El Departamento de Justicia (DOJ) está enfilando todas sus baterías de largo alcance contra George Soros después de los vitriólicos ataques del presidente Donald Trump hacia el multimillonario y filántropo.
En un extenso reportaje del diario The New York Times, un alto funcionario gubernamental revela que la máxima dirección del DOJ ha instruido a más de media docena de fiscalías federales para que elaboren planes urgentes de investigación sobre la Open Society Foundations, entidad encabezada por Soros para promover iniciativas de derechos humanos, democracia y justicia social alrededor del mundo.
Una copia de la directiva, revisada por el veterano reportero Devlin Barrett, llega incluso a enumerar los posibles cargos que podrían presentar los fiscales, los cuales van desde incendio provocado hasta apoyo material al terrorismo.
El memorando sugiere que los líderes del organismo federal están siguiendo las órdenes del Presidente de que personas o grupos específicos sean objeto de investigación criminal, lo que marca una ruptura importante con décadas de prácticas anteriores destinadas a aislar al DOJ de la interferencia política.
Trump ha llegado a exigir el encarcelamiento de Soros, acusándolo de socavar el orden y la estabilidad social.
La medida se genera al calor de un esfuerzo acelerado en semanas recientes por encausar y poner contra las cuerdas a los supuestos enemigos de Trump.
Durante el fin de semana, el presidente instó a la secretaria de Justicia, Pam Bondi a actuar con rapidez para presentar cargos penales contra el exdirector del FBI, James B. Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien demandó a Trump y sus empresas por cientos de millones de dólares, mientras circulan versiones de un inminente encausamiento contra el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
Fiscales federales del Distrito Este de Virginia lograron este jueves una acusación formal contra Comey y están investigando por separado a James.
La atención sobre Soros, de 95 años, ha arreciado también en los últimos días.
Trump ha reconsiderado recientemente sus quejas contra Soros en parte por su apoyo a causas progresistas y sus críticas a las posturas de la derecha. Tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, este mes en Utah, el presidente amenazó con usar las herramientas del gobierno para silenciar a los manifestantes liberales y a los donantes de grupos progresistas, incluyendo a Soros.
Pero esto no ha sido así siempre. Durante el anterior mandato de Trump, una serie de reportajes emitidos en 2018 por la emisora gubernamental Martí Noticias con críticas al papel de Soros en los movimientos subversivos de izquierda en Latinoamérica, provocó un escándalo nacional, que fue secundado por líderes políticos y congresistas de ambos partidos.
Supuestamente los reportajes se habían eco de “expresiones antisemitas” que alentaban el odio y dañaban la imagen de Soros, lo que llevó a una investigación interna de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM) y a la expulsión de varios empleados federales. Sin embargo, reconocidas figuras de la comunidad judía en el país negaron que los reportajes tuvieran contenido antisemita.
Soros fundó su red global de subvenciones, ahora conocida como Open Society Foundations, hace décadas para financiar iniciativas democráticas en todo el mundo, especialmente en países comunistas y excomunistas. En la década de 1990, la organización expandió su trabajo a Estados Unidos.
Varias agrupaciones disidentes y medios de prensa independiente en Cuba han recibido fondos de la organización de Soros.
La Fundación otorga subvenciones a grupos que trabajan por los derechos humanos, la democracia y la equidad, pero Trump y algunos republicanos sostienen que se trata de una red oscura que promueve el malestar social, las protestas violentas y la destrucción de propiedad.
Este lunes, un abogado de la oficina del fiscal general adjunto, Todd Blanche, emitió la directiva a las fiscalías de California, Nueva York, Washington, D.C., Chicago, Detroit y Maryland, entre otras.
El abogado Aakash Singh, responsable de la comunicación con los fiscales federales de todo el país, sugirió una amplia gama de cargos que los fiscales podrían considerar contra Open Society Foundations.
Los posibles cargos incluyen crimen organizado, incendio provocado, fraude electrónico y apoyo material al terrorismo, según una copia de la directiva.
Como prueba de esas investigaciones, Singh mencionó un informe reciente de un grupo conservador de vigilancia conocido como Capital Research Center, que monitorea el dinero liberal en la política, y solicitó a los fiscales que determinaran si las acusaciones eran suficientes para justificar la apertura de causas penales.
El abogado del DOJ añadió que “deberían estar preparados para presentar pronto sus planes de investigación”.
El informe plantea una afirmación harto polémica. Según menciona, la entidad de Soros «ha invertido más de $80 millones de dólares en grupos vinculados al terrorismo o la violencia extremista».
Entre los ejemplos citados en el reporte figura Al-Haq, grupo palestino de derechos humanos que es crítico con Israel.
El informe recordó que el gobierno israelí declaró en 2022 que Al-Haq era una fachada para actividades terroristas.
En ese momento, Open Society Foundations criticó la medida del gobierno israelí, alegando que no se basaba en pruebas creíbles y que pretendía desacreditar a los grupos palestinos de derechos humanos.
Al ser preguntada este jueves sobre los esfuerzos para investigar a Soros y su fundación, Bondi dijo que “todo está sobre la mesa ahora mismo».
Trump afirmó que Soros sería «un candidato probable» para ser investigado.
«Este Departamento de Justicia, junto con nuestros dedicados trabajadores fiscales, siempre priorizará la seguridad pública e investigará a las organizaciones que conspiran para cometer actos de violencia u otras violaciones de la ley federal», declaró Chad Gilmartin, portavoz del organismo.
En un comunicado, Open Society Foundations denunció las acusaciones como “ataques con motivaciones políticas contra la sociedad civil, destinados a silenciar la expresión con la que la administración no está de acuerdo y socavar el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda”.
La organización afirmó que su trabajo en Estados Unidos estaba “exclusivamente dedicado a fortalecer la democracia y defender las libertades constitucionales”, y condenó el terrorismo, negando haberlo financiado.
Tras el asesinato de Kirk, Trump criticó duramente a la «izquierda radical», señalando a la fundación de Soros e instando a que fuera encarcelado.
En declaraciones a NBC News, Trump afirmó que Soros es «un tipo malo que debería ir a la cárcel».
Los ataques más agresivos de Trump se remontan a agosto, cuando afirmó que Soros y su hijo Alex Soros, quien ha desempeñado un papel más importante en la organización en los últimos años, deberían ser acusados de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), utilizada históricamente para procesar a figuras de la mafia.
“Deberían ser acusados por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo Estados Unidos», añadió Trump.
La semana pasada, Open Society Foundations se unió a más de 100 organizaciones filantrópicas, mayoritariamente liberales, para defenderse y condenar la violencia política.
“Las organizaciones no deben ser atacadas por llevar a cabo sus misiones ni expresar sus valores en apoyo a las comunidades a las que sirven”, declaró en una carta conjunta. “Rechazamos los intentos de explotar la violencia política para desvirtuar nuestra buena labor o restringir nuestras libertades fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de dar”.
Esa misma semana, la familia Soros donó $10 millones de dólares a los esfuerzos demócratas para redefinir los distritos electorales del Congreso en California, como parte de una lucha política a nivel nacional por el control del Congreso.
