Los profesionales médicos y maestros que son enviados por el gobierno cubano en brigadas de cooperación con Jamaica son víctimas de graves violaciones de derechos humanos, con rígidas normativas para el acceso a sus salarios, y se les utiliza como instrumentos de influencia ideológica, según revela un informe independiente.
El estudio titulado La misión internacionalista de Cuba en Jamaica: una colaboración preocupante fue publicado este miércoles por la organización Archivo Cuba en ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, y pone al descubierto las irregularidades y maltratos laborales que marcan la cooperación entre ambos países en los sectores de salud y educación.
La investigación –de 42 páginas– fue realizada por María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, y la periodista e investigadora Annarella Grimal, y contó con el apoyo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), con sede en Miami. Las conclusiones del informe están basadas en documentos oficiales, testimonios directos y análisis de fuentes públicas.
«La cooperación entre Cuba y Jamaica constituye trabajo forzoso institucionalizado y es parte
de un enorme negocio de esclavitud moderna de la dictadura cubana», concluye el estudio. «Los contratos, reglas y prácticas impuestos a los colaboradores cubanos revelan la explotación a la que son sometidos sistemáticamente por el régimen cubano».
El prontuario de violaciones documentadas en el informe incluye confiscación de salarios, retención de documentos, vigilancia, amenazas, control de movimiento, jornadas laborales excesivas, restricciones arbitrarias y disciplina tiránica bajo sanciones legales.
Desde los años 70, el gobierno cubano ha establecido una presencia sistemática en Jamaica, mediante brigadas médicas y educativas que, si bien han ofrecido servicios valiosos a comunidades necesitadas, lo han hecho bajo estructuras que niegan derechos fundamentales a los propios trabajadores cubanos.
El informe calcula que existen al menos 20 brigadas activas distribuidas por todo el país, con más de 400 colaboradores cubanos actualmente presentes, según cifras oficiales.
Jamaica alberga la cuarta brigada médica cubana más numerosa en América Latina y el Caribe, después de las de Venezuela, México y Guatemala. Esta magnitud evidencia la prioridad estratégica que Cuba asigna a su presencia en el país caribeño.
Entre los hallazgos más preocupantes, el informe destaca que los médicos trabajan jornadas extremadamente largas, de hasta 268 horas mensuales, con remuneraciones mínimas, mientras que el Estado cubano retiene una parte sustancial de sus ingresos. Los testimonios recabados afirman que los contratos fueron firmados sin oportunidad de lectura ni asesoría legal, y que los profesionales se someten a vigilancia, limitaciones de movimiento, confiscación de pasaportes y disciplina estricta por parte de coordinadores cubanos, en coordinación con el Estado anfitrión.
El salario máximo establecido para los colaboradores corresponde únicamente a médicos cubanos, con un monto de $2,100 dólares. De acuerdo con algunos documentos y testimonios, el 50 % de este salario incluye una asignación de $200 dólares destinados al pago del alojamiento, lo que implica que el monto real a transferir a una cuenta bancaria de la Brigada no excedería los $950 dólares.
Sin embargo, existen otros documentos que presentan una versión contradictoria, indicando que el 50 % del salario total ya considera la asignación para el alojamiento.
Además, cada mes el colaborador debe entregar al representante de la Misión una copia de la notificación de los ingresos mensuales recibidos desde Jamaica, en un plazo de 10 días inmediatos al cobro del salario. Igualmente, está obligado a presentar una declaración jurada correspondiente, así como el comprobante del depósito bancario de la transferencia enviada.
El informe subraya el contraste entre esta operación internacional y la crisis sanitaria dentro de Cuba. Según datos oficiales, en 2023 Cuba perdió más de 13,000 médicos en comparación con el año anterior. A pesar de esta disminución crítica, mantiene 24,500 profesionales desplegados en 56 países. En Jamaica, las brigadas médicas han atendido a más de 1.4 millones de pacientes y realizado miles de intervenciones quirúrgicas, pero su despliegue se da en detrimento del sistema de salud cubano.
En el ámbito educativo, los hallazgos también apuntan a una instrumentalización política. El informe documenta que docentes cubanos enseñan en comunidades vulnerables utilizando un enfoque alineado con el sistema educativo comunista, con contenido ideológico explícito y celebraciones escolares centradas en figuras como Fidel Castro y Che Guevara.
Algunas de las escuelas fueron construidas por el Estado cubano, incluyendo una con el nombre de Fidel Castro. El programa didáctico “Yo Sí Puedo”, activo en Jamaica desde 2009, también es señalado como vehículo de alfabetización con trasfondo político.
Además, se identificó la existencia de un programa bilateral de becas del cual no se ha brindado suficiente información pública, y sobre el que no se sabe si Jamaica aporta recursos. Asimismo, organizaciones de solidaridad con Cuba en el país caribeño promueven campañas políticas en favor del régimen cubano, reforzando su presencia en la sociedad civil local.
Werlau destacó como particularidades de la cooperación con Jamaica «la larga presencia de las brigadas cubanas (medio siglo, desde 1976), los elevados números de participantes (433 en la brigada médica y 76 en la educativa), la vehemencia de las autoridades al negar que en Jamaica haya tal explotación y el alto grado de confiscación de salario de un especialista médico que trabaja 268 horas al mes y termina cobrando solo $3.70 dólares por hora».
Pese a declaraciones oficiales del gobierno de Jamaica negando la existencia de explotación o trata, el informe contradice estas afirmaciones. Archivo Cuba solicita que organismos internacionales y gobiernos socios, en especial Estados Unidos, investiguen estos hallazgos, apliquen sanciones a los responsables y condicionen su ayuda internacional a garantías de respeto de los derechos humanos.
El informe vincula estos patrones con prácticas similares documentadas en otros países del Caribe y África, lo que sugiere un modelo de exportación de mano de obra controlado por el Estado cubano con implicaciones transnacionales en materia de derechos humanos y trata de personas.
También apunta a que Jamaica, con el apoyo de organizaciones de solidaridad como Jamaica-Cuba Friendship Association, Friends of Cuba y Jamaica Peace Council, promueve activamente la diplomacia médica cubana, contribuyendo al sostenimiento político y económico del régimen. Estos grupos organizan campañas contra el embargo estadounidense y envían recursos a La Habana, mientras ignoran las violaciones sistemáticas a los derechos laborales de los cubanos en misión.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha entregado más de $100 millones de dólares en ayuda bilateral a Jamaica solo en los últimos tres años, fondos que —al ser fungibles— terminan indirectamente financiando este modelo de esclavitud moderna.
El informe exhorta a Washington a condicionar esa asistencia financiera a la protección de los derechos humanos y a sancionar a los funcionarios implicados en estas redes de trata, tanto en La Habana como en Kingston.
