El gobierno cubano anunció este viernes la acusación contra el exviceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, bajo una larga lista de cargos que incluyen espionaje, soborno y lavado de dinero.
Una nota oficial de la Fiscalía General de la República, difundida en los medios estatales, indica que tras concluir la investigación penal contra Gil Fernández se decidió imputarle responsabilidad por «delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial».
No se ofrecen detalles sobre el proceso judicial contra el acusado, de 61 años, que fue destituido y permanece arrestado desde febrero de 2024.
El comunicado habla de que en todos los casos «se interesó a los imputados sanciones privativas de libertad», sin que se aluda a la identidad de los otros «imputados» que no han sido mencionados en ninguno de los anteriores documentos oficiales relacionados con Gil Fernández.
Una breve nota del MININT agrega que el Tribunal Supremo Popular confirmó la radicación de la causa contra Gil Fernández y el resto de los acusados, la cual se encuentra en tramitación conforme al debido proceso.
«Cuando se inicie el juicio, será informado oportunamente», señaló el MININT.
La formulación de cargos contra Gil Fernández se produce un año y nueve meses después de que se anunciara el comienzo de una investigación por parte del Ministerio del Interior (MININT) para el esclarecimiento total de su conducta.
La sorpresiva destitución de Gil Fernández se produjo el 2 de febrero de 2024, luego que el gobierno aplazara a última hora la subida prevista en los precios de la gasolina y el diésel y su venta en divisas en servicentros designados en el país, debido a un supuesto incidente cibernético causado por “un virus desde el exterior”.
Al anunciarse su separación de los cargos como parte de un supuesto «movimiento de cuadros», la información gubernamental señaló que a todos los dirigentes liberados “se les reconoció el esfuerzo y la consagración en el desempeño de tan altas responsabilidades y en los próximos días les serán asignadas nuevas misiones”.
Con posterioridad, Gil Fernández dijo sentirse orgulloso de los servicios prestados al país y recibió incluso una felicitación del gobernante Miguel Díaz-Canel por su cumpleaños.
Pero apenas días después, una nota firmada por Díaz-Canel indicó que como resultado de una rigurosa investigación se determinaron “graves errores cometidos” por Gil Fernández en el desempeño de sus funciones, y se iniciaría una investigación por los órganos del MININT.
Graduado de Ingeniería en Explotación del Transporte en el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” y Doctor en Ciencias, Gil Fernández tuvo un ascenso meteórico desde la jefatura de operaciones en el puerto de La Habana y el tránsito por varias empresas dentro y fuera del país.
Fue designado como ministro de Economía y Planificación en julio de 2018, y asumió las riendas de la actualización del modelo económico cubano y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. En el momento de su destitución era viceprimer ministro, miembro del Comité Central del Partido Comunista y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El gobierno cubano mantiene hermético silencio sobre la suerte de otro viceprimer ministro destituido también en 2004 por graves «errores en el desempeño de sus funciones»: Jorge Luis Perdomo Di-Lella, titular de Comunicaciones y hombre de máxima confianza de Díaz-Canel.
Perdomo Di-Lella fue sustituido en octubre de 2024 sin que hasta el momento hayan trascendido los resultados de la investigación sobre su caso ni las posibles implicaciones penales por su errática conducción en los altos mandos gubernamentales.
A continuación se reproduce el texto de la nota oficial de la Fiscalía General de Cuba.
NOTA INFORMATIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
En correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución de la República, controló la investigación penal realizada por los órganos del ministerio del Interior contra, Alejandro Miguel Gil Fernández, quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, y otros imputados.
Concluidas las acciones investigativas, en las que se garantizó el debido proceso, la Fiscalía, en cumplimiento de su misión, ejerció la acción penal pública en representación del Estado y presentó las actuaciones al tribunal correspondiente.
Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
En todos los casos se interesó a los imputados sanciones privativas de libertad, en correspondencia con los hechos cometidos.
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
31 de octubre de 2025
