En una decisión histórica, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes aceptar y dirimir dos apelaciones interpuestas al amparo de la Ley Helms-Burton por dos compañías expropiadas por el régimen de Fidel Castro tras asumir el poder.
La Corte Suprema accedió a escuchar las reclamaciones presentadas por la corporación Exxon Mobil sobre la confiscación de una refinería de petróleo y sus estaciones de servicio en Cuba, y de la compañía Havana Docks, que busca una compensación millonaria de cuatro líneas de cruceros por usar un muelle construido en el puerto de La Habana hace más de un siglo.
La determinación marca un cambio radical de Washington hacia Cuba, pues la postura del máximo órgano judicial de la nación revierte sendos fallos de tribunales de apelaciones en torno a los casos, y avala los argumentos presentados por el Departamento de Justicia en favor de los demandantes.
Es muy probable que el tribunal fije una fecha para escuchar argumentos de las partes en litigio el próximo año y emita un fallo en junio.
Hasta este momento, los tribunales federales de distrito y de circuitos de apelaciones han frenado los esfuerzos de los demandantes basados en la Ley Helms-Burton, establecida en 1996 pero limitada en su Título III hasta 2019. Fue bajo el primer mandado que Donald Trump que se activó la cláusula que permite a ciudadanos estadounindenses presentar demandas en tribunales federales para recibir compensación por las expropiaciones y los daños causados por el régimen cubano.
La batalla legal de Exxon Mobil –antigua Standard Oil Company– comenzó en un tribunal de distrito de Washington DC desde el mismo día que se activó el Título III de la legislación, el 3 de mayo de 2019. Las propiedades confiscadas a Exxon Mobil por el régimen cubano incluían la refinería central, múltiples terminales de productos y 117 estaciones de servicio, ahora bajo el control de las estatales CUPET y CIMEX. En 1969 las pérdidas fueron estimadas por los registros federales en $72 millones de dólares, una cifra que actualmente se calcula en unos $600 millones.
Tras años de prolongadas maniobras legales y argumentos presentados por el gobierno cubano, la demanda de Exxon fue frenada por el tribunal de apelaciones de Washington DC con el criterio de que las entidades cubanas estaban protegidas por la inmunidad soberana de países extranjeros. Exxon acudió entonces a la Corte Suprema el pasado abril argumentado que su caso cumple con las excepciones de derecho a la inmunidad de la que gozan gobiernos extranjeros ante las leyes estadounidenses.
En cuanto a Havana Docks Co, la jueza federal Beth Bloom de Miami había ordenado a las compañías Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian pagar $439 millones de dólares por considerar que incurrieron en acciones ilegales durante sus viajes a Cuba, entre 2015 y 2019. El basamento de la demanda fue que las cuatro líneas de cruceros usaron las instalaciones contruidas por Havana Docks y confiscadas sin compensación por decreto del gobierno revolucionario en 1960.
Pero el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, con sede en Atlanta, revirtió la multa a las líneas de cruceros a fines de 2024, pero dejó abierta la puerta para que los representantes de Havana Docks acudiera a la máxima instancia judicial de la nación, lo cual formalización en una petición el pasado marzo.
En ambos casos la Corte Suprema solicitó el criterio de la administración Trump para considerar la validez de la reclamación. Los departamentos de Estado y de Justicia avalaron ambas peticiones e instaron a la Corte Suprema a aceptar el caso.
“Estados Unidos tiene intereses imperiosos en política exterior para garantizar que los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron expropiados ilegalmente por el régimen comunista de Fidel Castro reciban una compensación y para evitar que el gobierno cubano se beneficie aún más de sus irregularidades”, sostuvo una declaración del Departamento de Justicia presentada ante el Tribunal Supremo el pasado agosto.
La petición de Havana Docks fue respaldada también por seis congresistas de Florida, en una carta en la que alertan que la setencia del tribunal de apelaciones de Atlanta «socava la política exterior de nuestro país hacia Cuba”.
La Corte Suprema tendrá ante sí dos casos con implicaciones en la política exterior de Washington y en el peliagudo tema de la inmunidad soberana de gobiernos extranjeros, que ha mantenido bajo cautela a varias administraciones estadounidenses por temor a que Estados Unidos pueda ser demandado en tribunales foráneos.
Pero el hecho de que el Supremo haya aceptado ambos casos en una legislación con aplicación controversial es ya una victoria para los demandantes y una malísima señal para el gobierno cubano y sus pretensiones de atraer inversión extranjera a la isla.
Teniendo en cuenta la tendencia conservadora del máximo tribunal y el decidido respaldo de las reclamaciones por parte de la administración Trump, no resulta una apuesta arriesgada apostar por fallos favorables a los demandantes, lo cual tendría un impacto en cadena para otros casos relacionados con la Ley Helms-Burton.
