En el más contundente de los golpes legales contra la administración de Donald Trump, un juez federal de Maryland rechazó este martes una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia (DOJ) para proceder con las deportaciones masivas sin que los inmigrantes afectados tengan derecho a revisar sus casos.
Pero el fallo del juez de distrito Thomas Cullen, quien fue nominado por el propio presidente Trump en 2020, llega mucho más lejos en la impugnación al voluntarismo del poder ejecutivo para aplicar sus políticas y desacreditar al sistema judicial.
Cullen desestimó la demanda presentada por DOJ el pasado julio, pidiendo abolir una orden permanente del tribunal de Maryland que prohíbe a los funcionarios de inmigración deportar de inmediato a los inmigrantes, sin el derecho de cuestionar ante un juez la legalidad de sus detenciones.
“Permitir la solicitud del ejecutivo contradiría un precedente abrumador, se apartaría de una larga tradición constitucional y ofendería el estado de derecho», escribió el juez, quien calificó la demanda de “potencialmente catastrófica”.
De prosperar la demanda de la administración, Trump podría deshacerse olímpicamente de los 15 jueces federales del tribunal de Maryland para imponer sus decisiones, y sentaría las bases para descalificar, con respaldo legal, cualquier interferencia judicial en curso.
La maniobra legal del DOJ era una clave estratégica para Trump en su confrontación al poder judicial, al que ha acusado de bloquean su agenda política y de obstaculizar el debido desenvolvimiento de las acciones ejecutivas.
«En su sabiduría, los redactores de la Constitución unieron tres poderes coordinados para establecer un único soberano», escribió Cullen. «Esa estructura puede generar ocasionalmente enfrentamientos entre dos poderes y la usurpación de la autoridad de uno de ellos. Sin embargo, la mediación en esas disputas debe realizarse respetando el papel constitucional del Poder Judicial».
Cullen no perdió la oportunidad para marcar una tarjeta de advertencia a Trump y a los funcionarios de la Casa Blanca por sus reiteradas declaraciones describiendo a los jueces con epítetos hirientes de «deshonestos», «desquiciados» y «parcializados”.
«Si bien la tensión entre los poderes coordinados del gobierno es un sello distintivo de nuestro sistema constitucional, este esfuerzo concertado del Ejecutivo para difamar e impugnar a los jueces que fallan en su contra no tiene precedentes y es desafortunado», escribió el juez.
Cullen concluyó que la administración carece de autoridad legal para presentar la demanda, pero afirmó que incluso si pudiera hacerlo, los jueces serían inmunes.
Entre los jueces mencionados en la demanda se encontraban Paula Xinis, quien determinó que la administración Trump deportó ilegalmente al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García a El Salvador el pasado marzo, un caso que rápidamente se convirtió en un punto álgido de la ofensiva migratoria de Trump.
Trump ha sido implacable con los fallos judiciales desfavorables y en el controversial caso del envío de 238 inmigrantes a El Salvador, el pasado marzo, llegó a pedir un juicio político contra el juez federal James Boasberg, quien ordenó la devolución de los aviones con los deportados.
“La presunta infracción por parte de una rama del poder exclusivo de otra no autoriza una arbitrariedad constitucional”, dictaminó el juez.
La firme defensa del poder judicial y de sus colegas en Maryland tomo de sorpresa a la administración.
“La orden del tribunal de Maryland confirma un ataque directo a la capacidad del presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, al conocer el dictamen, “Esta no será la última palabra en el asunto, y la administración Trump espera obtener una victoria definitiva”.
El gobierno de Trump presentó de inmediato una nota de apelación, que deberá ir ante un panel de jueces del Cuarto Circuito, y que, en dependencia de la decisión, podría escalar hasta la Corte Suprema de la nación.
El origen del litigio estuvo en una orden del juez principal de distrito de Maryland, George L. Russell III, la cual detuvo la deportación inmediata de los migrantes que impugnan sus deportaciones. La demanda del DOJ afirmó que la pausa automática, decretada por la orden judicial permanente, impedía la autoridad del Presidente para aplicar las leyes de inmigración.
La orden fue considerada una victoria del estado de derecho por parte de las organizaciones de defensa de los inmigrantes y los abogados de inmigración en el país.
En esencia, la orden impide a la administración Trump deportar inmediatamente a cualquier inmigrante que solicite la revisión de su detención en el tribunal de distrito de Maryland, y bloquea su expulsión hasta las 4 p. m. del segundo día hábil posterior a la presentación de su solicitud de Habeas Corpus, la que permite a las personas impugnar su detención por parte del gobierno.
Además, garantiza que los inmigrantes puedan participar en los procedimientos judiciales con acceso a abogados, y a la vez ofrece al gobierno «amplia oportunidad para presentar argumentos en su defensa».
Maryland está también en el foco de una controversia política con Trump, luego que el gobernador del estado, Wes Moore, manifestara su oposición a que el presidente despliegue tropas de la Guardia Nacional en Washington DC, y afirmó que no lo permitirá en su territorio.
