Por Miguel Fernández Díaz
La dirección del Ministerio del Interior (MININT) tendrá máxima responsabilidad en las operaciones del gobierno cubano para contrarrestar acciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y trasiego de capitales ilícitos desde la isla, informó un decreto oficial.
En su primera resolución de este año, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 10 con fecha del 7 de febrero, el titular del MININT, General de Cuerpo Ejército Abelardo Colomé Ibarra, encargó a la Dirección General de la Policía General Revolucionaria (DGPNR) el intercambio de información, así como la coordinación de acciones e investigaciones penales, con la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF) del Banco Central de Cuba (BCC).
Tal como corresponde a la mecánica estatal, Colomé Ibarra dispuso cómo participará el órgano policial en la «prevención y detección de las operaciones de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y movimiento de capitales ilícitos», luego de que el Consejo de Estado fijara las líneas generales de enfrentamiento en un decreto firmado por el gobernante Raúl Castro a fines del pasado año.
Las listas
Según la normativa de Colomé Ibarra, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) proveerá a la Dirección General de la PNR las listas periódicas de personas y entidades vinculadas al terrorismo, que publica el Consejo de Seguridad de la ONU, así como las solicitudes de cooperación de otros países.
A su vez el MININT evaluará las propuestas de inclusión o remoción en “la lista interna que elabora el país», que una vez aprobada se publicará oficialmente por el Ministerio de Justicia (MINJUS). El MINREX se encargará de remitirla a la ONU y los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La lista interna se conformará no sólo con las personas y entidades contra las cuales “exista acusación o proceso penal [y] elementos de prueba” de comisión, participación o vinculación en los delitos señalados por los decretos gubernamentales. También será criterio de inclusión el “conocimiento público y notorio” de estar involucradas “de algún modo” en dichos delitos.
Cooperación con Interpol
Igualmente corresponde a la DGPNR evaluar las propuestas que vengan del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismos policiales extranjeros y otros países.
Las listas circularán en los puntos de fronteras internacionales y en el territorio nacional para, según se disponga, proceder a la captura o prohibir la entrada a Cuba de las personas relacionadas.
La DGPNR establecerá los nexos de cooperación “a través de la INTERPOL y otros organismos policiales extranjeros,” amén de garantizar “la preparación especializada de los funcionarios” de investigaciones financieras, que atenderá las solicitudes del MININT para “detección y monitoreo de operaciones sospechosas», según la regulación.
Con estas «resoluciones antiterroristas», el gobierno de Raúl Castro busca ajustar la letra de la ley cubana a la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU, que se enfiló contra grupos como Al-Qaeda y el Talibán, y sintonizar con las normativas del derecho internacional contra operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y otros delitos de impacto global.
Al mismo tiempo, buscar reducir los argumentos de Washington que mantienen a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo desde 1982.
Vea la resolución del MININT:
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