La tensa porfía entre el gobierno y el sistema judicial escaló este viernes otro peldaño cuando un tribunal federal anuló un fallo de desacato emitido contra la administración de Donald Trump en relación con las deportaciones a El Salvador.
Un panel dividido del tribunal de apelaciones de Washington DC retiró el dictamen de desacato contra la administración Trump por el envío de dos aviones con inmigrantes venezolanos hacia San Salvador, el pasado marzo. Los inmigrantes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), incluso después de que el juez federal de distrito James E. Boasberg ordenara que debían regresar a Estados Unidos.
Boasberg halló causa probable para declarar a la administración Trump en desacato penal, en un fallo que agravó de manera dramática la batalla entre los poderes judicial y ejecutivo. El dictamen con la causa probable de desacato fue dictado el pasado abril.
Sin embargo, el panel dividido de tres jueces determinó por mayoría simple de 2-1 que Boasberg se había excedido en su autoridad y había invadido las facultades del poder ejecutivo en materia de asuntos exteriores.
Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, que votaron contra el desacato, fueron nominados por Trump durante su primer mandato.
“La orden del tribunal de distrito intenta controlar la gestión del Poder Ejecutivo en asuntos exteriores, un ámbito en el que el poder de un tribunal se encuentra en su nivel más bajo”, escribió Rao.
El voto discrepante del panel provino de la jueza Cornelia Pillard, nombrada por el presidente Barack Obama.
“La mayoría le hace un grave flaco favor a un juez ejemplar al extralimitarse para frustrar su intento de reivindicar la autoridad judicial que es nuestra confianza compartida”, escribió Pillard.
Los vuelos con destino a El Salvador, con 252 inmigrantes venezolanos, han sido un suceso altamente polémico desde su llegada a la megaprisión, ofrecida por el presidente Nayib Bukele.
Boasberg acusó a funcionarios de la administración Trump de expulsar apresuradamente a deportados de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros antes de que pudieran impugnar su expulsión en los tribunales, y de ignorar deliberadamente su orden de que los aviones que ya estaban en el aire debían regresar.
La administración Trump ha negado cualquier violación, alegando que la orden del juez de devolver los aviones se dictó verbalmente en el tribunal, pero no se incluyó en su orden escrita.
En definitiva, los inmigrantes venezolanos fueron liberados y enviados a su país natal el pasado 28 de julio. A cambio de la repatriación de sus nacionales, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a 10 prisioneros estadounidenses.
El pasado julio, el Departamento de Justicia presentó una inusual denuncia por mala conducta judicial contra Boasberg por los comentarios que presuntamente hizo en una reunión a puerta cerrada de jueces, así como por sus acciones en el caso de deportación.
La denuncia exige que se retire el caso a Boasberg mientras continúa la investigación.
La Secretaria de Justicia, Pam Bondi, celebró este viernes el dictamen del tribunal de apelaciones, calificándolo de «UNA GRAN VICTORIA en la defensa del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Trump». Bondi aseguró que la administración seguirá enfrentando los retos legales y prometió «seguir luchando y GANANDO en los tribunales».
Trump sabe que conseguir imponerse a los fallos adversos en las cortes es crucial para poder avanzar su política y este viernes amenazó con las terribles consecuencias que pudieran derivarse de negativas judiciales, particularmente en casos como de las tarifas arancelarias.
«Si un tribunal de extrema izquierda fallara en contra nuestra en este momento, en un intento por derribar o perturbar la mayor cantidad de dinero, creación de riqueza e influencia que Estados Unidos hayan visto jamás, sería imposible recuperar o devolver estas enormes sumas de dinero y honor. ¡Sería como volver a la GRAN DEPRESIÓN!, de 1929», escribió el presidente en su red Truth Social.
De las acciones del Departamento de Justicia contra funcionarios y personas que hayan disentido o puesto en cuestionamiento legal al presidente Trump en el pasado, no quedan dudas.
También este viernes, Bondi ha citado a comparecer a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación para determinar si violó los derechos civiles de Trump, según dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a medios de prensa.
Las citaciones solicitaban registros relacionados con una demanda que James presentó contra Trump por presunto fraude en sus negocios personales y una demanda relacionada con la Asociación Nacional del Rifle.
Las citaciones marcan una escalada en los esfuerzos continuos de la administración Trump por examinar a los supuestos adversarios del presidente, incluyendo a aquellos que lo habían investigado antes de su victoria electoral del pasado noviembre.
