La publicación de un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional ha venido a confirmar lo que era una preocupación extendida en la comunidad del sur de la Florida, documentada con decenas de testimonios y denuncias: el Centro de Detención Alligator Alcatraz fue una institución de prácticas inhumanas, con un componente activo de tortura a los detenidos.
El reporte de 33 páginas, dado a conocer esta semana, es resultado de varias inspecciones realizadas por investigadores de OIG al centro inaugurado a bombo y platillo en la zona de los Everglades en julio de 2025, y clausurado después de 11 meses de infortunios y desmanes contra los inmigrantes, con un saldo diario de $1.2 millones de dólares cargados al erario público.
El costo total por los 350 días de funcionamiento de la instalación –bajo patrocinio del estado de Florida– se estima en unos $807 millones de dólares, sin contar otros gastos millonarios por construcción, partidas de atención médica, ropa, infraestructura y servicios adicionales.
Las conclusiones entregadas por OIG constituyen un contundente mazazo contra la conducta de persecución, hacinamiento y tratos degradantes a los detenidos, amparada en la política de cacería migratoria de la administración Trump y con varias cucharaditas excedentes del gobierno de Florida.
Todo lo que se expone detalladamente en este compendio había sido ya adelantado por Amnistía Internacional en diciembre de 2025 en el reporte “Torture and Enforced Disappearances in the Sunshine State: Human Rights Violations at Alligator Alcatraz and Krome in Florida”, que advirtió no solo sobre la infausta cajita metálica, sino también sobre condiciones insalubres y degradantes, atención médica deficiente, acceso limitado a abogados y al debido proceso, y posibles desapariciones forzadas.
Además, Human Rights Watch había alertado sobre abusos y condiciones preocupantes en Alligator Alcatraz, aunque sus investigadores no tuvieron tampoco acceso al interior del centro para comprobar directamente las denuncias.
Valga señalar que la coartada de las autoridades estatales para justificar semejante despropósito es que el centro operaba bajo la autoridad de Florida y no bajo la gestión directa del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que “los estándares federales de detención no les eran aplicables”.
Es decir, en Florida se puede patear la lata mucho más fuerte que en Estados Unidos. No os asombréis de nada.
Lo más relevante de estas revelaciones es que están plasmadas en un reporte oficial, por investigadores federales de un órgano de control independiente bajo la sombrilla del DHS, y que están muy lejos de tratarse de denuncias de la “izquierda radical” y los “demócratas comunistas” que tanto denigra la ola beligerante del trumpismo. Es un informe oficial de la administración Trump.
De todas las evidencias contenidas en el reporte, la más escalofriante de todas es el uso de celdas de retención, nombradas eufemísticamente como “zonas de calma” por los carceleros de Alligator Alcatraz y que no eran otra cosa que jaulas de castigo, de rancio tufo fascista. Sí, el fascismo corriente en pleno siglo XXI que late cada vez más visible en la sociedad estadounidense y está en escalada hacia su superestructura.
Las celdas del horror eran cubículos metálicos de 1.7 metros cuadrados de superficie (con altura de 2.3 metros) donde fueron confinados 79 inmigrantes “entre varios minutos y casi dos horas”, entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026.
Aunque el personal de Alligator Alcatraz argumentó que las celdas fueron un recurso para tranquilizar a los detenidos, incluso a petición de algunos de ellos, la investigación no deja dudas de que el principal empleo que tuvieron fue la práctica de castigo.
“El uso de estos espacios tan restrictivos es sumamente inusual y contraviene las normas de trato humano, las cuales exigen mantener a los internos en el entorno menos restrictivo posible”, sostuvo el informe de OIG, que también advirtió sobre el hecho de que la humedad de los Everglades violaba “los estándares de espacio vital”.
La normativa nacional establece que cada detenido disponga de al menos siete metros cuadrados de superficie, pero a su máxima capacidad el centro solo ofrecía 2.6 metros cuadrados por interno.
“La limitación de espacio redujo la movilidad diaria de los internos, aumentando los niveles de estrés y el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas”, observaron los investigadores.
Los detenidos tuvieron prohibido salir al exterior durante varias semanas, lo que contraviene la normativa federal establecida para estos centros.
Al margen de las posturas ideológicas y las filiaciones partidistas de cada cual, no puede haber otra actitud sensata ante la lectura del informe que no sea la indignación. No es admisible que en nuestras narices, en una comunidad repleta de inmigrantes, el estado de Florida haya tenido la desvergüenza de plantar un antro de vejaciones contra nuestra propia gente. Sean indocumentados o delincuentes convictos, lo menos que podemos aspirar en un país que supuestamente es abanderado de los derechos humanos (¿todavía lo somos?) es un trato de dignidad y un debido proceso para cualquier individuo.
Valga decir que de las abultadas deudas del estado de Florida, que se pagarán con el dinero del contribuyente, están las contraídas en función del manejo de Alligator Alcatraz. Un reporte presentado tardíamente a la Legislatura estatal el pasado viernes constató que las mayores deudas pendientes corresponden a la empresa de baños portátiles Doodie Calls, que aún espera cobrar $93 millones de dólares de contratos migratorios por valor de más de $219 millones, y a IRG Global Emergency Management, que aguarda el pago de $68 millones de dólares, principalmente por el centro clasurado en los Everglades.
Esto es un escándalo de grandes proporciones que echa un baldón de fango sobre la administración del gobernador Ron DeSantis y los funcionarios que impulsaron esta iniciativa carcelaria para inmigrantes. Si debe haber consecuencias legales y punitivas sobre los máximos responsables es un capítulo aparte que compete a los organismos y los grupos cívicos.
Pero hay algo sobre lo que debemos exigir responsabilidad y transparencia. No es admisible que los congresistas cubanoamericanos del sur de Florida, quienes incluso visitaron Alligator Alcatraz y salieron diciendo que allí todo estaba en plena normalidad, hayan mantenido un silencio sepulcral ante el informe de OIG, y que además sus constituyentes no les exijan una respuesta consecuente.
Es importante esclarecer el asunto. Si la tríada de Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez estuvieron en Alligator Alcatraz y lo consideraron un lugar “clean” y “well presented”, entonces algo anduvo mal en la visita que sería prudente indagar. O los congresistas les dieron la espalda a las atrocidades visibles como las jaulas de castigo, o las miraron sin querer ver, o simplemente fueron engañados por los anfitriones.
Alguno de ellos debía poner la cara para explicar el entuerto que les pone ante sí el informe de OIG. Rendir cuenta ante sus electores debe ser tarea impostergable y no solo para cuando se acerque la hora de las elecciones.
Y algo más. Las escandalosas revelaciones de OIG han repercutido con gran impacto en los medios nacionales e internacionales, pero resulta altamente cuestionable que el contenido del informe esté ausente de medios independientes dedicados a la cobertura sobre asuntos cubanos. No hay justificación alguna por múltiples motivos: no solo porque muchos de los recluidos y sometidos a prácticas violatorias hayan sido inmigrantes cubanos y, además, el centro se ubicara en el ámbito de la comunidad de Miami, sino por una elemental razón de pertinencia informativa.
Es aplaudible que los medios independientes indaguen y fustiguen las violaciones de derechos humanos que prevalecen en Cuba, afectando tanto a presos políticos como a la totalidad de nuestros compatriotas. Pero esa línea editorial de denuncias debe estar acompañada también por la atención a las inclemencias e injusticias que afectan a los cubanos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo.
Es un momento crucial para la sobrevivencia del periodismo y una parte significativa de los financiamientos mediáticos provienen de partidas asociadas a entidades gubernamentales, cada vez más polarizadas y suspicaces acerca del desempeño de las coberturas y los enfoques ideológicos. Pero de ningún modo un asunto como las celdas de Alligator Alcatraz, suficientemente documentado desde un organismo respetable, puede obviarse en publicaciones que se precien de responder a la audiencia cubana, dentro y fuera de la isla.
El desastre impune de Alligator Alcatraz es una alerta para todos los que confiamos en el sentido de la justicia y en el sagrado respeto de los derechos humanos como pilares de la democracia y el buen gobierno. Y es casi un imperativo levantar la voz para exigir cuentas claras y vengüenza cívica a quienes dicen representarmos y preservar nuestra integridad como ciudadanos del mundo libre.
INFORME DE OIG SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ALLIGATOR ALCATRAZ/ SEPTIE,MBRE DE 2026
