Cuatro residentes del sur de la Florida, entre ellos dos ex militares vinculados a la Fuerza Aérea Venezolana, fueron acusados este martes como protagonistas de una conspiración para violar los controles de exportación de armas de Estados Unidos y enviar piezas de avión y otros materiales bélicos al gobierno de Hugo Chávez.
La fiscalía federal de Miami anunció el encausamiento de Alberto Pichardo, de 40 años y residente en Weston, Florida; Freddy Argüelles, de 37 y con domicilio en Pembroke Pines, Florida; Víctor Brown, de 55 y de Hialeah Gardens; y Kirk Drellich, de 49 y de Davie, Florida. Los cuatro hombres están supuestamente implicados en violaciones graves de la Ley de Control de Exportación de Armas de Estados Unidos.
El destino de los artículos de defensa que intentaron comercializar sin la debida licencia del Departamento de Defensa era la República Bolivariana de Venezuela, según el acta de encausamiento presentada ante el tribunal federal de Miami.
Las adquisiciones de armas, piezas de repuesto y equipamiento bélico con destino a Venezuela están sujetas a un embargo impuesto por Estados Unidos desde el 2006. Según la disposición de Washington, ningún fabricante de armamentos puede vender armamentos materiales de defensa -con componentes de tecnología estadounidense- al gobierno de Hugo Chávez.
Dos militares venezolanos
Pichardo, Argüelles y Brown fueron presentados la tarde del martes ante la jueza federal Alicia Otazo Reyes. Se espera que el cuarto acusado, el empresario Kirk Drellich, haga su primera comparecencia ante el tribunal el 3 de julio.
De acuerdo con el documento de acusación, Pichardo era un oficial de la Fuerza Aérea de Venezuela que estaba a cargo de la supervisión y el control de las adquisiciones militares hechas por el gobierno de Chávez a través de una oficina establecida en la ciudad de Doral. La oficina fue cerrada en el 2006.
Tras el cierre de la oficina del Doral, Pichardo -que ostentaba grados de mayor- se acogió al retiro y decidió quedarse en el sur de la Florida.
Argüelles es un ex piloto militar venezolano, con grados de teniente, que se unió a Pichardo y otras personas del sur de la Florida para adquirir piezas de repuesto de aviones F-16 y otros equipos militares, destinados al Ejército de Venezuela. Las operaciones no tenían autorización de los departamentos de Defensa y de Estado, como requieren las leyes estadounidenses.
Pero lo más curioso de su caso es que Argüelles fue de los oficiales que participaron en las protestas antichavistas de la Plaza de Altamira y se vio forzado a marchar al exilio en el 2003. Por sus antecedentes en la oposición venezolana, solicitó asilo político en Estados Unidos.
«El objetivo de la conspiración de los acusados Alberto Pichardo y Freddy Argüelles y sus colaboradores era enriquecerse mediante la exportación ilegal de artículos de defensa de Estados Unidos hacia la República Bolivariana de Venezuela», indica la acusación. «Como parte de ese propósito, los acusados y sus colaboradores pretendían perpetuar y ocultar la existencia de la conspiración».
Conspiradores internacionales
Los hechos registrados por la investigación especial del FBI ocurrieron entre enero del 2009 y febrero del 2010. La acusación menciona mensajes electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones y listas de los equipos militares que los implicados utilizaron para sus operaciones.
El documento relaciona más de 250 piezas que necesitaba adquirir la Fuerza Aérea Venezolana para asegurar el funcionamiento de sus aviones F-16 y VF-5 y OV-10 Broncos y Tucanos, y sus helicópteros Super Puma.
Como parte de la conspiración, Drellich debía garantizar la compra y envíos de los artículos relacionados. Drellich es propietario y presidente de la firma SkyHigh Accesories, radicada en Davie y especializada en este tipo de transacciones internacionales.
De acuerdo con la documentación de la fiscalía, participantes de la conspiración que residen en Venezuela y España asesoraron al acusado Víctor Brown para adquirir las piezas necesarias a través de SkyHigh Accesories.
Brown incluso viajó desde Miami a Madrid en dos ocasiones -noviembre del 2008 y febrero del 2009- para reunirse con individuos involucrados en las operaciones, y luego sostuvo un encuentro en una oficina de Fort Lauderdale, en julio del 2009.
El negicio de Brown se encuentra en unos almacenes, ubicados apenas a dos cuadras del edificio de AmericaTeve-Canal 41, en Hialeah Gardens.
De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar 15 años de cárcel y multas entre $250,000 y $1 millón por los cargos de conspiración y cada violación de la Ley de Control de Exportación de Armas.
