Por Wilfredo Cancio Isla
Los vertiginosos sucesos que han rodeado la muerte, honras fúnebres y tributos oficiales del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Leonel Mesa Rodríguez, con la captura del presunto asesino en cuestión de horas, abren un abanico de interrogantes sobre el enconado presente cubano, pero sobre todo de cara al futuro que tiene ante sí la sociedad a la vuelta de la esquina.
Lo ocurrido en apenas 72 horas, desde el descubrimiento del cadáver del oficial Mesa con seis puñaladas y un disparo en la cabeza, la mañana del viernes, hasta el desenlace de un funeral de alto rango en su natal Taguasco, Sancti Spíritus, no debe mirarse solamente como una manifestación flagrante de la violencia que sacude al país a cada paso, en cada escenario de la incertidumbre cotidiana.
Es también una estampa ilustrativa de la confrontación que emerge entre facciones y posicionamientos sociales como resultado de una situación límite, y que constituye un desafío al poder.
Y los jerarcas de la cúpula gobernante han entendido perfectamente el mensaje latente en este acto criminal, que segó la vida de un hombre de fiel trayectoria y servicios revolucionarios, internacionalista de la guerra de Etiopía, y comprometido con los pilares ideológicos que la propaganda oficial sigue repicando como “principios de la sociedad socialista”, pero que todos sabemos que no son más que estereotipos exhaustos.
No es casual que se anuncie el comienzo este lunes del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, con el declarado propósito de «incrementar y cohesionar las acciones de las organizaciones políticas, sociales y de masas, los órganos del Estado, del Gobierno y el MININT».
El caso de Mesa es muy singular por poderosos motivos. Tan solo estamos viendo la punta de un iceberg volátil de criminalidad por ajustes de cuentas y venganzas desbordadas que marcan un maligno precedente para la convivencia civilizada en un país en crisis.
Aunque aún los medios estatales cubanos no han ofrecido datos sobre los móviles del crimen y la investigación policial está en fase preliminar, el estallido de testimonios y opiniones que ha generado en redes sociales el asesinato de Mesa es una señal al menos perturbadora.
Dejemos establecido, alto y claro desde el principio, que un asesinato es una acción execrable, por muchas razones que esgrima el victimario para cometerlo. Sin embargo, un recorrido por los comentarios de sitios digitales y muros de redes sociales suscita profundas preocupaciones ante ciertas reacciones de foristas que justifican la acción por tratarse de un presunto represor y perseguidor del régimen cubano.
Mesa se desempeñaba como jefe de sector de la PNR en el municipio Caibarién, provincia de Villa Clara. En contraste con el discurso oficial de despedida, en el que se le presenta como un hombre con “sentido de pertenencia, horas de desvelo, incansable lucha contra la delincuencia y alta sensibilidad por brindarle al pueblo orden y seguridad ciudadana”, según su compañero de armas, el Primer Coronel Eddy Sierra Arias, la percepción de numerosos residentes de su comunidad se sitúa en las antípodas.
Sierra Arias recordó que día y noche Mesa “surcaba hasta los senderos más apartados de la ciudad de Caibarién, en el empeño por cumplir con efectividad las misiones a él asignadas”, una cualidad policial que pobladores de la zona identifican con actos deliberados de persecución contra gente indefensa que trataba de ganarse la vida.
Algunas descripciones sobre las acciones de “Cal Viva” –el apodo con que se le conocía— revelan a un ejecutor despiadado, intransitable y cruel, que en nombre de la defensa del proceso revolucionario era capaz de cometer actos crueles e incontables injusticias.
Hay testimonios de vigilancia sobre los vecinos de Caibarién y destrucción de medios de trabajo que Mesa consideraba ilegales, con amenazas y prepotencia, revelaciones que tendrían que aflorar en un proceso investigativo a fondo sobre lo ocurrido.
Mesa había ingresado al Ministerio del Interior en enero de 2004. En su hoja de servicios cuenta que transitó de agente de orden público y chofer de móvil operativo a la jefatura del sector, cargo que ostentó por más de 10 años. Era un oficial condecorado, militaba en el Partido Comunista (PCC) y en el momento de su muerte era miembro del Comité del Partido del MININT en Caibarién.
Nadie puede justificar un crimen de esta naturaleza, perpetrado con brutales manifestaciones de ensañamiento. Y aunque están por determinarse las circunstancias que motivaron el alevoso hecho, los primeros indicios apuntan a que se trató de una vendetta por la conducta de Mesa atrincherado en sus atributos policiales.
En el actual panorama cubano el asesinato de Mesa tenga una connotación de alarma social que el régimen no ha perdido de vista. De ahí las esmeradas exequias de Mesa, con ofrendas florales de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, y una aparatosa movilización hacia Taguasco de toda la plana mayor del MININT y la máxima dirigencia partidista en Villa Clara y Sancti Spíritus.
En el comunicado para anunciar la captura del presunto comisor del crimen, el MININT adelantó que el detenido será sometido al proceso penal correspondiente “con el rigor que establece la justicia revolucionaria y conforme a la magnitud y gravedad del hecho cometido”.
Las preguntas que reviven de este caso tienen una crucial dimensión de futuro sobre cómo una sociedad polarizada tendrá que resolver las diferencias con los perpetradores de actos abusivos, injusticias y represión ciudadana, con independencia de la convicción ideológica o la visión política de las partes involucradas en nuestra prolongada noche de impunidad.
Pero sería realmente otro inmenso desatino nacional que la administración de justicia plena comenzara por las venganzas aplazadas, con las víctimas ajustando cuentas y saciando rencores con sus manos. Cuba se merece un desenlace que nos dignifique a todos.
