Gastos en pensiones ponen en jaque al sistema de seguridad social
Cuba desembolsó 4,660 millones de pesos (unos 19 millones de dólares) para pagar pensiones y subsidios de seguridad social durante el 2009, lo que representó un incremento del 7.2 por ciento en gastos con relación al año anterior.
Según datos revelados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 1,617,480 cubanos están protegidos por el régimen de seguridad social del país, en su mayoría como beneficiarios de pensiones por edad, invalidez total o muerte familiar.
La pensión promedio mensual en Cuba es de 240 pesos (unos 10 dólares), más del doble del valor nominal que tenía hace diez años, pero aún insuficiente para cubrir las necesidades básicas del beneficiario.
“A pesar del costo enorme de la seguridad social en Cuba, las pensiones han perdido su poder adquisitivo”, afirmó el economista Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh. “El valor real de la pensión, ajustada a la inflación, cayó un 54 por ciento desde 1989”.
Mesa Lago, un reconocido experto del tema en América Latina, disertó sobre el envejecimiento poblacional y las pensiones de seguridad social en Cuba durante la X Semana Social Católica, celebrada en La Habana del 14-20 de junio.
“El sistema es infinanciable a largo plazo, porque su costo crece con rapidez y debido al envejecimiento acelerado de la población actualmente hay sólo tres trabajadores activos por cada pensionado”, agregó el académico.
La población cubana en edad laboral es de 6.8 millones, mientras que casi dos millones (el 17 por ciento) tienen más de 60 años y 1.2 millones oscilan entre 50-59 años. Un total de 1,541 centenarios viven en la isla.
De hecho, Cuba tiene la población más envejecida del continente después de Uruguay y los pronósticos indican que en el 2025 los cubanos ocuparán el primer lugar en este índice, tradicionalmente asociado con países desarrollados. Para entonces habrá un anciano por cada cuatro habitantes.
El factor demográfico está amenazando la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones en la isla, por lo que Mesa Lago considera que el La Habana tiene que realizar una reforma profunda que permita aumentar los ingresos, reducir los gastos y hacer viable la seguridad social en el país.
En diciembre del 2008 el gobierno aprobó la Ley 24 de Seguridad Social que aumentó la edad de retiro en cinco años para ambos sexos (60 años para la mujer y 65 para el hombre), aumentó el tiempo de servicio requerido de 25 a 30 años y fijó una cotización del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores en la medida que se incrementen gradualmente los sueldos. El salario medio mensual en las entidades estatales y mixtas ascendió a 429 pesos (18 dólares) en el 2009.
Pero esas medidas parecen insuficiente para afrontar los retos de la seguridad social a mediano y largo plazos, considerando la coyuntura económica y financiera que vive el país. El costo de las pensiones representa más del siete por ciento del Producto Interno Bruto y aumentó un 56 por ciento desde 1986; el déficit actual es de 41 por ciento. Los ingresos por contribuciones son abrumadoramente menores que los gastos de las pensiones, obligando al Estado a cubrir la brecha monetaria.
Mesa Lago propone cerrar para los futuros participantes el sistema de pensiones que rige en la actualidad y crear un sistema público obligatorio para los trabajadores más jóvenes y demás personas que ingresen a la fuerza laboral en los próximos años. La iniciativa comprendería el financiamiento del nuevo sistema con las cotizaciones del empleador y del trabajador, con cuentas individuales voluntarias que faciliten la obtención de pensiones complementarias.
A la vez propone la creación de un fondo de inversión destinado a generar ganancias de capital para contribuir al mantenimiento y equilibrio del sistema de seguridad social en el futuro.
“Pero estas soluciones adicionales serán imposibles si no se implementan las reformas económicas estructurales que urgen para aumentar la producción y la eficiencia del trabajo en el país”, manifestó el economista.
En recientes declaraciones a la prensa oficial, el investigador Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPED), alertó sobre el impacto del envejecimiento poblacional sobre el sistema de salud pública de la isla.
“Debemos trazar estrategias de salud que perciban a nuestros adultos mayores como sujetos de derecho, en lugar de convertirlos en objetos de caridad de nuestras políticas, acciones y servicios”, afirmó Alfonso Fraga.
Puedes consultar aquí (en pdf) el texto de la presentación de Mesa Lago durante la X Semana Social Católica en La Habana.