Gobierno cubano desata ola de arrestos contra manifestantes en protestas por apagones
La Fiscalía General de Cuba inició procesos penales por delitos de atentado, desórdenes públicos y daños, e impuso la medida cautelar de prisión provisional a los imputados.
El gobierno cubano lanzó una contraofensiva de emergencia ante las protestas en varias provincias por la falta de electricidad y anunció el arresto de manifestantes que serán acusados por agredir a las autoridades y causar desórdenes públicos.
La Fiscalía General de Cuba (FGR) informó este sábado que inició procesos penales en las provincias de La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila “por delitos de atentado, desórdenes públicos y daños en los que se decidió imponer la medida cautelar de prisión provisional a los imputados presentados por los órganos de investigación del Ministerio del Interior (MININT)”.
Según un comunicado oficial, los detenidos incurrieron en hechos de agresión hacia autoridades e inspectores de los territorios, y provocaron lesiones y alteraciones del orden. No se dieron cifras del número de detenidos, que según activistas y fuentes consultadas ascienden a más de 30 personas.
“Se trabaja en la investigación y conclusión de los procesos penales para su presentación a los Tribunales”, indicó la FGR.
Sin embargo, la declaración oficial no mencionó los disturbios ocurridos la noche del jueves 7 de noviembre en el municipio Encrucijada, provincia de Villa Clara, donde se produjeron masivas manifestaciones en las calles por los prolongados apagones de los últimos días, y fue detenido un grupo de manifestantes.
La organización independiente Cubalex, con sede en Washington, confirmó la detención de al menos ocho personas de la comunidad de El Purio, perteneciente a Encrucijada, quienes han sido trasladados a la prisión La Pendiente, en Santa Clara.
Los detenidos identificados se nombran Rafael Camacho, Marcos Díaz, Rubén Martell, Héctor Luis Olivera, Yandri Torres Quintana, Rodel B. Rodríguez, Andy Pérez Medero y Raciel Cárdenas Díaz.
Cubalex también denunció que agentes de fuerzas especiales de las llamadas “boinas negras” rodearon la casa del manifestante Alejandro Morales Pereira e intentaron ingresar de forma violenta al inmueble para arrestarlo.
Por otro lado, la organización Justicia 11-J informó sobre la identidad de al menos tres personas arbitrariamente detenidas en relación con una protesta realizada en la comunidad El Eucalipto, en el municipio avileño de Ciro Redondo, el pasado 7 de noviembre.
Los detenidos identificados se nombran Adiane Hernández Calderón, Yordanka López González y Diosbany Almaguer, aunque se estima que hay más personas detenidas.
La protestas en El Eucalipto se produjo luego de más de 24 horas sin electricidad en el territorio y las personas salieron a las calles tocando calderos y reclamando la restitución del fluido eléctrico.
Justicia 11-J señaló que de los tres detenidos se afirma que ni siquiera participaron en la protesta, pero se les acusa de promotores del disturbio por haber sido retratadas por funcionarias gubernamentales mientras observaban la manifestación.
Las protestas se han extendido a lo largo del país luego del colapso total sufrido por el Sistema Energético Nacional (SEN) a raíz de la llegada del huracán Rafael, el pasado miércoles. Es la segunda desconexión del SEN en menos de un mes, pues el pasado 18 de octubre ocurrió una salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras, lo cual afectó el servicio eléctrico por cuatro días.
También se reporta persecución y citaciones policiales a personas residentes en el municipio Guanabacoa, en relación con la protesta ocurrida la noche del viernes en el reparto Barreras. Justicia 11-J tiene conocimiento de al menos 21 personas que han sido detenidas y no han sido excarceladas desde el pasado 18 de octubre.
La comunicación de la FGR reconoció que “las contingencias en el sistema electroenergético” y los estragos del huracán Rafael han impactado de forma directa en la población y la economía, pero sentenció que los desórdenes ocurridos “se contraponen a la actitud abnegada y solidaria de todos los que en las actuales circunstancias se consagran a las tareas de la recuperación del país”.
Este sábado, en una reunión especial del Consejo de Defensa Nacional, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció que la restitución del servicio de energía eléctrica y el abasto de agua estriban en estos momentos las mayores complejidades de la recuperación en las provincias afectadas.
En el caso particular de La Habana, se informó que de los 337 circuitos ya están operando 164, con beneficio para el 48 % de los clientes. Pero la mitad de la capital sigue a oscuras, debido a que hay aún 92 postes eléctricos derribados, de cuya restitución depende el poder cerrar más circuitos.
Solo el 20% de la población habanera cuenta actualmente con servicio de agua, con las mayores afectaciones localizadas en los municipios de La Lisa, Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón.
En el resto del país prosiguen los apagones como consecuencia de la incapacidad del SEN para generar la electricidad que cubra la demanda nacional.
Ante las muestras de inconformidad, la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, advirtió que “con golpes de calderos no se va a producir energía eléctrica”.
En el comunicado de este sábado, la Fiscalía General reiteró a los ciudadanos “la necesidad del respeto a la legalidad socialista, el ejercicio adecuado de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, así como de la correcta observancia de las normas de convivencia social”.