en nombre del gobierno cubano. Intentó abandonar la misión después de que se le pidiera convencer a ciudadanos venezolanos de votar por el gobierno de Venezuela; regresó a Cuba en marzo de 2013, una vez que sus colegas informaron al gobierno cubano sobre sus intenciones de dejar la misión. Aunque el pasaporte de misión de Aguiar Fernández —que solo autorizaba viajes a Venezuela— le fue confiscado al regresar a Cuba, nunca fue detenido ni interrogado, y siguió trabajando para la misma agencia gubernamental. Asimismo, obtuvo un permiso del gobierno cubano para operar un taller de carrocería en su domicilio. La esposa de Aguiar Fernández tampoco fue detenida ni interrogada, y continuó desempeñándose como enfermera”, escribió el juez Brasher en el veredicto.
El argumento judicial también pone en entredicho un incidente policial en Cuba con un denominado Capitán Cordero, que presuntamente agredió a Aguiar Fernández.
“Las autoridades cubanas nunca citaron ni detuvieron a Aguiar-Fernández a raíz de su altercado con el capitán Cordero. Posteriormente, Aguiar-Fernández permaneció en Cuba durante otros dos años sin que surgiera ningún incidente. El capitán Cordero no volvió a visitar a Aguiar-Fernández tras el altercado, y Aguiar-Fernández no tuvo problemas con ningún otro agente de la policía cubana. Además, Aguiar-Fernández y su familia obtuvieron pasaportes cubanos y, finalmente, partieron hacia México en agosto de 2018, donde permanecieron hasta que cruzaron ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos”, agregó el juez.
Además de la decisión adversa del Onceno Circuito, otros cuatro circuitos federales y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ya habian emitido fallos negando la validez del I-220A para satisfacer el requisito de parole, por lo que se trata de una posición mayoritaria en el país.
El pasado febrero, el Onceno Circuito había anulado las decisiones de BIA sobre dos ciudadanas cubanas con I-220A, y devolvió ambos casos al organismo administrativo para que proceda a una nueva revisión legal.
Aunque la sentencia no desactiva automáticamente la demanda pendiente ante la jueza federal Jacqueline Becerra de Miami, sí pudiera congelar cualquier procedimiento posterior en el caso. Becerra no está obligada ahora a producir un fallo.
Queda aún una avenida legal abierta en la reclamación presentada por el abogado Mark Prada ante el Segundo Circuito de Apelaciones, en Nueva York, el pasado enero. De producirse un fallo favorable a los I-220A, en contradicción con el fallo del Onceno Circuito, el litigio pudiera incluso escalar hasta el Tribunal Supremo.
FALLO DEL ONCENO CIRCUITO DE APELACIONES SOBRE EL I-220A/ NOVIEMBRE 2026