Un jurado federal en Miami declaró culpable este viernes al excongresista y cabildero cubanoamericano David Rivera por lavado de dinero y por actuar como agente del gobierno venezolano sin registrarse.
El veredicto pone punto final a un juicio de alto perfil que reclamó incluso testigos de la talla del Secretario de Estado, Marco Rubio, amigo cercano y colega de andanzas políiticas en Florida por más de dos décadas.
Tras un juicio de siete semanas que incluyó también a su asistente Esther Nuhfer, Rivera fue hallado culpable por realizar actividades secretas de cabildeo en nombre del gobierno venezolano y por lavar millones de dólares en tales funciones, violando la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
Rivera, de 60 años. Fue conducido del tribunal a un centro de detención donde esperará por la sentencia, que será dictada por la jueza federal Melissa Damian el próximo 20 de julio.
La jueza accedió a la solicitud de la fiscalía para impedir una fianza temporal considerando que Rivera representa un riesgo de fuga, no solo por encarar una sentencia potencialmente larga, sino porque tiene aún pendiente un juicio federal en Washington DC por cargos fiscales relacionados con su caso de agente extranjero.
El jurado deliberó desde el pasado jueves y halló culpable a Rivera de conspiración y violación de FARA, conspiración para cometer lavado de dinero y de cuatro cargos más por realizar transacciones con bienes de origen delictivo.
Nuhfer, de 51 años, fue declarada también culpable de los mismos cargos que su jefe. La jueza Damian le permitió permanecer el libertad bajo fianza hasta que se conozca la sentencia.
Rivera se enfrenta a una pena máxima de 60 años de cárcel. Nuhfer podría recibir hasta 30 años de prisión.
«Estas condenas exponen una verdad sencilla: los acusados vendieron acceso e influencia a un régimen extranjero hostil a cambio de dinero», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal general del Distrito Sur de Florida, en un comunicado. «Aceptaron millones vinculados al régimen de Nicolás Maduro, ocultaron esa relación al gobierno de Estados Unidos y utilizaron relaciones personales y políticas de confianza para promover en secreto los intereses del régimen de Venezuela”.
Rivera y Nuhfer obtuvieron un contrato de $50 millones de dólares con una subsidiaria de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para promover los intereses del régimen chavista en Estados Unidos, sin registrarse como agentes extranjeros. En esa encomienda, ambos ejercieron presión sobre funcionarios estadounidenses, entre los que figuró el entonces senador federal Marco Rubio, un viejo amigo de Rivera.
Rivera se permitió organizar reuniones entre políticos estadounidenses y altos funcionarios venezolanos, entre ellos el entonces presidente Maduro y la ministra de Asuntos Exteriores, Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada del país suramericano. En intercambios de mensajes de texto, Rivera y Nuhfer utilizaron un lenguaje codificado para describir sus actividades ilegales.
Las pruebas demostraron además que Rivera utilizó aproximadamente $600,000 dólares de los fondos del contrato obtenido en el financiamiento de su campaña para el Congreso estatal de Florida. Nuhfer usó unos $455,000 dólares para la compra de una residencia en Key Colony Beach.
«El veredicto de hoy envía un mensaje claro y contundente: nuestros procesos democráticos no están a la venta para adversarios extranjeros”, afirmó Brett Skiles, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Miami.
Rivera, quien hizo política en Miami como un conservador de línea dura y crítico acerbo del régimen cubano, representó al sur de la Florida en el Congreso entre 2011 y 2013, luego de fungir como legislador estatal en el período 2002-2010. De esos años data su amistads con Rubio, con quien compartió la propiedad de unar vivienda cuando ambos eran representantes en la Legislatura estatal, en Tallahassee.
Durante el primer mandato de Donald Trump, por sus vínculos con los círculos cercanos de la administración, se le atribuye a Rivera haber gestionado puestos de trabajo para políticos y figuras locales de Miami en las instituciones del gobierno federal, incluyendo la designación de un alto cargo en Radio TV Martí.
