Una jueza federal de Maryland suspendió temporalmente este jueves la implementación de la nueva tarifa anual para solicitudes de asilo, argumentando que la medida impuesta por la administración de Donald Trump es confusa y revela inconsistencia en las políticas entre las agencias gubernamentales.
La jueza Stephanie Gallagher consideró que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) «actuaron de manera arbitraria y caprichosa» al emitir directrices contradictorias sobre la manera en que los solicitantes de asilo deben pagar la tarifa anual de $100 dólares, ordenada bajo la Ley Unificada de Pagos (One Big Beautiful Bill Act).
Gallagher, que fue nombrada por el presidente Donald Trump en 2019, determinó que la falta de coordinación entre las dos agencias había causado una gran confusión e incluso provocó que se ordenara la deportación de algunos solicitantes de asilo antes de que existiera algún mecanismo para pagar la tarifa.
Desde el 1ro de octubre, USCIS empezó a enviar notificaciones sobre la nueva tarifa, concediendo a los solicitantes un plazo de 30 días para pagarla. La tarifa comenzaría a vencer justamente a partir de este viernes 31 de octubre.
El fallo judicial congela temporalmente las políticas de ambas agencias, impidiendo la aplicación de la tarifa anual a nivel nacional hasta que emitan directrices claras y uniformes.
«Los demandados no han resuelto la inconsistencia entre las políticas de las dos agencias», escribió Gallagher en su fallo.
El dictamen afirma que las normas contradictorias del gobierno causaron «un daño irreparable a los solicitantes de asilo».
Sin embargo, en el fallo la jueza declaró que consideraría con prontitud una moción para levantar la suspensión del cobro de la tarifa una vez que las agencias federales implementaran políticas uniformes y proporcionaran a los solicitantes de asilo un aviso claro sobre la fecha límite y el método de pago, así como las consecuencias adversas de no cumplir con el requerimiento.
El Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (ASAP) presentó una demanda en el tribunal federal de Maryland, acusando al gobierno de aplicar ilegalmente una nueva tarifa anual de asilo a las personas que presentaron sus solicitudes antes de que la ley entrara en vigor.
Como parte de la Ley Única y Reformada (One Big Beautiful Bill Act), promulgada el 4 de julio, los solicitantes de asilo deben pagar una tarifa de $100 dólares cada año mientras su caso permanezca pendiente.
Antes de la entrada en vigor de esta ley, no se requería ninguna tarifa para solicitar asilo.
La demanda incluye testimonios de solicitantes de asilo que argumentan pánico y confusión respecto a la nueva tarifa, pues muchos de ellos no han recibido ninguna instrucción del gobierno sobre cómo o cuándo realizar el pago.
Numerosos solicitantes mencionados en la demanda, algunos provenientes de países latinoamericanos, dicen no contar con los recursos económicos para pagar la tarifa, según afirman los demandantes.
El grupo demandante ASAP argumenta que USCIS y EOIR están aplicando retroactivamente la nueva tarifa anual de asilo y proporcionando información contradictoria, e incluso estableciendo plazos que se contradicen.
En al menos un caso, la demanda incluye evidencia sobre un juez de inmigración que rechazó una solicitud de asilo y ordenó la deportación por falta de pago, a pesar de no existir ningún mecanismo para abonar la tarifa en el momento del fallo judicial.
Durante una audiencia el pasado martes, Gallagher presionó a la abogada del Departamento de Justicia, Zareen Iqbal, sobre si la tarifa de solicitud de asilo se estaba aplicando retroactivamente, y recordó que muchos solicitantes ya llevan años esperando una decisión sobre sus casos.
Iqbal respondió que la política no se estaba aplicando retroactivamente, explicando que su objetivo era ayudar a abordar el alto volumen de casos de asilo que han estado pendientes durante años.
Iqbal informó al tribunal que se pondría en contacto con los demandantes y el USCIS para ayudar a resolver el problema.
El Departamento de Justicia reconoció que algunos solicitantes han enfrentado dificultades tras el anuncio de la nueva tarifa.
