Por Rafael Rojas*
Entre los años 80 y 90, una generación de artistas plásticos renovó la vida cultural cubana. Una generación que, en medio de la pertenencia al bloque soviético, estaba al tanto de las corrientes más rupturistas del arte occidental e intentaba asimilarlas y adaptarlas al contexto cubano. Una de las artistas emblemáticas de ese tránsito es Tania Bruguera. Graduada y, luego, profesora del Instituto Superior de Arte de La Habana, Bruguera se ha convertido, en las dos últimas décadas, en una las principales figuras del arte de la instalación y el performance en Iberoamérica.
Profesora varios años de la Universidad de Chicago y de centros de altos estudios en Francia e Italia, ha participado en las más importantes bienales del mundo y su obra es mostrada en los más prestigiosos museos de América, Europa y Asia. Los temas en los que interviene –la violencia fronteriza en México, las drogas en Colombia, los derechos de los migrantes, el uso de las armas, la cultura de la muerte…- la ubican, claramente, dentro de una zona politizada del arte contemporáneo, que quiere contraponer, a los desajustes del orden global, una cultura cívica, también globalizada.
Con la misma geografía ideológica
Ni el currículum ni la geografía ideológica que sustentan el arte de Bruguera impidieron al gobierno cubano, que dice encarnar “la izquierda”, asumir un performance, programado para el 30 de diciembre en la Plaza de la Revolución de La Habana, como una amenaza a la seguridad nacional. A la artista se le negó permiso para realizar su obra en un espacio público, varios disidentes cubanos, que planeaban asistir al evento, fueron arrestados horas antes del mismo, la policía acordonó la zona de la plaza donde tendría lugar el performance y la propia artista ha sido detenida en tres ocasiones en los últimos días.
Al igual que en la obra “El susurro de Tatlin”, presentada en la Bienal de La Habana de 2009, Bruguera proyectaba otorgar un minuto a personas del público para que hicieran uso limitado de los micrófonos. Proponía que los asistentes se presentaran con las manos alzadas, en señal de desarme, y que no hicieran llamados a la violencia. A pesar de que, como en cualquier otro performance, la artista preveía la participación de una minoría de espectadores/actores, el gobierno cubano entendió la obra como el principio de una “primavera árabe” o de una gran manifestación de descontento popular.
Las principales asociaciones y publicaciones de la cultura oficial se movilizaron contra la artista, en medios electrónicos del gobierno, presentándola como “contrarrevolucionaria”, “antipatriótica” y agente del imperialismo. El colmo fue la declaración de la Sección de Artes Plásticas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), que aseguró que la obra de Bruguera “no era un performance sino una provocación política”.
Es inconcebible que funcionarios o ideólogos de la cultura, en pleno siglo XXI, desconozcan que un performance es, precisamente, una provocación política lanzada desde el discurso estético del arte. La incapacidad para distinguir entre la intervención política de una obra de arte y la acción política propiamente opositora coloca al gobierno cubano en la misma línea de intolerancia donde se ubican algunos de los más rígidos autoritarismos contemporáneos, como la Corea de Kim Jong Un o la Rusia de Vladimir Putin.
Criminalización de la libertad
Pero no es por desconocimiento que la policía política y la burocracia cultural actuaron de un modo tan represivo. Desde hace años la política cultural de la isla saca dividendos de una integración acotada al mercado global del arte. Aún así, por muy flexible o realista que aspire a ser, esa política cultural no puede desentenderse de la maquinaria legal y penal de la represión en Cuba, que parte de la criminalización de la libertad de asociación y expresión por razones de seguridad nacional. Un valor agregado, tan estético como político, del performance de Bruguera es que ejerce presión sobre los límites de ese aparato jurídico y político y, a la vez, expone el núcleo del estado de excepción en Cuba.
El carácter infranqueable de esos límites ha quedado nuevamente confirmado en los últimos días del 2014. Tras más de 24 horas de arresto, el 31 de diciembre, Bruguera convocó a una conferencia de prensa en el Monumento al Maine, en el malecón habanero, con lo cual exhibió una conciencia admirable del dominio de la coyuntura política en que discurría su acción artística. Para impedir la conferencia, el gobierno cubano volvió a detener a la artista, en un gesto que reafirma la voluntad de prohibir que, ni si siquiera a través del arte, voces autónomas resuenen en la esfera pública cubana. Todavía el 1º de enero, cuando trataba de indagar sobre el paradero de algunos activistas, en una estación de policías, la artista fue nuevamente encarcelada.
La represión contra el performance de Tania Bruguera ha reiterado la criminalización del arte político en Cuba. Una criminalización que responde a la codificación penal y constitucional de la ausencia de Estado de Derecho en Cuba. Si algo demuestra este nuevo capítulo del historial represivo del régimen cubano es que la cultura no está al margen de esa impunidad jurídica y política, por mucho que burócratas o ideólogos persistan en reducirla a una panacea neutral o a un relato ventrílocuo del poder. La obra de Tania Bruguera demuestra, a la vez, que la cultura y, específicamente, el arte, siguen siendo mecanismos válidos para incidir en la democratización de sociedades cerradas.
*Este artículo fue publicado originalmente en el diario mexicano La Razón y se reproduce en CaféFuerte con el consentimiento del autor.
