El presidente Donald Trump puede salvar el níquel y el cobalto de Cuba de las empresas chinas, rusas y europeas.
El futuro de Sherritt International Corporation, empresa con sede en Toronto, Canadá, y cuyos ingresos rondaron los $389 millones de dólares en 2025, se encuentra a la vez en entredicho y en juego. Sherritt, que el pasado mayo anunció la suspensión de sus actividades en las minas de Moa y su participación directa en empresas mixtas en Cuba, cuenta con operaciones de cobalto, níquel y energía (una participación del 30% en Energas S.A.).
Dos candidatos aspiran a controlar la empresa. Es necesario abordar una reclamación certificada, independientemente de qué candidato prevalezca o de si ninguno lo hace. Una demanda por reclamación certificada, presentada por la Compañía Cubana de Electricidad ante un tribunal de distrito de Estados Unidos, podría tener un impacto significativo. Asimismo, podría presentarse una posible reclamación no certificada ante un tribunal de distrito de Estados Unidos.
Sin una vinculación con Estados Unidos, es poco probable que la administración Trump apruebe (autorice) la adquisición de Sherritt International Corporation ni que levante las sanciones que afectan a la empresa, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado.
La administración Trump-Vance prefiere que Sherritt International Corporation esté controlada por una entidad con sede en Estados Unidos y que el níquel y el cobalto extraídos por la empresa en Cuba se destinen a los mercados estadounidenses; en particular, que el cobalto se dirija a mercados con aplicaciones militares para la producción de armamentos y de baterías para vehículos eléctricos. Ayudar a las empresas estadounidenses a controlar las cadenas de suministro de minerales primordiales es un aspecto fundamental para la administración Trump-Vance.
¿Aceptará la Casa Blanca una transacción que involucre a Canadá, Cuba y Estados Unidos, o una que incluya a Canadá, Cuba, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos?
¿Se sentirá más cómodo Donald Trump con una estructura de propiedad para Sherritt International Corporation cuyo liderazgo político incluya a tres o a cinco personas?
¿Mark Carney, primer ministro de Canadá; Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba; y Trump, o en su lugar Carney, Díaz-Canel, Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza; Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido; y Trump?
La fecha clave es el 12 de octubre de 2026, momento en que expira la exclusividad de uno de los posibles compradores. Para esa fecha –o antes– es posible que Sherritt International Corporation deba acogerse a las protecciones de la Ley de Acuerdos con los Acreedores de Empresas (CCAA), equivalente canadiense a las disposiciones de reorganización del Capítulo 11 del Código de Bancarrota en Estados Unidos.
La operación minera de Sherritt en Cuba es una asociación 50-50 con la estatal General Nickel Company S.A., lo que significa que La Habana seguiría siendo copropietaria por igual, sin importar las manos que tengan el control de Sherritt International Corporation.
Dos posibles compradores están interesados en la empresa. El enfoque de cada uno es radicalmente distinto.
El primero es Gillon Capital, LLC, con sede en Dallas, Texas, que tiene exclusividad hasta el 12 de octubre. La empresa se identificó y su principal participa públicamente en el proceso de adquisición. La compañía está asociada a Ray Washburne, principal ejecutivo de Sunoco LLC y empresario que dirigió un banco de desarrollo para inversión en el extranjero durante el primer mandato de Trump.
Gillon Capital, LLC alcanzó un acuerdo preliminar y no vinculante en mayo para adquirir el 55% de Sherritt International Corporation.
El segundo interesado es un consorcio formado por Kyma Capital Ltd., con sede en Londres, (con aproximadamente $440 millones de dólares en activos bajo gestión); Trifon Natsis, con sede en Londres (socio en Jersey, Islas del Canal; Brevan Howard Asset Management LLP (con sede en una Dependencia de la Corona y alrededor de $31,000 millones de dólares en activos bajo gestión en 2026); Glencore International AG (con sede en Baar, Suiza, y unos ingresos de aproximadamente $247,500 millones de dólares en 2025); y una parte no identificada con sede en Estados Unidos.
Kyma Capital Ltd. posee el 13.43 % de las acciones ordinarias de Sherritt International Corporation.
El consorcio no ha identificado a la parte más relevante: el «inversor ancla estadounidense», con sede en Estados Unidos, y que cuenta con una amplia experiencia en los mercados financieros mundiales.
Si un consorcio quiere proyectar legitimidad, ¿por qué optar por el 75% en lugar del 100%? ¿Por qué un consorcio creería ventajoso para su credibilidad ante gobiernos, inversores, medios de comunicación, el público y accionistas mantener en secreto el activo más importante de su propuesta?
El Consejo Económico y Comercial Cuba-EE.UU (USCTEC) ha mantenido comunicación con el «destacado inversor ancla estadounidense» y, a petición de este, se está absteniendo actualmente de revelar su identidad.
Si la parte con sede en Estados Unidos está comprometida, ¿por qué mantener el secreto?
La Casa Blanca exigirá transparencia. El Congreso de Estados Unidos exigirá transparencia. El gobierno cubano necesitará transparencia.
*John S. Kavulich es presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-EE.UU, con sede en Nueva York.
