Por Wilfredo Cancio Isla
El Departamento de Estado ya puso en manos de la Casa Blanca la recomendación formal para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en la que permaneció por los últimos 33 años, abriendo otra puerta de distensión en las relaciones entre La Habana y Washington.
La noticia -esperada desde hace varias semanas- fue inicialmente confirmada por la cadena CNN en la noche de este miércoles, atribuida a dos funcionarios de la administración Obama, pero en las últimas horas ha comenzado a filtrarse a otros medios por vía de fuentes cercanas a la Casa Blanca y al Departamento de Estado.
La certificación comprende una evaluación de especialistas del Departamento de Estado asegurando que Cuba no ha estado relacionada con ninguna actividad terrorista o de respaldo a operaciones, grupos o facciones terroristas en los últimos seis meses. El gobierno cubano tiene que haber certificado también su compromiso de no tener ningún nexo de esta índole.
Anuncio inminente
Se espera que la Casa Blanca haga el anuncio en las próximas horas, en vísperas de la llegada del presidente Barack Obama a la VII Cumbre de las Américas en Panamá, donde debe sostener un histórico intercambio con el gobernante cubano Raúl Castro.
El propio Obama había ordenado agilizar el proceso de revisión del caso cubano, con un desenlace previsible, desde el pasado 17 de diciembre, cuando anunció una nueva era para las relaciones entre ambos países.
Aunque se trata de un anuncio cantado desde que Obama ordenó abrir el proceso al Departamento de Estado y su visto bueno a la recomendación es puramente de trámite, no deja de ser un paso de alta significación política para la largamente fracturada relación entre La Habana y Washington.
La inclusión de Cuba en esta «lista negra» del terrorismo constituía uno de los principales obstáculos para el restablecimiento de relaciones plenas con Estados Unidos. Justamente el proceso de apertura de embajadas en La Habana y Washington está condicionado por este factor, pues el gobierno de Raúl Castro considera que mantener a la isla bajo la denominación de nación terrorista es incongruente e inaceptable en medio de un proceso de normalización de vínculos diplomáticos.
«Hola Cuba… no más excusas», comentó en Twitter el contratista estadounidense Alan P. Gross, liberado el pasado diciembre tras cinco años de cárcel en la isla. El caso de Gross ha sido un catalizador de la nueva etapa de acercamiento entre los dos países.
Punto de fricción
Cuba fue incluida en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo en 1982, durante la presidencia de Ronald Reagan, lo que adicionó un punto de fricción bilateral a tono con los enfrentamientos de la Guerra Fría.
A causa de esta denominación, Cuba encara desde entonces severas regulaciones financieras y bancarias nivel global, y se ve impedida de acceder a ayudas y proyectos de cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras fuentes de crédito y financiamiento.
De manera que más allá de su impacto político a escala doméstica e internacional, Estados Unidos entreabre otra posibilidad para recortar las tenazas del embargo sobre la isla.
En términos prácticos implica reducir los controles y escrutinios de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado sobre las transacciones bancarias donde estén implicados el Estado cubano o una persona de nacionalidad cubana residente en la isla.
A la vez, el levantamiento de la «condición terrorista» al país vecino se traduce en allanar el camino para que una institución financiera pueda asumir las operaciones de la Sección de Intereses de Cuba en Washington y de su Misión Diplomática ante Naciones Unidas, en Nueva York, otro reclamo fundamental del gobierno cubano para reabrir las embajadas.
También quedarían sin efecto las demandas que ciudadanos estadounidenses pudieran interponer contra Cuba en tribunales estatales y federales, amparados en la denominación que pesaba sobre el régimen de Fidel y Raúl Castro.
Proceso en marcha
El proceso que seguirá a partir del momento en que se haga el anuncio no está exento de las piedras que pudiera interponer el Congreso, con mayoría republicana en ambas cámaras.
Cuando la Casa Blanca divulgue la recomendación, el presidente Obama solo tendrá que ratificar el criterio y pasar el acuerdo al Congreso para su ratificación e implementación.
El Congreso tiene 45 días a partir de entonces para analizar la remoción y votar una resolución a favor o en contra de la acción del Presidente. En caso de recibir una negativa congresional, Obama tiene la postestad de imponer su deciesión por vía de un decreto ejecutivo, argumentado que se trata de un asunto primordial para la política exterior de Estados Unidos.
Las críticas esgrimidas contra la exclusión de Cuba como nación patrocinadora del terrorismo están mayormente fundamentadas en la proyección que aún reciben en la isla decenas de fugitivos de la justicia estadounidense, entre ellos Joanne Chesimard, enlistada entre los 10 delincuentes más buscados por el FBI, así como en la complicidad del régimen de Raúl Castro en el traslado ilegal de armamentos en un barco norcoreano en el 2013, violando acuerdos de Naciones Unidas.
La salida de Cuba del mapa de patrocinadores del terrorismo, deja solamente enlistados como tales a los gobiernos de Irán, Siria y Sudán.
