Por Daniel Benítez
El gobierno cubano está en una ofensiva contra la ola de ilegalidades que se extiende a lo largo del país, y que abarcan desde construcciones indebidas y abandono de escombros en zonas costeras hasta sanciones a cuentapropistas por la compra y venta ilícita de productos alimenticios.
El Instituto de Planificación Física (IPF), que dirige el General Samuel Rodiles Planas, anunció esta semana que entre el 2013 y lo que va del actual año ha realizado más de 500 inspecciones para contrarrestar los efectos de las ilegalidades en zonas costeras y hacer cumplir las leyes en materia de ordenamientos.
En las visitas a ecosistemas y playas del país, los funcionarios del IPF están enfocados, en primer lugar, en las infracciones estatales para luego eliminar gradualmente las del sector privado, explicó Rodiles Planas al periódico Granma.
Escombros, raíles, postes
Las autoridades detectaron cientos de construcciones ilegales y cantidades de escombros en zonas costeras como resultado de demoliciones, y rescataron raíles de línea férrea y postes de acero y de hormigón.
El trabajo de desmantelamiento de las edificaciones costeras inapropiadas marcha a todo ritmo en las provincias de Holguín, Sancti Spíritus y Matanzas, según señaló el general Rodiles Planas.
Solo en Holguín se han suprimido 206 inmuebles estatales, 125 en Playa Blanca, en el municipio de Rafael Freyre. En Playa Blanca también fueron demolidas tres viviendas ilícitas, se recogieron 150 raíles de línea férrea, cinco postes eléctricos de hormigón y 28 de acero, y se retiró el asfalto del vial del popular balneario.
También se sacaron del lugar 48 tráilers de veraneo y se reubicaron 17 kioscos de trabajadores por cuenta propia.
La próxima batida nacional contra las infracciones en las zonas costeras será en octubre.
Cuentapropistas en la mirilla
Mientras, las ilegalidades en el sector privado al parecer están a la orden del día en Camagüey, donde 1,675 cuentapropistas fueron multados por distintas violaciones en lo que va de año..
Entre las infracciones más comunes se encuentran la compra y venta ilícita de materia prima para la elaboración de alimentos y la carencia de licencia operativa de transporte entre bicitaxis y cocheros, según informó a la prensa local Julio Téllez Aballí, jefe de grupo de la Dirección Integral de Supervisión (DIS),
La DIS es el organismo encargado de aplicar las sanciones a los infractores, que pueden ser multas de entre 200 a 1,500 pesos cubanos (CUP).
El directivo confirmó que desde enero último son más rigurosos por la entrada en vigor del Decreto Ley 315, que actualiza la regulación del trabajo por cuenta propia, específicamente en lo referido a ilegalidades de quienes poseen licencia o de los que realizan labores privadas sin estar autorizados.
Alfredo Carmenates Hernández, uno de los 270 supervisores camagüeyanos, arremetió contra la pobre divulgación que tienen las medidas y decretos que entran en vigor y que, por lo general, son desconocidos entre quienes participan de la incipiente actividad privada en la isla.
Vigilando la langosta
Y si en Camagüey el sector privado tiene todos los ojos puestos encima, en Isla de la Juventud están lloviendo las multas por la pesca furtiva de pescados y mariscos que luego van a parar al mercado negro y se comercializan entre los propietariosde negocios privados.
Leudis Cabrera López, director del grupo de inspección pesquera en ese territorio, explicó que en lo que va del año 77 personas fueron multadas por la pesca y comercialización ilegal de especies que forman parte del patrimonio natural, algunas de ellas en fase de extinción.
Las autoridades confirmaron el decomiso de más de 500 kilogramos de langosta, más de 900 kilogramos de especie de plataforma y 35 de carne de quelonio, un animal en veda permanente.
Cabrera López argumentó que las multas impuestas a quienes fueron capturados en el tráfico de pescado ascienden a 100 mil CUP.
