El Tribunal Supremo de Estados Unidos le dio este lunes otro espaldarazo legal al presidente Donald Trump cuando levantó una orden judicial previa para permitirle a su administración continuar deportando rápidamente a ciertos inmigrantes a terceros países, sin notificación previa ni la oportunidad de impugnar su expulsión del país.
El fallo -de 19 páginas- revoca una orden de un tribunal inferior dictada por el juez federal Brian Murphy que bloqueaba las deportaciones expeditas a menos que los inmigrantes recibieran una notificación por escrito y la opción de plantear temores de tortura o muerte en sus países de origen.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo revocó la orden judicial en una decisión de 6-3. Las juezas de corte liberal Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron.
En la argumentación de disentimiento, la jueza Sotomayor subrayó la importancia de una cuidadosa deliberación de estos casos, dadas las graves y potencialmente fatales consecuencias implicadas.
Sotomayor consideró que el gobierno federal demuestra con estas acciones una «conducta flagrantemente ilegal» y calificó de «inexcusable» la decisión de la mayoría de sus colegas magistrados al intervenir en este diferendo.
«Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufrirán violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se excediera en sus facultades de reparación cuando ordenó al gobierno que proporcionara la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente», escribió Sotomayor. «Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable».
El caso se generó tras la deportación expedita, sin notificación a los implicados que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, el pasado marzo.
El litigio sobre el tema escaló cuando el juez principal del tribunal de distrito en Washington DC, James Boasberg, argumentó que los inmigrantes deportados fueron enviadas a prisión al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, impuesta en tiempos de guerra del siglo XVIII, sin que pudieran impugnar formalmente las deportaciones ni las acusaciones de que pertenecen a la pandilla venezolana del Tren de Aragua.
Boasberg llegó incluso a ordenar que los aviones enviados a El Salvador con más de 200 inmigrantes volaran de regreso al país, pero su exigencia fue ignorada e impugnada en los tribunales.
Desde entonces el caso escaló diferentes niveles en cortes de apelación hasta llegar al máximo órgano legislativo de la nación, como ha sucedido con otros contenciosos que enfrentan a la administración Trump con el sistema judicial.
La administración también había intentado realizar recientemente deportaciones express a países de alto riesgo, como Sudán del Sur, sin notificarlo debidamente.
De hecho, el veredicto podría implicar a casos de inmigrantes cubanos, muchos de ellos convictos de delitos graves e inelegibles para recibir residencia en Estados Unidos, y a quienes el gobierno de Cuba se niega a recibir en vuelos de deportación. La lista de deportables cubanos se extiende a 42,084 personas, según cifras oficiales.
A finales de mayo, dos ciudadanos cubanos fueron deportados hacia Sudán del Sur, desbrozando el camino para que la administración Trump presione al gobierno de La Habana con el propósito de retornar a miles de sus nacionales que no son aceptados de vuelta en la isla. Los dos cubanos formaban parte de un grupo de extranjeros deportados que terminó finalmente en Djibutí.
Uno de los destinos posibles, ya considerados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo (GITMO), en el extremo oriental de Cuba, donde las autoridades estadounidenses realizaron preparativos adicionales para enviar a unos 30 mil inmigrantes a campamentos desplegados en ese territorio ocupado.
El fallo permite que prosigan las deportaciones en medio de continuas disputas legales y confirma las crecientes tensiones entre el poder judicial y la administración sobre el debido proceso en la aplicación de las leyes de inmigración.
FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE DEPORTACIONES EXPEDITAS A TERCEROS PAÍSES
