Un juez federal anuló la pausa impuesta por la administración Trump a los procesos migratorios por considerarla “fuera de la ley” y dictada por “sentimientos antiinmigrantes” inaceptables que han afectado la vida de miles de personas en Estados Unidos.
En un contundente fallo de 135 páginas, el juez John J. McConnell Jr., del tribunal de distrito de Rhode Island, consideró que las medidas destinadas a mantener en un «limbo jurídico indefinido» a solicitantes de asilo y peticionarios de residencia permanente, y a denegar permisos de trabajo temporales habían hecho prácticamente imposible que un gran número de personas permaneciera en el país.
𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑈𝑆𝐶𝐼𝑆 [Departamento de Inmigración y Ciudadanía] 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡ó 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜, 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑜́ 𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 𝑀𝑎́𝑠 𝑎𝑙𝑙á 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑜, 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠, 𝑏𝑎𝑠𝑎́𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑢́𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑖́𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝑀𝑎́𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒́𝑠, 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜, 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑢 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜”, escribió McConnell.
El fallo emitido este viernes es una esperanzadora noticia para millones de solicitantes de beneficios migratorios que podrán reanudar sus trámites pendientes, entre ellos centenares de inmigrantes cubanos con su petición empantanada bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
“Es una excelente noticia para la comunidad inmigrante y en especial para los cubanos con casos pendientes ante USCIS”, declaró a Café Fuerte el abogado Willy Allen. Se calcula que alrededor de 300 mil cubanos tienen sus procesos migtratorios retenidos por la pausa impuesta desde el pasado año.
Allen aclaró que la decisión judicial se restringe a las personas en proceso de trámites dentro del territorio de Estados Unidos, como beneficiarios del parole humanitario o los casos de asilo de CBP One que han reclamado un permiso de trabajo mientras esperan por la resolución de un tribunal de inmigración. Pero no favorece a peticiones de visados o solicitudes de reunificación familiar de personas radicadas en el extranjero.
“De cualquier manera, cualquier estrategia legal dependerá de si el gobierno apela el fallo o si se pide al tribunal no implementar la decisión mientras se litiga la apelación”, advirtió el experto.
El alivio judicial se produce un momento de reforzamiento de las medidas contra la inmigración irregular y los procesos legales en curso, justamente horas después de que el Senado pavimentara la aprobación de un proyecto legislativo por $70,000 millones de dólares para implementar la política migratoria de Trump, y reforzar las capacidades de agencias como ICE, CBP y la Patrulla Fronteriza.
Poco después de conocerse el fallo, una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a Café Fuerte que la agencia está considerando interponer una apelación en los próximos días. Cualquier reclamación debe presentarse en un plazo de 30 días.
Las políticas, adoptadas USCIS que cuestiona el veredicto del juez McConnell incluían la suspensión general de las solicitudes de asilo y la paralización de los procesos sobre solicitudes de personas provenientes de los 39 países sujetos a la prohibición de viaje decretadas por Trump en noviembre, impidiéndoles obtener la residencia permanente (tarjeta verde), la ciudadanía estadounidense y otros beneficios migratorios.
El drástico cambio sobrevino poco después del incidente en que el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, el pasado 26 de noviembre.
La congelación de trámites provocó que miles de inmigrantes quedaran a la espera indefinida de resoluciones sobre sus solicitudes, lo que afectó su capacidad para trabajar legalmente y generó incertidumbre sobre su capacidad para integrarse a la sociedad estadounidense.
Una frase del fallo de McConnell resulta clave para desmontar la inconsistencia en los procedimientos migratorios impuestos por la administración Trump: «Al tribunal le viene a la mente una frase que se repite a menudo en los debates sobre política migratoria: si las personas desean emigrar a Estados Unidos, deben ‘cumplir la ley’ y ‘hacer las cosas de la manera correcta’. Este caso es un ejemplo perfecto de inmigrantes que hacen precisamente eso», argumentó el juez, que fue nombrado por Barack Obama en 2011.
El argumento judicial validó así los derechos de personas que habían cumplido con todos los procedimientos exigidos, y no sobre los inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente, a quienes la administración Trump suele estigmatizar. Muchos de los casos estancados corresponden a personas que cumplieron estrictamente que ingresaron al país tras una revisión en fronteras, recibieron documentación oficial y cumplieron los requerimientos vigentes para regularizar su situación migratoria.
El juez señaló que las diversas suspensiones infringen las leyes migratorias establecidas para regular las responsabilidades de USCIS y que, bajo la política de la administración Trump, la agencia había “aplicado la ley de manera desigual y con carácter sistemático”.
La decisión judicial se produjo como resultado de una demanda interpuesta por la organización jurídica Democracy Forward, que ayudó a representar a grupos de inmigrantes y sindicatos contra el comportamiento del gobierno federal y sus agencias.
«Esta decisión reafirma un principio fundamental: el gobierno federal no puede cerrar las vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de procedencia», declaró Skye Perryman, presidenta de Democracy Foward en un comunicado. «Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades de todo el país».
El fallo de este viernes tiene un antecedente judicial similar, pero restringido a un grupo de demandantes en un tribunal federal de Maryland.
El pasado 27 de abril, el juez federal George L Rusell dictaminó también contra de la pausa a las solicitudes de residencia permanente de 83 inmigrantes originarios de países cuyos ciudadanos tienen restringida la entrada a Estados Unidos. Rusell, de un tribunal de distrito de Maryland, había ordenado a USCIS reanundar los casos de residencia de este grupo de personas argumentando que la agencia “no tiene discreción para decidir no adjudicar los casos”, e igualmente coincidió en que la pausa impuesta por la administración Trump es ilegal.
FALLO DEL JUEZ FEDERAL JOHN MCCONNELL SOBRE PAIUSA DE PROCESOS MIGRATORIOS/ JUNIO 2026
