Por Salomé García Bacallao
Llevo días tratando de escribir este artículo, porque he querido hacerlo de la forma más calmada posible, pero va a ser muy difícil viendo las injusticias multiplicarse por 100 cada día.
En las pasadas semanas, y en las que vienen, estoy segura que cientos de miles de inmigrantes, buena parte cubanos, venezolanos y nicaragüenses, van a estar recibiendo la misma carta, con este encabezamiento:
NOTICE OF DISMISSAL OF FORM I-589 (Application for Asylum and for Withholding of Removal)
Esa carta implica el cierre efectivo de la solicitud de asilo, sin derecho a defenderlo frente a un juez, y no admite apelación. Quedan estas personas entonces pendientes de una fecha para una entrevista de miedo creíble.
Quienes reciban la carta, realmente pueden considerarse afortunadas, porque en las últimas semanas hemos visto también a muchas personas acudir a su cita rutinaria de chequeo de inmigración, y han sido detenidas inmediatamente, luego de que el juez les ha notificado personalmente y sin previo aviso del cierre de su caso de asilo. Si la persona no estaba informada, puede que no haya sabido que tenía que solicitar en ese momento una entrevista de miedo creíble, y puede haber sido deportada, o detenida sin saber por cuánto tiempo, en condiciones insalubres y de hacinamiento, pendiente de deportación.
Esto responde a una nueva política migratoria que busca incrementar el número de detenciones y deportaciones, fijada públicamente por Stephen Miller en 3,000 personas al día. Cuando se fijan cuotas arbitrarias para la aplicación de leyes, se puede esperar tratos arbitrarios de casos que merecen todo el cuidado, pues de su resolución depende la supervivencia de seres humanos.
El derecho a buscar asilo es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Ante esta situación, lo primero que quiero dejar claro, es que no quiero volver a escuchar o leer a nadie decir: «Búscate un buen abogado que tú tienes un buen caso de asilo». Porque conozco personalmente personas que han recibido esta notificación, y tienen un buen abogado, y tienen toda la documentación que respalda su solicitud, incluida una sentencia a prisión por manifestarse el 11J.
Segundo. Es cierto que las políticas migratorias de la administración Biden combinadas con el oportunismo de los régimenes comunistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros, llevaron a un descontrol en las fronteras y pusieron un sobrecarga desmedida en un sistema migratorio ya de por sí fallido, permitiendo un sinnúmero de abusos a los beneficios migratorios y garantías recogidos en las leyes de este país. Es cierto también que esto posibilitó que muchas personas perseguidas políticas o que huían de crisis humanitarias extremas, llegaran buscando refugio, así como la reunificación de muchas familias.
También es cierto que en enero de 2024, cuando estaba a punto de pasarse una legislación bipartidista (con apoyo mayoritario tanto de congresistas republicanos como demócratas), que incluía aumento de fondos para patrullar las fronteras y para dar más recursos a jueces y a funcionarios a cargo de procesar casos de emigración, Donald Trump movilizó su influencia para que no fuera aprobada, pues era más conveniente que esta crisis se mantuviera y se exacerbara hasta el momento de las elecciones presidenciales. Todo lo cual resultó en los llamados de «Mass Deportations Now», que muchas personas pensaron se iban a centrar solamente en «los peores criminales». Desde enero de este año, esta administración también ha despedido a decenas de jueces de inmigración, limitando más aún la capacidad de resolución de estos casos.
Hoy estamos viendo que violaciones como infracciones de tráfico, o simplemente cruzar la frontera, aunque se haya recibido un parole, trabajar sin autorización o quedarse en Estados Unidos luego del vencimiento de la visa, se incluyen en los delitos que te condenan a deportación inmediata sin el debido proceso, en muchos casos. Cientos de personas, incluyendo a veces ciudadanos y residentes permanentes, están siendo detenidas en redadas en sitios de construcción, en floristerías, cafeterías, restaurantes, en plantas procesadoras de carne, lugares donde se trabaja mucho, y no se gana tanto.
También están ocurriendo redadas en los alrededores de centros escolares. Creo que no conozco a ningún cubano o cubana que se haya naturalizado, que no haya cometido alguna de estas infracciones, que hasta muy recientemente se trataban como violaciones de carácter administrativo, no criminal.
Si bien hay casos individuales de perseguidos políticos cubanos como el de las hermanas Mariana Fernández León y Yaneris Redondo León por los que yo estoy dispuesta a protestar donde haya que hacerlo, la situación en que está nuestra comunidad, no sólo cubana, sino latina, y en general, inmigrante en este país, requiere que nos llamemos la atención colectivamente y con urgencia para impedir que tome un cauce irreversible. Hay errores y casos individuales que pueden ser reparados con una intervención judicial, pero cuando se trata de millones, la única manera de reparar el daño es tomando acción en comunidad, como personas que creemos y luchamos por la democracia y por el respeto a los derechos humanos, y no esperar a que un político decida iniciar un proceso de «Rectificación de Errores».
En mi opinión lo que hace grande a este país, son las garantías que incluye la Constitución, al derecho de habeas corpus, a no ser detenido sin garantías de debido proceso, a la libertad de expresión. Ningún político ni ningún partido encarna en sí solo lo que hace a una nación «grande»; eso es culto a la personalidad. Y haber votado por una persona porque apoyas determinadas políticas, no te debe encadenar a apoyar ciegamente todos los métodos que use para efectuar un supuesto «mandato».
Si representantes republicanas como María Elvira Salazar e Ileana García, que históricamente han apoyado al actual presidente, han podido expresar su indignación con lo que está ocurriendo, ustedes, quienes votaron por estas políticas, pueden y deben hacerlo también. Salir a la calle, que es lo que se le pide a la gente que está luchando dentro de Cuba, no es la única vía aquí. Pueden llamar a sus congresistas y senadores, y presionar para que se detengan estas actuaciones, que solo van a traer como consecuencia una profunda crisis económica y democrática. Si hemos venido a este país supuestamente para no vivir con miedo, no se puede tener miedo tampoco ahora a defender el derecho a la dignidad humana.
Por último, quiero recordar que las protecciones que hemos disfrutado los cubanos en este país, no fueron otorgadas por pura bondad política, sino que fueron luchadas por defensores de la democracia como Jorge Mas Canosa y Lincoln Díaz Balart, quien además hizo suya la causa de la defensa de los derechos de otros latinos.
Les recuerdo también que a finales de junio o en julio, se va a decidir en la Corte Suprema la legalidad de la orden ejecutiva que intenta poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho que fue confirmado en 1898 con la decisión sobre el caso United States v. Wong Kim Ark, cuando ese tribunal dictaminó que un niño nacido en Estados Unidos de padres extranjeros —en ese momento sin ciudadanía estadounidense— tenía pleno derecho a ser ciudadano por nacimiento.
Si ese derecho se pone en riesgo, tengan por seguro que no solo peligra el derecho de los cubanoamericanos por nacer. Estarán en riesgo de ser desnaturalizados todos los ciudadanos que hayan adquirido este estatus luego de entrar ilegalmente a este país, o de cometer cualquier delito, por muy menor que sea, aunque hayan pasado la mayor parte de sus vidas aquí y no reconozcan ya otro lugar como su patria.
Y sí, creo que nuestro primer deber es hacia rescatar la democracia de Cuba, para poder regresar y para que los nuestros no tengan que seguir escapando y podamos tener una vida digna allá. Pero les puedo garantizar después de vivir en varios países en situación irregular durante cinco años, que resignarnos a ese estado de vulnerabilidad no nos va a ayudar en nada a nuestro propósito.
El derecho al voto, a la libertad de expresión y movimiento, y al debido proceso, vale la pena defenderlos.
