Los nuevos reposicionamientos políticos en el panorama latinoamericano y caribeño, particularmente el giro en la situación de Venezuela, abren múltiples interrogantes para el futuro de las telecomunicaciones en Cuba bajo el escrutinio intenso de Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado el pasado 9 de agosto sobre la Asamblea General Anual de la Asociación Caribeña de las Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO), celebrada en Punta Cana, República Dominicana, donde se llegaron a varios acuerdos enfocados en el crecimiento de las oportunidades entre empresas del Caribe y empresas estadounidenses sobre la base del uso de
infraestructuras confiables y seguras.
Los principales ejes que se proyectan en esta nueva visión de la administración del presidente Donald Trump para el hemisferio occidental estan enfocadas en el uso seguro de las tecnologías de las comunicaciones, con especial énfasis en los cables de fibra óptica submarinos entre otros señalamientos.
De acuerdo con la declaración oficial del Departamento de Estado, funcionarios estadounidenses instaron a los gobiernos del Caribe a excluir a proveedores no confiables de sus ecosistemas de TIC y a adoptar un enfoque actualizado y seguro para la modernización de las redes. Antes de la conferencia, se organizó el Acelerador de Transformación Digital Estados Unidos-Caribe los días 7 y 8 de agosto, conectando a reguladores caribeños con empresas y socios estadounidenses para impulsar proyectos concretos y específicos en materia de cables submarinos, financiación de 5G, conectividad satelital y preparación para la IA.
De aquí que la pregunta sea inevitable: ¿Cómo quedaría Cuba en este nuevo panorama?
Si bien en años pasados gran parte del continente americano se encontraba notablemente inclinado a posiciones de gobiernos de izquierda, lo cierto es que en este momento nos encontramos ante una nueva era donde los gobiernos de derecha estan asumiendo un rol importante que se refleja en alianzas con Washington a la vez que el régimen cubano ha quedado desamparado de sus antiguos aliados.
En el marco de las comunicaciones Cuba cuenta con dos significativos precedentes que vale la pena valorar en este contexto.
En 2009 en los albores de la política de deshielo durante la era Obama, la empresa TeleCuba Communications, con sede en Miami, obtuvo permiso del Departamento del Tesoro para conectar un cable de fibra óptica entre la Florida y el occidente cubano (unas 110 millas), pero en esa ocasión el monopolio estatal ETECSA rechazó la propuesta alegando que ya contaban con el proyecto en curso del cable ALBA-1, procedente de Venezuela. Ese cable fue una efímero proyecto alentado por los emergentes gobiernos de la izquierda latinoamericana del momento.
Años después cuando se reiteró el ofrecimiento desde Estados Unidos y las ventajas que aportaría ampliar el ancho de banda de Internet en Cuba, el régimen cubano alegó que ya tenían un contrato con la empresa SES
Networks de Luxemburgo para proporcionar enlaces satelitales MEO (onda media), lo cual se hizo efectivo en 2018.
El segundo precedente es aparentemente contradictorio. En 2022 la empresa ARCOS-1 USA Inc, propietaria de uno de los principales cables submarinos que conecta a 15 países en el continente, había solicitado una licencia similar a la obtenida en 2009 por TeleCuba Communications para conectar a la isla, pero en este caso fue denegada por el gobierno de Estados Unidos alegando que este enlace sería controlado en su totalidad por la empresa ETECSA lo que representaría un riesgo de contrainteligencia y, de facto, un peligro a la seguridad nacional. En esta ocasión el régimen sí realizó una protesta pública considerando que la medida era un acto de
hostilidad económica hacia el gobierno cubano.
¿Qué pudo cambiar entre 2009 y 2022? El pasado 29 de enero la administración Trump catalogó oficialmente a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Entre otras razones, todo indicaba que el uso de los servicios de telecomunicaciones serían un factor clave de la relación bilateral y de la política de reforzamiento de sanciones contra el régimen de La Habana.
En junio, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) reforzó las reglas de seguridad para estos sistemas, señalando fundamentalmente su parte más vulnerable: los equipos terminales de los cables de fibra óptica. La principal amenaza sería el control de un cable submarino. Si tenemos en cuenta las diferencias, en 2009 la tecnología de fabricación de estos cables –usualmente conocida por DWDM Generación 2010– era capaz en de ofrecer un ancho de banda de entre 650 Gbps a 1 Tbps, pero nada que pudiera ser comparado con la tecnología del segundo cable de fibra óptica submarina ARIMAO, instalado en 2023 con tecnología DWDM post 2010, marcando una diferencia notable con el ALBA-1, ya que permite transmitir por cada canal (λ) una velocidad superior casi 100 veces que la anterior generación correspondiente al ALBA-1 y es capaz de proveer velocidades entre 10 a 100 Tbps.
En otras palabras, una conexión de un cable de fibra óptica con la potencia del ARIMAO controlado por Cuba es un problema de seguridad nacional si llegase a interceptar tráfico estadounidense calificado como sensible bajo dominio de ETECSA, que es la representante de las telecomunicaciones del régimen cubano.
En este panorama complejo se pueden contabilizar riesgos como:
- El régimen cubano, por estar conectado a un extremo del cable.
- Las posibilidades de captación de trafico de inteligencia que pueda ser accedido por estos cables.
- La tentativa de desvio de tráfico haciendo uso de routing/BGP.
¿Cuál sería el futuro de las conexiones de los cables de fibra óptica submarinos que conectan a Cuba en el contexto de esta jornada de CANTO?
Invariablemente tocará a Venezuela, que se encuentra en pleno proceso de transición política, decidir qué hará con el ya antiguo cable ALBA-1, mientras que las miradas de las autoridades competentes estarán puestas sobre Martinica, que es el territorio conectado al otro extremo del cable ARIMAO.
Si bien en la era del deshielo se le ofreció al régimen cubano la oportunidad única de conectarse directamente con un cable con un extremo en Florida, sin tener en cuenta el peligro que un contrato de estas características podría representar para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cierto es que la administración Trump se ha tomado muy en serio las normas de seguridad que abarcan además a los potenciales socios del hemisferio.
Si se añaden las acusaciones que se alegan de potenciales bases de China y Rusia en territorio cubano, entonces las posibilidades reales de acciones de ciberespionaje no deben tenerse sin fundamento. De momento la atención seguirá estando sobre la decisión que tomará Venezuela durante su transición, a la vez que se observará
minuciosamente el proyecto que pretende conectar a Martinica con Florida.
*Raudel García Bringas es presidente de la corporación KREY Networks & Communications, establecida en Florida, Estados Unidos, desde 2016.
